Begoña Rozas vive en un edificio de la calle de San Agustín, en Segovia, con caldera comunitaria. Paga una cuota mensual de comunidad de 225 euros que incluye el gasto de calefacción y agua caliente. Ante la llegada del otoño y del invierno ha comenzado a temblar y no por las bajas temperaturas. «Todavía no sabemos si nos van a subir la cuota o si vamos a tener que hacer una derrama, pero a eso se suma que además tenemos que poner ahora contadores individuales. La verdad es que el asunto preocupa», explica. Como ella, hay centenares de segovianos que se enfrentan a una subida del coste del gas de un 700 por ciento. Una cantidad sensiblemente mayor que la que abonan quienes viven en casas con calefacciones individuales.

La normativa no permite a los inmuebles con calderas comunitarias acogerse a las tarifas reguladas. «Se da la paradoja de que una casa muy poco eficiente y considerada de lujo, como podría ser un chalet unifamiliar, puede disfrutar de una tarifa regulada, y una vivienda con calefacción central comunitaria, un sistema más popular y eficiente, por el que se ha apostado para racionalizar el uso de la energía, está en el mercado libre pagando más del doble por calentar su vivienda», argumenta la presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Segovia, Natalia Grande.

Por eso, el colectivo ha pedido un cambio  en la norma al Gobierno. Esta todavía no pero otra de sus demandas sí que fue escuchada la semana pasada. El Ejecutivo aprobó la semana pasada rebajar el IVA del gas del 21 al cinco por ciento también a las calderas de las comunidades de vecinos, que en un principio habían quedado excluidas de esta bonificación. Se aplicará hasta el 31 de diciembre aunque la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, no descartó extenderlo con el objetivo de «apoyar a los consumidores domésticos y a la industria frente a la crisis energética provocada por la tensión generada por Putin».

Para los administradores de fincas, esta rebaja del IVA es insuficiente mientras los edificios con calefacción central no se puedan acoger a las tarifas reguladas. «El aumento del precio de la electricidad y fundamentalmente del gas, está afectando muy negativamente a las comunidades de propietarios», apunta Grande. «Está siendo especialmente significativo el impacto por el incremento del gas, que está llevando a una situación económica límite a las comunidades de propietarios que ya han tenido que elevar sus presupuestos por este aumento de la energía y reducir el horario de calefacción, entre otras medidas».

El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas cree que extender las tarifas reguladas a esas comunidades de vecinos ayudaría a impulsar la instalación de contadores individuales. El Real Decreto 736/2020 obliga a los edificios a tener un consumo energético individualizado. Esta normativa entró en vigor hace dos años y el Gobierno dio de plazo hasta mayo de 2023 para que las comunidades de vecinos pudieran adaptar sus instalaciones. Muchas ya se han puesto manos a la obra, pero otras van a cumplir los plazos sobre la bocina. Las reformas varían en función de cada edificio. Los más antiguos suelen contar con distribución vertical, lo que obliga a instalar repartidores de costes en los radiadores. Los inmuebles modernos distribuyen el calor en anillo, por lo que los contadores se ubican en cada planta.

La ley contempla excepciones. Por un lado, la reforma debe ser técnicamente viable y por otro lado rentable. De esta manera, quedan exentos «cualquier sistema que no permita individualizar tanto consumo, como la gestión del sistema usuario a usuario». También aquellas comunidades que demuestren falta de rentabilidad económica, de manera que su ahorro sería en unos años muy inferior al coste de inversión. Esta obligación de adaptarse, o no, a lo dictado por el Real Decreto también ha sido fuente de conflictos en las reuniones de algunos propietarios.

MOROSIDAD. El incremento del precio del gas, la imposibilidad de acogerse a las tarifas reguladas y la obligación de instalar contadores individuales ponen a temblar las cuentas de numerosas comunidades de propietarios. El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas prevé consecuencias. «Habrá un aumento de la morosidad en las comunidades de propietarios si no se toman medidas, entre otras las propuestas por los administradores de fincas colegiados. Conllevará que muchas familias no puedan pagar los gastos comunitarios, teniendo que asumir el resto de los propietarios, la parte de la cuota comunitaria que no puedan pagar algunos vecinos», indica esta organización.

También anima a los particulares y a las comunidades de propietarios a que soliciten los fondos europeos para la rehabilitación de los edificios y viviendas con el propósito de mejorar la eficiencia energética y que pidan la información correspondiente a su administrador de fincas colegiado sobre cómo se pueden solicitar estas ayudas, dónde, y el importe que se concede. «Si rehabilitamos nuestros inmuebles, conseguiremos un consumo energético menor que hará más asumibles los gastos energéticos, y se lograrían entornos más sostenibles», añade.

Hasta ahora los agravios se suceden sin remedio en muchos casos en las comunidades de vecinos. «El que vive abajo se beneficia del calor de los demás, mientras que los de los pisos de arriba tienen que consumir mucho más para que les llegue el calor, aunque depende de cómo tengan la instalación», tercia la presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Segovia, que enumera otros problemas que se encuentran: «Muchos edificios son antiguos y no tienen hechas las obras de impermeabilización o de aislamiento, y entonces hay fugas y no consiguen un ahorro completo. Poner los contadores individuales está suponiendo un problema en la gestión de las comunidades de vecinos porque es un desembolso, pero lo vamos planteando y en término generales hay que decir que se consigue un ahorro», concluye.