Han pasado 17 años desde que se puso a disposición del Gobierno una parcela de 13.000 metros cuadrados en Nueva Segovia, entre las que hoy acogen el Parque Municipal de Bomberos (inaugurado en 2011) y la Biblioteca Pública del Estado (2016), para levantar un edificio que acabase con la dispersión de los juzgados de la ciudad por cinco sedes diferentes, e incluso que agrupara al resto de órganos y servicios relacionados; desde el Instituto de Medicina Legal hasta los colegios de procuradores y abogados, pasando por la Fiscalía o el Registro Civil. El contrato de redacción del proyecto y dirección de la obra se adjudicó en junio de 2010 a la UTE Fuster Gira (formada por los arquitectos Javier Fuster Galiana, Alberto García Sanz y Juan Rodríguez de Rivas Aguirre); el de construcción, en enero de 2016 a Isolux Corsán, y en febrero de 2020 a la UTE Geoxa-Civis Global, tras quebrar la primera empresa y su principal subcontrata (Uncisa) entre 2017 y 2018, generando un parón de dos años; y el miércoles de esta semana, por fin se certificaba el final de las obras con la formalización del acto administrativo de recepción por parte del Ministerio de Justicia. Quedan pendientes, eso sí, remates de mobiliario que se esperan resolver «en pocas semanas», y sobre todo una mudanza que puede llevar varios meses.

«Una vez terminada y entregada la obra, es la Administración de Justicia la que tiene que manejar sus tiempos para la ejecución de ese traslado y el inicio de la prestación del servicio», matiza a El Día la subdelegada del Gobierno en Segovia, Lirio Martín, quien valora que «todos los operadores jurídicos van a poder disfrutar de un edificio moderno, del siglo XXI, como merece la Justicia en esta provincia». 

Con una superficie construida de unos 12.000 m2, albergará seis juzgados de Primera Instancia e Instrucción, dos de lo Penal, uno de Menores, uno de lo Mercantil, uno de lo Contencioso-Administrativo y dos de lo Social, incluyendo así el que se aprobó asignar a Segovia el pasado mes de noviembre, así como otros surgidos en el transcurso de la obra. Y también servirá como sede de la Fiscalía Provincial, Registro Civil, Instituto de Medicina Legal, Decanato... 

Imagen tomada en 2019, en pleno parón de las obras, aún con el viejo cartel, previo a la adjudicación del proyecto a Geoxa. - Foto: Rosa Blanco.

La Audiencia será el único órgano que permanezca fuera del nuevo inmueble, algo que por otra parte estaba previsto cuando se adjudicó en 2015 lo que se concibió como una «primera fase», coletilla que se ha conservado tras la readjudicación de 2020 -'Proyecto de continuación del nuevo edificio de juzgados de Segovia (1ª fase)'-, se supone que a expensas de una segunda y última fase más adelante. Iba a ser entonces cuando se levantaran los espacios para acoger tanto la Audiencia Provincial como también el Instituto de Medicina Legal, pero el planteamiento inicial se ha readaptado hasta dejar suficiente capacidad disponible desde ya tanto para estos órganos como para otros que puedan crearse en el futuro. De esta forma, la Audiencia no se mudará pero por una decisión «simbólica» del Ministerio, según la subdelegada, sólo condicionada por el hecho de seguir dando uso al actual Palacio de Justicia, en la calle San Agustín, aunque allí se quedarán apenas una docena de funcionarios cuando el resto se traslade. 

La mayoría de los cambios realizados con respecto al proyecto inicial se abordaron entre 2020 y 2021. «Cuando se retomó la obra, una de las cosas que me llamó la atención fue que los planos no los habían visto ni los abogados, ni los procuradores... ni siquiera los jueces», relata la subdelegada, que tomó posesión de su cargo a mediados de 2018, en pleno parón.«Llamamos a los servicios de Arquitectura y entonces se atendieron determinadas sugerencias».

VIOLENCIA DE GÉNERO. Dentro de las novedades que «se han introducido sobre la marcha», Martín destaca un reacondicionamiento interior, con la «generación de pasarelas», para que víctima y agresor no se crucen por los pasillos, pensando fundamentalmente en los casos de violencia de género. Asimismo, pensando en menores de edad que tengan que prestar declaración en cualquier tipo de procedimiento, fue también en estos últimos años en los que se decidió redistribuir espacios para hacer hueco a una 'cámara Gesell', consistente en dos habitaciones separadas por una pared con un espejo unidireccional de gran tamaño; es decir, de los que sólo muestran reflejo por un lado y la transparencia de un cristal por el otro, para ver lo que pasa en una sala desde la otra pero no al revés. A un lado el juez, abogados y fiscales, y al otro el niño con los psicólogos que le asistan, para sentirse menos cohibido.

Estos y otros muchos cambios son los que motivaron que entre 2020 y 2021 se abordara una modificación de contrato valorada en 1,6 millones, a mayores de los 12 por los que se adjudicó el contrato a Geoxa-Civis Global, que a su vez lo asumió después de que Isolux ya hubiera facturado también 1,6 millones por ejecutar algo menos del 15% del proyecto en cuatro años.

De esta forma, sólo la ejecución material de la obra, que Isolux se ofreció a llevar a cabo por 11,9 millones, ya ha requerido algo más de 15, aparte de los costes del mobiliario, la redacción previa del proyecto, dirección facultativa y demás.

En cuanto a la demora, el mayor problema estuvo sobre todo en los primeros años de construcción. No en vano, Isolux Corsán Corviam obtuvo la adjudicación del contrato con fecha 1 de enero de 2016, pero no inició las obras hasta el 26 de julio de aquel año, fecha en que firmó la preceptiva acta de comprobación de replanteo. Puso su cartel con fin de obra previsto para octubre de 2020, pero en 2017 llegó su quiebra, así como en 2018 la de su principal subcontrata, de ahí que se optara por la resolución del contrato y recepción parcial de la obra en mayo de 2019. Para entonces ya habían transcurrido 34 meses desde el comienzo de unos trabajos sobre el terreno que, en teoría, teniendo en cuenta que el plazo inicial se había fijado en 55 meses, en condiciones normales a esas alturas debían haber estado ya al 60% de ejecución, y en la práctica no llegaban al 15%.

Hubo que esperar además hasta febrero de 2020 para resolver todos los trámites de reajuste del proyecto de cara a su nueva salida a concurso y definitiva adjudicación a Geoxa-Civis, que reanudó la obra el 15 de julio de aquel año, cuando ya habían pasado 48 meses desde su inicio. Al menos pudo asumirla con un plazo de 'sólo' 20 meses, pocos si se tienen en cuenta los 55 que se previeron en la adjudicación de 2015, si bien la citada modificación del contrato que se abordó entre 2020 y 2021 ralentizó los avances, aparte de que la propia ejecución de los cambios introducidos llevó a conceder tres meses extra a Geoxa (hasta sumar un plazo oficial de 23).

Además, el mobiliario y equipamiento del edificio (repartido en ocho lotes con sus respectivos trámites de licitación, adjudicación y tiempos de ejecución) se han simultaneado con el final de las obras desde el pasado otoño. De hecho, el presidente de la Audiencia Provincial, Ignacio Pando, en contacto habitual con la Gerencia de Justicia, apuntaba en septiembre de 2022 que se esperaba que la entrega de la obra tuviera lugar en octubre, de modo que vislumbraba la apertura del edificio para después de Semana Santa; es decir, en torno la segunda mitad del próximo mes de abril. Y la entrega de la obra no se ha producido finalmente hasta esta semana, cuatro meses más tarde, si bien cabe pensar que esa última demora se pueda reducir en parte por lo que sí se ha podido avanzar a nivel de mobiliario y equipamiento, aunque el inmueble tarde más en estar plenamente operativo.

El Colegio de Abogados de Segovia, por ejemplo, ni siquiera ha definido aún las condiciones de su traslado y sopesa mantener su sede actual y la nueva, según avanza a El Día su recién nombrado nuevo decano, Emilio Fuentetaja, quien supo que el acto de entrega de la obra sería esta semana por boca de la subdelegada el 17 de febrero, cuando coincidieron en su acto de toma de posesión: «Tenemos un dilema, porque no parece que vayamos a poder dejar del todo nuestra sede en San Agustín», reconoce. «Sí que nos han dicho de qué espacio podríamos disponer en el nuevo edificio más o menos, pero aún no sabemos cuánto exactamente», de ahí que hayan solicitado «un informe» a la Gerencia Territorial de Justicia, antes de tomar una decisión definitiva que «va a ser de las más complejas que haya que afrontar en los próximos meses», ya que además el edificio de la calle San Agustín es propiedad del propio Colegio, no de alquiler. 

En cualquier caso, la valoración del decano sobre el fin de obra y próxima apertura del nuevo edificio de juzgados no puede ser más que «muy positiva desde todos los puntos de vista». «No olvidemos que la situación actual nos lleva a tener que peregrinar de juzgado en juzgado», así que «contar con una única sede que aglutine todo (con la excepción citada de la Audiencia Provincial), e incluso con la Oficina Judicial allí, no cabe duda de que para nosotros será una magnífica noticia».

«Ahora bien, ¿significará esto que la Justicia sea más eficaz y eficiente? Pues seguramente no, porque a la Justicia le faltan muchos medios», matiza, aunque la formalización de la entrega de la obra ya suponga un paso muy importante.