Colisión frontal entre el Gobierno de España y el de Castilla y León. Las medidas anunciadas el pasado jueves por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, y que hoy entran en vigor, han desembocado en un guerra abierta entre ambos ejecutivos que estalló en la tarde de ayer con amenazas judiciales, imputaciones de contravenir la ley y acusaciones de invasión de competencias. Conflicto que se recrudeció después de que Moncloa remitiese alGobierno autonómico un requerimiento oficial para que se «abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo». Algo que desde la Junta negaron tajantemente, y reiteraron «el respeto absoluto a la Ley, a libertad y los derechos de la mujer embarazada y de los profesionales sanitarios». El presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, salió al paso para acusar al Gobierno de la Nación de «mentir» para «tapar su incompentencia», al tiempo que avisaba de que el requerimiento enviado podía ser «una invasión de competencias».

El documento enviado por Moncloa, que consta de cuatro punto, iba acompañada del aviso de que estudiarán si es necesario ejercer otras acciones legales y utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico para «defender la libertad de las mujeres». En el requerimiento pide a Castilla y León que se abstenga de aprobar y aplicar ninguna medida que vulnere o menoscabe lo establecido en la normativa actual que regula la interrupción voluntaria del embarazo. 

«El Gobierno de España utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente», proseguía el texto, donde exigía a la Consejería de Sanidad el «cese inmediato» de «cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación que establezca cualquier tipo de obligación, instrucción, indicación o recomendación al personal sanitario con la finalidad de obligar, indicar, ofrecer o sugerir a la mujer embarazada que ha decidido libremente interrumpir voluntariamente su embarazo o no haya manifestado expresamente su intención de llevar este a término la realización de pruebas no necesarias desde el punto de vista médico».

«En caso de que el requerimiento efectuado no sea atendido íntegra e inmediatamente por la Junta de Castilla y León, el Gobierno no descarta implementar actuaciones jurídicas adicionales, a la vista de que las medidas anunciadas por la Junta de Castilla y León pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico», concluía el documento remitido desde el La Moncloa.

Invasión de competencias

Un requerimiento que tuvo una rápida respuesta desde Castilla y León. «La Junta de Castilla y León no ha aprobado acuerdo alguno que limite los derechos de la mujeres ni de los profesionales sanitarios. El Gobierno de Sánchez miente y lo hace para tratar de esconder su incompetencia», escribía en su cuenta de Twitter el presidente autonómico, al que acompañó un extenso y duro comunicado de la Consejería de Sanidad, donde plantaba cara al Gobierno central y aseguraba que «utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y el derecho de la mujer embarazada a una atención sanitaria adecuada y moderna en los términos establecidos en la normativa vigente».

Y es que, desde el Ejecutivo autonómico consideran que el requerimiento enviado desde Madrid puede invadir las competencias autonómicas, e insta al Gobierno a que «se abstenga de dirigir requerimientos y comunicados oficiales a una Comunidad Autónoma vulneradores de su autonomía y sus competencias, recogidas en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León». «La Junta estudiará, establecerá y coordinará las medidas pertinentes en defensa de las competencias autonómicas en materia de sanidad», continúa el comunicado, donde le recuerda que la Consejería de Sanidad «tiene plena autonomía para aprobar cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca mejoras en la prestación sanitaria a las mujeres embarazadas».

El escrito concluye señalando que se garantizará la libertad y voluntariedad para las mujeres embarazadas que lo requieran; y, «por supuesto», se asegurará la aplicación del protocolo, bajo el estricto criterio médico, respetando la ley y respetando las recomendaciones de las sociedades científicas, «como ya le explicó el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, a la ministra el pasado viernes».

Tudanca celebra que «se defienda a las mujeres» y Gallardo promete «no dar ni un paso atrás»

El enfrentamiento entre el Gobierno de España y la Junta motivó la reacción de los principales líderes políticos regionales. Así, además del presidente de la Junta, el número dos del Ejecutivo regional también salió al paso del requerimiento y censuró  que «el Gobierno central teme que las madres tengan más información sobre su embarazo. Lo que aún no saben es que nosotros no les tememos a ellos». Además, desde su cuenta de Twitter, prometió «ni un paso atrás»

Por su parte, el líder socialista en la Comunidad, Luis Tudanca, volvió a arremeter contra la Junta por el protocolo aprobado y celebró que, gracias al Gobierno de España, «si tienen quien defienda sus derechos». «Las mujeres de Castilla y León sí tienen quien defienda sus derechos frente a la coalición del miedo de PP y Vox. No permitiremos que se dé un solo paso atrás. Gracias al gobierno de España por poner todos los medios a su alcance para evitar el plan de Mañueco y García-Gallardo», sentenció en sus redes sociales.