Once asociaciones de Memoria Histórica de Castilla y León han advertido este jueves que ni van a "parar el trabajo" ni el "movimiento social va a retroceder" ante el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox en esa Comunidad que incluye una Ley de Concordia, que anularía el decreto autonómico en la materia. En un comunicado, las asociaciones manifiestan su "indignación y rechazo a un pacto que supone un ataque frontal contra derechos fundamentales", una vez "confirmada la aceptación por parte del PP de Castilla y León de la tramitación de la Ley de Violencia Intrafamiliar y de la Ley de Concordia".

"España no solo no respeta los mandatos de la ONU respecto a Derechos Humanos, sino que hay un partido contrario a éstos que participa en el proceso democrático, y que va a tener una posición privilegiada en Castilla y León gracias al Partido Popular", han sostenido. Un partido, en referencia a Vox, que para las asociaciones memorialistas "ha dejado de atacar a la derechita cobarde y denunciar el estancamiento en los cargos para sumarse al carro"; mientras que el PP, por su parte, "está tirando por la borda su propio trabajo, sus propias políticas".

"Si algo que han visto tan necesario, como un Decreto de Memoria Histórica o sus aportaciones al problema de la violencia de género, es derogado solo para formar gobierno, quiere decir que el PP no está trabajando por Castilla y León, sino que lo único que quieren es conservar el poder, al margen de sus propios compromisos y de los principios democráticos", han asegurado. Y ello supone, a su juicio, "la claudicación por parte del Partido Popular ante las políticas de odio que la ultraderecha ha exigido para garantizar la investidura como presidente de la Junta de Alfonso Fernández Mañueco".

Las asociaciones han recordado que una Ley de Concordia anularía el Decreto de Memoria, al ser el segundo una norma de menor rango, y la memoria histórica regional estaría regida por dicha Ley, y han incidido en que "tras la exigencia de concordia se esconde la voluntad de silencio y el abandono de las escasas políticas en favor de las víctimas de la dictadura militar y la ocultación de los crímenes de lesa humanidad del franquismo". "Hay que recordar que en Castilla y León apenas hubo resistencia frente a los militares levantados contra el régimen democrático de la II República y el gobierno legalmente constituido. Aun así, hay unos 15.000 civiles (maestros, sindicalistas, concejales, profesionales liberales o trabajadores de la comunicación) víctimas de desapariciones forzadas o de condenas de tribunales especiales ilegítimos, asesinados inermes sin más motivo que su pertenencia o simpatía hacia partidos u organizaciones republicanas, enterrados en fosas comunes clandestinas para imposibilitar su localización", han reflexionado.

Las asociaciones han explicado que "numerosos familiares de desaparecidos se han puesto en contacto con las asociaciones memorialistas ante el temor de que no continúe la búsqueda de las víctimas". Han incidido en que las asociaciones memorialistas llevan años de esfuerzo personal y económico, y nunca han permitido que paguen las familias por algo de lo que debe hacerse responsable el Estado.