El colapso atrasa juicios laborales hasta casi 2022

Nacho Sáez
-

El Juzgado de lo Social de Segovia ya señala vistas para diciembre pese a que los ERTE contienen de momento muchos de los efectos de la crisis por la pandemia.

La magistrada Carolina Otero Bravo, en la sala de vistas del Juzgado de lo Social de Segovia. - Foto: Rosa Blanco

El Juzgado de lo Social de Segovia se asoma al abismo a medida que se acerca el fin de los ERTE, en principio el 31 de mayo aunque el Gobierno podría volver a prorrogarlos. Su existencia son el dique de contención ante la oleada de despidos y conflictos laborales en las empresas que se prevé cuando decaigan. Un escenario que repercutirá directamente sobre el único Juzgado de lo Social de Segovia, ya colapsado antes del caos. «Teníamos una pendencia de 666 asuntos en febrero de 2020. Con la pandemia han subido y tenemos una pendencia de 1.000», advierte su titular, la magistrada Carolina Otero.

Los procedimientos por impugnaciones de ERTE o de adaptaciones de jornada han acentuado la sobrecarga de trabajo de un órgano en el que la exigencia ya se había incrementado antes de que estallara la pandemia. «Este Juzgado de lo Social es un medidor. Cuando empiezan a subir desmesuradamente los asuntos es que se está gestando otra crisis. Y en esas estábamos cuando llegó la pandemia. Había una crisis incipiente», desvela Otero, que a raíz del estado de alarma se tuvo que enfrentar a materias hasta ahora desconocidas para este tipo de juzgados, como las medidas de protección reclamadas por los sanitarios en plena primera ola. Una situación que obligó a Social a ser una de las primeras jurisdicciones en desescalar.

Aunque instalaron mamparas en su sala de vistas, el Juzgado de lo Social no tardó en imponer la norma de que sus juicios se celebrasen de manera telemática. «Cuando se puso en marcha con la Ley de 29 de abril de 2020 la preferencia en la celebración de los juicios telemáticos, nosotros lo hicimos rápidamente y comenzamos en mayo. No sabíamos cómo iba a salir y cómo iba a ser la experiencia, pero era la única manera de mantener este volumen de agenda», explica la magistrada. Ella señala dos días a la semana y en cada una de esas jornadas celebra «doce o trece juicios». «Con los presenciales hay que dejar mucho más espacio entre uno y otro. Necesitaríamos una hora y en cambio ahora nos hacen falta quince minutos. Tendrían que venir, limpiar e incluso señalar mañana y tarde. Es mucho más ágil y no se merma para nada los derechos de las partes».

A ese incremento de la capacidad de respuesta también ha contribuido la jueza y el funcionario de refuerzo que se incorporaron a finales de octubre. «Con el refuerzo hemos conseguido reducir la respuesta del órgano judicial en un par de meses, pero la pendencia veremos. Necesitamos más. Si no, es imposible sacar el trabajo», argumenta la titular de este Juzgado de lo Social de Segovia, que ya ha empezado a señalar vistas para diciembre. La crisis de 2008 les sirvió de aprendizaje, pero la que está por venir será peor, en su opinión. « La crisis de 2008 fue paulatina, se fue gestando, llegó a su pico más alto en 2014 o 2015, que aquí llegamos a 1.200 asuntos… Ojalá estemos prepararados, pero aquí en Segovia hace falta un segundo juzgado de lo social y entonces se podrá generar la respuesta que merece esta jurisdicción, que es muy cotidiana, muy del día a día…».

A falta de grandes empresas en la provincia, la hostelería y el resto del sector servicios centra su actividad. «El ciudadano se merece una respuesta rápida, no una respuesta a un año como hemos tenido. Cuando los ERTE lleguen a su fin comenzarán los ERE y será cuando se note más la crisis económica.  Ahora estamos en un periodo de contención. Ojalá el actual refuerzo se convierta en un Juzgado de lo Social 2. En eso estamos».

SIN EQUIPO INFORMÁTICO. Las medidas para agilizar su respuesta son la eterna asignatura pendiente de la Administración de Justicia, que sin embargo permite situaciones surrealistas como la que vive ahora la jueza de refuerzo que se ha incorporado al Juzgado de lo Social de Segovia. Carece de equipo informático en su sede para llevar a cabo el trabajo. «Comprendemos la situación de crisis pero el Ministerio de Justicia es muy parco en medios. Se está tramitando en el Congreso una Ley de Agilización pero sin una infraestructura detrás es imposible que pueda desplegar sus efectos», reflexiona la magistrada Carolina Otero Bravo.