El mando único que nunca fue tal desaparecerá definitivamente el próximo 21 de junio, coincidiendo con el final del estado de alarma prorrogado por seis veces. Sin embargo, el Gobierno ya ha advertido que decretará las medidas que considere oportunas para preservar la salud pública y evitar nuevos brotes de la covid-19. Es decir, usará el sistema que han empleado casi todas las grandes potencias europeas para gestionar la crisis sanitaria sin tener que recurrir a la merma general de las libertades fundamentales. Funcionará, por terminar, con precisión en lugar de hacerlo a bulto, al menos sobre el papel.

El anuncio del Ejecutivo central era previsible y deseable, puesto que la vacuna que convierta en pasado esta pandemia no será de uso universal hasta dentro de varios meses y está demostrado que hay quien no se respeta ni a sí mismo, por lo que difícilmente se le puede pedir juicio y mesura para no incurrir en prácticas de riesgo hasta que sea posible hacerlo con garantías. Pero el aviso significa que habrá normas ad hoc que todavía desconocemos y que cercenarán la vida tal y como la conocíamos antes de la amenaza del virus. De ahí el ininteligible oxímoron de la ‘nueva normalidad’.

Paralelamente, las comunidades autónomas van recuperando el mando en plaza que vienen exigiendo a Moncloa desde bien temprano, particularmente aquellas en las que la discordia, la secesión y las entelequias políticas están instaladas en sus gobiernos territoriales. Tan pronto como adquieran esos galones, comenzarán a establecer sus propias normas para las provincias sobre las que gobiernan, preceptos que se sumarán a los que decrete el Gobierno. 

Pero llega también la hora de los ayuntamientos, que no quieren dejar pasar la oportunidad de erigirse en protectores de sus vecinos aplicando cuantas medidas, más o menos improvisadas, estimen de conveniencia para reforzar las que impongan desde Madrid y, en este caso, Valladolid. Así que los regidores de las distintas ciudades diseñarán una suerte de ordenanzas de circunstancias que no pueden ser sino restrictivas. Un apéndice local de las directrices del gobierno nacional y del regional. Podría parecer abusivo, pero llega ese momento en el que los alcaldes sienten el síndrome presidencial y necesitan proyectar su poder, así sea cortando calles con conos o cerrando parques infantiles con cintas policiales.

El problema de fondo es que este impulso de ordeno y mando sostiene un discurso que no es coherente con el proceso de superación de la crisis sanitaria en el que está inmerso todo el país, así que o unos se están quedando cortos u otros se están excediendo.