A Óscar Sánchez le gusta bromear a veces con sus alumnos de la Facultad de Derecho contándoles que estuvo infiltrado en la política durante unos años «como los investigadores que van a la selva». Su etapa como procurador en la Cortes la recuerda como muy interesante y destaca que le da una visión única para dedicarse al Derecho Constitucional. «Te hace salir un poco de la teoría y saber cómo es la práctica». Aunque recalca que es un complemento a sus casi 30 años de trayectoria investigadora y docente, que ahora reciben el reconocimiento con su nombramiento en la Comisión de Venecia. 

¿Qué significa formar parte de la Comisión de Venecia, un órgano desconocido para muchos?

Es verdad que es desconocido para la población, pero no para los que nos dedicamos al campo del Derecho Constitucional. Es el órgano consultivo del Consejo de Europa. Para nosotros es un órgano muy importante. Y para mí es un reconocimiento y un reto importantísimo. 

Al que se accede por currículum.

Después de 28 años que llevo en la UVA dedicándome al Derecho Constitucional, esto es un reto profesional y un gran honor. Está compuesto por juristas de prestigio y se hace una labor discreta, pero muy importante porque se crean estándares comunes que sirven para marcar el mínimo aceptable en materia de democracia, estado de derecho, elecciones libres,…

¿La Comisión puede tener un papel fundamental en la plasmación de una resolución formal a la guerra de Rusia y Ucrania?

Se creó en 1992 para ayudar, de alguna manera, en los procesos de transición a la democracia en los países del este. Esto conlleva un asesoramiento técnico en materia de reformas constitucionales, legales… Y puede llegar a tener un papel a posteriori, si hubiera un acuerdo en el que se plantease que una parte del territorio tuviera un estatus especial y hubiera que crear una legislación específica. 

Su especialización son los partidos políticos y la legislación electoral, que en España está pendiente de una revisión.

La Ley Electoral, que se aprobó en el año 1985, se ha reformado muchas veces. Lo que pasa es que hay muchos aspectos que todavía quedan sin reformar y la mayor parte de los expertos entendemos que es necesario modificarla. Por ejemplo, la regulación de las campañas en la era digital, un aspecto en el que he trabajado. Tiene que ver en cómo se usan las redes sociales o la participación de terceros en los campañas, que tratan de influir en el comportamiento de los electorales y no está regulado. Nuestra legislación está muy obsoleta en ese sentido. 

¿Y el propio sistema electoral, no?

Sí, siempre estamos discutiendo sobre él, si es justo o no, si es proporcional en la representación de las provincias,… Todo eso habría que tratarlo en algún momento.

¿Y la ilegalización de determinados partidos? 

Este es uno de los temas que ha tratado la Comisión de Venecia porque es un tema muy conflictivo en todos los países. El hecho de que se pueda sacar de la competición electoral a un partido siempre se ve como la última solución y siempre en los casos de partidos que promuevan abiertamente el uso de la violencia o la destrucción del propio estado constitucional. Lo que se preconiza siempre son medidas menos radicales, si es posible.

En ese caso, cuando algunos partidos juegan al límite, ¿cómo se fija el límite para la ilegalización?

En España tenemos una ley que es bastante clara, no tenemos lo que se llama una democracia militante. No se prohibe a los partidos por su ideología sino solo cuando en sus actividades realizan conductas destinadas a promover la violencia, el odio o la discriminación o bien a la destrucción del propio orden constitucional. Lo que hay que mirar son sus actividades, que fue lo que se hizo cuando se ilegalizó a todo el complejo de Herri Batasuna. Esa decisión no se tomó porque defendiesen la independencia del País Vasco sino porque se consideró que, de alguna manera, estaban colaborando con una banda terrorista, que en sus actividades estaban infringiendo la ley, no en sus ideas. 

Usted también participó en la revisión del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. ¿Cómo valora el planteamiento de Vox de acabar con el Estado de las autonomías?

No quiero entrar a hacer valoraciones políticas. Lo que sí que creo es que el Estado autonómico está inscrito en la Constitución y me parece que es algo irreversible. España tiene una diversidad, desde el punto de vista territorial, que todo el mundo reconoce. Tratar de marcha atrás en eso creo que es romper unos de los consensos básicos del 78. Mi opinión personal es que no vamos bien porque hay que preservarlos y no romperlos. No sé hasta qué punto ese tipo de propuestas son de tipo populista o si van en serio, pero el Estado autonómico es algo en lo que las fuerzas políticas han estado de acuerdo, con matices, pero su propia existencia es algo indiscutible. 

Esos acuerdos llevan tiempo en cuestión, pero se ha planteado eliminar de la Constitución el término «nacionalidades y regiones». ¿Cómo se preserva ese consenso y se adapta a los tiempos actuales?

Ese es el reto que tenemos. Cada generación tiene sus retos. En el momento de la Transición había que hacer varias cosas importantes: pasar de una dictadura a una democracia y de un estado centralizado a uno más descentralizado. Y eso se hizo a través de la Constitución y se hizo muy bien. Ahora el reto es distinto, es adaptarse a los cambios. Está claro que la Constitución no perfiló completamente cómo tenía que ser el Estado autonómico, solamente abre la puerta a un proceso de creación de comunidades, dice cuáles son las competencias que pueden llegar a asumir, pero simplemente es el punto inicial del proceso, que luego se ha ido plasmando a través de los estatutos, de la jurisprudencia del Constitucional y las propias leyes. Ahora probablemente sería necesario transformar el Título VIII para clarificar algunas cuestiones.

¿Cómo cuáles?

El tema de la financiación autonómica, plasmar el principio de solidaridad o clarificar el propio reparto competencial. Esto lo han hecho algunos países. Pero lo que es importante es que se haga por consenso y seamos capaces de reformarla en aquello que sea necesario para adaptarse a los nuevos tiempos. Y en el tema de la inviolabilidad de la jefatura del Estado pasa exactamente igual.

¿Se podría cambiar?

Muchos entendemos que se ha interpretado de una manera excesivamente amplia porque la Constitución no dice exactamente que la inviolabilidad debe extenderse también a todos los actos privados del monarca. Creo que era posible una interpretación más razonable, según la cual solo abarcarse la actuación pública oficial del monarca. Pero se interpretó de esa manera y ahora puede que sea el momento de ponernos de acuerdo en otra. Pero cualquier tema que toque la médula del sistema constitucional debe hacerse por consenso.

¿También se podría extender a la financiación de los partidos?

Los partidos deben disponer de fondos para poder hacer sus funciones. No podemos tener una democracia 'low cost'. La democracia cuesta dinero, al igual que los partidos. Por eso es necesaria la suficiencia y regularidad de los recursos. Pero también se debe garantizar la igualdad de oportunidades en las competiciones electorales, que el dinero no sirva para distorsionarlas.

Muchos de estos puntos se controlan por organismo que realizan dictámenes no vinculantes.

Son órganos muy importantes. Los informes que hace el Consejo de Cuentas o de Estado están basados en argumentos jurídicos, que hay que rebatirlos sino vas a seguir el informe.