El comité de empresa de FCC Medio Ambiente S.A., empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de basura del Ayuntamiento de Segovia, denunció hoy el retraso "intencionado" del cumplimiento de los acuerdos alcanzados de subida salarial de los trabajadores para este año de un siete por ciento y que la empresa, de momento, se niega a dar.

El comité de empresa explicó que se han encontrado con un recurso de la empresa al Tribunal Constitucional, que "ha sobrepasado la paciencia de los trabajadores por la demora intencionada en el cumplimiento de los acuerdos pactados". En su opinión, FCC quiso negociar lo ya acordado aún más a la baja y, como no lo consiguió, amenazó a los representantes de los trabajadores con retrasar lo más posible el pago de la actualización de las tablas salariales. "Cosa que está cumpliendo ante el enfado de los trabajadores", remarcó.

El acuerdo económico fue que, en el año 2021 la subida retributiva fuera del 1,3 por ciento; en 2022, el IPC de 2021 más un 0,5 por ciento, y para 2023, el IPC de 2022 más el 0,5 por ciento. El comité recuerda que el IPC de 2021 fue del 6,5 por ciento, lo que supuso una pérdida de poder adquisitivo del 5,2 por ciento en el año anterior. Los trabajadores se preguntan qué legalidad tiene la firma de un convenio y la publicación de las tablas salariales en el BOE, si ahora la empresa FCC quiere eludir el pago por medio de otras actuaciones. "Nos preguntamos qué opinará el Ayuntamiento sobre este tema, si dirá que es un asunto entre empresa y trabajadores, como nos tiene acostumbrados", indicaron.

Además añadieron que esta situación afecta a un colectivo de trabajadores de sueldos bajos respecto a otras capitales de provincia. "Un mal endémico en Segovia, a pesar de ser una de las capitales de provincia con IPC más alto, en la actualidad superando el 11 por ciento", resaltaron. A los representantes de la plantilla, les parece "tremendamente injusto" que el Grupo FCC haya declarado un aumento de sus beneficios en 2021 de un 7,6 por ciento, con un resultado neto de 580 millones de euros, más del doble que el año anterior, y a los trabajadores se les niegue la subida que se ha acordado. "Quieren que una vez más los trabajadores paguemos la situación socioeconómica desfavorable de esta crisis", sentenciaron.

Todavía no quiere pensar en otras medidas de presión, pero el comité de empresa no descarta que, en el medio plazo, se vean obligados a realizarlas en defensa de más puestos de trabajo y el salario pactado porque el IPC sigue subiendo y prevén que, para el año siguiente, se encuentren con una situación agravada que puede causar conflictividad laboral, por las drásticas pérdidas de poder adquisitivo de los trabajadores, y la inseguridad por los incumplimientos de los pactos firmados.

El 8 de septiembre de 2021 se firmó el convenio colectivo con una vigencia de tres años, de 2021 a 2023. "Un acuerdo muy trabajoso", destacó el comité, con dos aspectos clave, en una subida salarial con una cláusula de garantía en los años 2022 y 2023, y en una exigencia de la empresa, quitar durante la duración del convenio la cláusula de plantilla mínima de 110 trabajadores que había.

Hubo tres consideraciones importantes en la firma del convenio, por parte de los representantes de los trabajadores. El primero, entender que durante el primer año habría una subida muy moderada, ya que las empresas licitadoras no tenían aumento del canon los dos primeros años, aunque, desde el comité, entienden que en sus propuestas económicas lo tendrían contemplado.

El segundo fue evitar un grave conflicto social como el ocurrido en 2001, con una huelga de 13 días, y con un mal resultado para los trabajadores. La petición de no trabajar parte de la plantilla fines de semana y festivos, que se hizo realidad, hizo aumentar la plantilla y la empresa recibió una buena compensación de dinero por este aumento, "aunque paulatinamente hay una merma de trabajadores de lunes a viernes, un logro social que la empresa va haciendo desaparecer", lamentaron

El tercero fue que la empresa solicitó quitar la cláusula de plantilla mínima. Esta cuestión era imprescindible para que firmara el convenio. Decidieron acepta ya que en el pliego viene reflejado el número de trabajadores que tienen que prestar servicio a diario y que, con bajas, permisos y vacaciones, sería cercana a esa cifra de plantilla mínima inicial.

Sin embargo, el comité se encontró con dos sorpresas: la falta de control o desconocimiento de la situación del número de trabajadores; y el incumplimiento de la subida salarial de este año, con tablas firmadas, aprobadas y publicadas. Situación que dio lugar a una mediación a través del SERLA el 19 de mayo de este año, sin llegar a un acuerdo. Posteriormente se interpuso un conflicto colectivo ante el Juzgado de lo Social el 6 de julio, que dio la razón a los trabajadores.