Una sentencia de la Sala Segunda del Tribunal de Justicia de la Unión Europea autoriza, de forma excepcional a la caza del lobo siempre y cuando se justifique que no existe otra opción, lo que podría abrir la puerta a la posibilidad de que pueda abatirse esta especie al sur del río Duero, donde en la actualidad están protegidos, aunque de forma «limitada». Esta sentencia viene a interpretar una serie de aspectos dudosos de la Directiva 92/43 relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y en ella reconoce que no es contrario a la Directiva el que se autorice la caza como forma de gestión de las poblaciones de determinadas especies protegidas como el lobo, siempre que se haga por la vía de la excepción y que se justifique que no existe otra solución satisfactoria, informa Ical.
La Consejería de Fomento señaló que las tesis planteadas por el tribunal europeo avalan la gestión que se están realizando del lobo al sur del Duero en la Comunidad. «Cuando se dan los requisitos para ello, como es el caso de las actuaciones llevadas a cabo por la Junta de Castilla y León, que son comunicadas a la Comisión Europea según el procedimiento establecido por la Directiva, sin que se haya planteado incidencia alguna», aseguraron desde la Junta..
Reacciones
Tras conocerse el fallo europeo, las organizaciones agrarias de la Comunidad han celebrado el«espaldarazo» a sus reivindicaciones, aunque reconocen que es un «paso limitado» para controlar los ataques de lobos. El secretario regional de UPA, Aurelio González, consideró que la sentencia es un «espaldazaro que refrenda que empieza a haber una preocupación de verdad» por la despoblación y por la protección de los profesionales del campo. Por su parte, desde UCCL, Jesús Muñoz, auguró que el fallo no permitirá «avanzar demasiado» en la materia porque no dará luz verde a «funcionar» de manera muy distinta «a como se viene haciendo hasta el momento al sur del Duero». En términos similares, el presidente regional de Asaja, Donaciano Dujo, consideró que la sentencia «no contradice» la actuación que se está desarrollando en Castilla y León.