La decisión de Juan Carlos I de irse a vivir fuera de España ante las informaciones sobre sus presuntos negocios ocultos supone el trago más duro que Felipe VI ha tenido que afrontar en lo personal en sus seis años de Reinado, en los que él mismo ha tenido que tomar algunas medidas severas en el plano familiar.
En el comunicado divulgado ayer por Zarzuela, el Soberano expresó su «sentido respeto y agradecimiento» por el paso dado por su padre, si bien su marcha de España agranda el distanciamiento que ya provocó la renuncia a su herencia y la retirada de la asignación del Estado el pasado 15 de marzo. El detonante fueron las informaciones en las que Felipe VI aparecía como beneficiario de la fundación Lucum, a través de la que Don Juan Carlos presuntamente movió el dinero oculto en paraísos fiscales. Cuando su hijo tuvo conocimiento de esto, en marzo de 2019, acudió a un notario para renunciar a cualquier beneficio personal de su padre.
Tras estos movimientos, que no se hicieron públicos hasta un año después, el Emérito comunicó a Felipe VI su retirada de la actividad institucional a partir del 2 de junio de 2019, coincidiendo con el quinto aniversario de su abdicación. Aquel paso se tradujo en un primer momento como un deseo de centrar todo el protagonismo en su hijo, aunque, transcurridos los meses, se ha interpretado más como un distanciamiento por parte de Don Felipe.
Después de esta retirada de la esfera pública, el Soberano suprimió la Secretaría que le había creado a su padre tras el relevo en el trono, aunque le mantuvo como miembro de la Familia Real y la residencia en Zarzuela, además de conservar su tratamiento vitalicio de Rey. Sin embargo, le retiró también la partida de los Presupuestos Generales del Estado que le corrrespondía. Hasta que estalló la polémica, el Monarca siempre aireó la admiración que sentía por su progenitor, como cuando en su 80 cumpleaños, en enero de 2018, le agradeció «tantos años de servicio leal a España».
dignidad. El paso dado por Don Juan Carlos refuerza el compromiso que Felipe VI adoptó en su proclamación de mantener una conducta ejemplar para ganarse la confianza de los ciudadanos. «Para ello, hay que velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente (...) Porque, solo de esa manera, se hará acreedora de la autoridad moral necesaria para el ejercicio de sus funciones», proclamó.En esta línea, al año siguiente, en el primer aniversario de su llegada al trono, reiteró que España se construye desde el respeto de la Constitución, pero también «desde la afirmación de principios éticos y morales».
Precisamente, para cumplir con su palabra, Felipe VI ha tenido que tomar medidas firmes en relación con su familia encaminadas a garantizar el decoro y la transparencia de la institución monárquica y tratar de frenar la erosión en que la estaba sumida.
Nada más llegar a la Jefatura del Estado, redujo la Familia Real a seis miembros -los Reyes y sus hijas Leonor y Sofía, Don Juan Carlos y Doña Sofía- y excluyó a sus hermanas: las Infantas Elena y Cristina.
Un año después, tomó otra decisión drástica que suponía romper amarras con su hermana menor: la retirada del título de Duquesa de Palma a causa de su imputación en el caso Nóos, del que finalmente quedó absuelta, mientras que su marido, Iñaki Urdangarín fue condenado a cinco años y medio de prisión.
A estas acciones, añadió otras como la de publicar las retribuciones de los altos cargos de Zarzuela y de los contratos y convenios suscritos y el grado de ejecución de sus presupuestos, así como la prohibición de que la Familia Real aceptase regalos que comprometiesen la dignidad de sus funciones.