La bendición a las patadas de la Policía frente a la inviolavilidad de los domicilios, a cuenta de las fiestas ilegales en pandemia; el traslado de un preso del histórico etarra Txapote, y la decisión de la Audiencia Nacional de ordenar el reingreso del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos destituido, según la Justicia, de forma irregular. Tres polémicas en apenas una semana alrededor de un ministro que en su toma de posesión aseguró que llegaba al Departamento para empezar a «hablar de los temas que preocupan a las personas de este país» y que se presentó, pues hasta entonces solo se le conocía como juez, como un político «resolutivo y propositivo». Se trata de Fernando Grande Marlaska, el titular de la cartera de Interior, que atraviesa sus peores momentos en una trayectoria en el Gobierno muy agitada desde que tomase posesión de su cargo. Pese a todo, se aferra al puesto y disipa cualquier rumor sobre su posible dimisión porque, según remarca, cuenta con el apoyo del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
Su entrada en el equipo del madrileño en 2018, cuando llegó al poder tras ganar la moción de censura que presentó contra el popular Mariano Rajoy, ya estuvo envuelta en ciertas tensiones internas en el PSOE, que no olvidaban que el magistrado de la Audiencia Nacional se había convertido en vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por recomendación del PP. Superados los recelos iniciales, Marlaska abrió una guerra fría -así lo entienden en el Instituto Armado- contra la Guerra Civil que aún continúa. Y es que sus dos primeras decisiones como ministro afectaron a la Benemérita, que se sintió agraviada por el exjuez.
En primer lugar, nombró a un comisario de la Policía Nacional -conocido por su trabajo en Interior con todos los anteriores ministros socialistas- para dirigir el Gabinete de Estudios y Coordinación, un puesto considerado como el número tres del Ministerio y que, hasta ese momento, siempre había ocupado un alto mando de la Guardia Civil. Cuando el fuego de la polémica aún no estaba apagado, Marlaska volvió a enfrentarse a los uniformados con el cese del coronel Manuel Sánchez Corbí como jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), tras la filtración a la prensa de un correo interno en el que criticaba la falta de fondos reservados. Esta destitución, por cierto, también está recurrida ante la Justicia, en este caso ante el Tribunal Supremo, que aún tiene que pronunciarse sobre su validez. Curiosamente Corbí y Marlaska tenían una relación profesional de muchos años, pues ambos fueron colaboradores en la lucha contra ETA, en años especialmente duros por la violencia terrorista.
El malestar de la Benemérita con el ministro del Interior acabó por estallar con el cese -y las explicaciones posteriores- de Diego Pérez de los Cobos. Todo se desencadenó por el 8-M. La Guardia Civil se encontraba investigando la autorización de las marchas feministas en pleno inicio de la pandemia de coronavirus, un asunto que podía afectar al propio Gobierno -el delegado del Ejecutivo en Madrid, José María Franco, estuvo imputado-, ya que el OK para las movilizaciones se dio desde allí, a pesar de que el coronavirus ya sumaba decenas de contagiados y 17 fallecidos. Altos mandos de la Benemérita, a instancias de Interior, intentaron que Pérez de los Cobos les desvelase los detalles de las pesquisas. El coronel, acogiéndose a la ley, se negó. Y fue relevado de su puesto por «pérdida de confianza». Un cese anulado ahora por la Justicia.
160 traslados
Los traslados de etarras hacia cárceles cercanas al País Vasco forman parte destacada del historial de polémicas de Marlaska al frente de Interior. Más de 160 presos de la banda han sido acercados desde que Pedro Sánchez llegó al poder, lo que supone un 80 ciento de los reos etarras que aún se encuentran en prisión. Algunos de los beneficiarios de este cambio política penitenciaria lucen unas trayectorias repletas de sangre como Henri Parot, autor del atentado con coche bomba contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, que causó 11 muertos, cinco de ellos niños; Igor Solana, asesino del concejal sevillano Alberto Jiménez Becerril y su esposa Ascensión; o el más reciente, el histórico dirigente de ETA Javier García Gaztelu, Txapote, uno de los criminales más sanguinarios de la Historia de la banda que quitó la vida a los asesinatos de los concejales del PP Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez, José Ignacio Iruretagoyena, Manuel Zamarreño y José Luis Caso, al dirigente del PSOE Fernando Buesa, al sargento Alfonso Morcillo y a los guardias civiles José Ángel de Jesús e Irene Fernández.
Si bien es cierto que en el traslado de los presos las órdenes podrían llegar de más arriba, como un guiño de Moncloa a EH Bildu por su apoyo a la investidura y a los Presupuestos, los colectivos de víctimas del terrorismo y los grupos de la oposición han solicitado la dimisión de Marlaska por este asunto. No ha sido, eso sí, el único argumento para exigir su cese. Así, la gestión de la crisis migratoria que se vivió en Canarias en 2020, donde la llegada de pateras se incrementó un 756 por ciento, también unió a la oposición para reclamar explicaciones -y el adiós- del titular de Interior.
«Muchos de ustedes me conocen y saben que ninguna de mis palabras es en vano», espetó Marlaska a los diputados en su primera comparecencia en el Congreso como ministro antes de parafrasear a Cicerón: «La evidencia es la más decisiva demostración». Para la oposición, las evidencia son claras: Marlaska no puede seguir en su cargo. Pero él no piensa dimitir.