El número de municipios de más de 500 habitantes excluidos financieramente se redujo en Castilla y León un 15,1 por ciento en el último año, al pasar de 86 a 73, con la aplicación del plan de la Asociación Española de Banca (AEB), CECA y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC), frente a una merma en el conjunto nacional del 32,5 por ciento (de 243 a 164).
El primer análisis de evaluación de los resultados del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) consultado por Ical precisa que la población afectada por la exclusión financiera en estos municipios se redujo en la Comunidad un 24,9 por ciento, desde los 76.268, a los 61.063; mientras que en España bajó un 32,9 por ciento (desde 211.550 a 141.992).
El informe destaca, no obstante, que en términos absolutos fue Castilla y León donde más bajó la población excluida (15.205 habitantes menos), seguida de Comunidad Valenciana (13.256) y Cataluña (12.145). En los tres municipios que salieron de la lista en la Comunidad se instaló un cajero, en seis empezó a llegar una oficina móvil, y en cuatro se habilitaron cajeros gestionados por terceros.
En el análisis territorial, León pasó de 39 a 37 municipios de más de 500 habitantes excluidos financieramente, y de 35.852 a 32.677 habitantes afectados, es decir, 3.175 menos. Asimismo, Palencia y Segovia vieron cómo sus cuatro municipios, en ambos casos, que en 2021 sufrían esta situación, empezaron a recibir servicios financieros, 5.483 habitantes en la provincia palentina, y 4.538 en la segoviana. Asimismo, en Valladolid, los municipios en exclusión con más de 500 habitantes, pasaron de seis a tres, y la población afectada de 3.979 1 1.553 habitantes.
Burgos, Salamanca y Zamora mantuvieron sus 14, 13 y seis municipios de 2021 en exclusión (12.555, 10.478 y 3.791 habitantes afectados, respectivamente); así como Ávila y Soria, que siguieron sin poblaciones de más de 500 habitantes en esa situación.
Por provincias en España, en datos absolutos, destacaron las caídas en población afectada en Cantabria (8.056), Guadalajara (7.367), Valencia (7.336) y Palencia (5.483).
El plan contra la exclusión financiera de CECA, AEB y Unacc se puso en marcha el año pasado tras la publicación del Informe sobre la Inclusión Financiera en España, del IVIE.
Por otra parte, estas organizaciones elaboraron otro informe que analiza la mejora en la atención a personas mayores o con discapacidad en España. Según sus conclusiones, el 81 por ciento de las oficinas ampliaron el horario de caja, doblando las que había hace un año y beneficiando a más de 6,3 millones de clientes mayores o con discapacidad.
De su lado, el servicio de atención telefónica preferente se incrementó un 47 por ciento en el segundo semestre del año, atendiendo a un total de 2,4 millones de llamadas asistidas personalmente por un profesional. Asimismo, más del 90 por ciento de las entidades sin oficina disponen de servicio de atención telefónica de 9.00 a 18.00 horas.
En cuanto a la accesibilidad, el 91 por ciento de los cajeros se han adaptado a las necesidades de los clientes mayores y el 80 por ciento del sector ha incorporado mejoras en la usabilidad de las páginas web y aplicaciones móviles.
Por otra parte, más de 245.000 clientes de más de 65 años en el conjunto nacional han recibido formación financiera, digital y/o destinada a la prevención del fraude, en coherencia con el compromiso del sector bancario con la educación financiera y digital y la atención a las necesidades de las personas mayores.
De igual modo, se ha promovido la formación presencial en educación financiera y digital, de forma que el número de personas mayores de 65 años que han recibido formación presencial en educación financiera y digital se ha incrementado un 45 por ciento en el segundo semestre de 2022.
Adicionalmente, se ha avanzado en la formación de los empleados del sector para ofrecer una atención más adaptada al colectivo de mayor edad, de forma que el número de empleados formados se acerca a 70.000 (un 44 por ciento del total de empleados del sector), lo que supone un aumento del 69 por ciento en la segunda mitad del año 2022, y el número de horas de formación ha ascendido a 466.000, un 68 por ciento más.
Asimismo, se ha formado a 70.000 empleados para atender de manera específica a los clientes seniors, con un incremento del 68 por ciento en el segundo semestre.
Buenas prácticas
Estos dos informes analizan la aplicación del código de buenas prácticas acordados entre Gobierno y sector bancario en el último año, con el fin de mejorar la atención presencial y digital de los usuarios con discapacidad y mayores, así como el relativo a la disminución del territorio castigado por la exclusión financiera.
Hace algo más de un mes, además, se rubricó un tercer código de buenas prácticas, relacionados con la mitigación de los efectos de la subida de las cuotas hipotecarias en las familias de menos ingresos por la escalada del Euríbor, consecuencia de las subidas de los tipos de interés ejecutadas por el Banco Central Europeo (BCE) para tratar de moderar la inflación.