En los últimos días se ha conocido que los parlamentarios nacionales del PP van a presentar diferentes iniciativas tanto en el Congreso como en el Senado donde preguntarán sobre el incremento del peaje de la AP-6.   Desde luego es una mala noticia para los usuarios –cientos de segovianos al día–, realizar una subida extraordinaria adicional del 0,85% en su peaje de 2020, pero también en los de 2021 y 2022. De esta forma, la circulación por la autopista y el túnel de Guadarrama registrará un encarecimiento acumulado del 2,55% en los tres próximos años.  Además, si se viaja desde la capital, también verán aumentado el gasto por el peaje de la  AP-61.  
Con consultar a quienes fueron ministros de Fomento de su partido, Rafael Arias Salgado y Ana Pastor, los populares obtendrían la suficiente información como para poder asumir la vinculación de su partido con este acuerdo, que está asociado a otros anteriores, de la misma forma que algo tendría que contar a los socialistas el exministroJosé Blanco, que fue quien firmó el Real Decreto 971/2011, de 1 de julio, por el que se modifican determinados términos de la concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de los tramos de la autopista AP-6 conexión con Segovia (AP-61) y autopista AP-6 conexión con Ávila (AP-51), así como para la conservación y explotación, a partir del 30 de enero de 2018 de la autopista de peaje AP-6, tramo Villalba-Adanero, para compensar los sobrecostes por obras adicionales (89 millones). Heredados... 
Pero todo parte de la época de Arias Salgado por el que se adjudica a Castellana de Autopistas –100% iberpistas–, en noviembre de 1999, un plan de realización de obras, ampliadas después, lo que tuvo que asumir el  Gobierno de Rodríguez Zapatero. Después se produce una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra  España por vulnerar las directivas comunitarias sobre contratación y, ya con Ana Pastor,  se debía reducir la concesión a 2024-2029, por lo que el Gobierno deberá compensar a la compañía porque la condena fue al Estado. 
 En todo caso hablar de gratuidad y de final de concesión, si no es con intereses políticos o desconocimiento, no se sujeta, a no ser que se quiera llevar a cabo una expropiación, lo que conllevaría un elevado coste. Lo explicó en Segovia el ministro José Luis Ábalos cuando se refirió a respetar una serie de compromisos. Otra cosa es que, cuando termine –fecha que se debe aclarar de inmediato porque no está fijada–, este Ejecutivo no quiera no renovarla por siete años y pague por ello.  
Luego están las «políticas compensatorias» de las que habló Ábalos, que no especificó y menos avanzó fechas,  como tampoco la posibilidad de evitar el tráfico de la travesía de San Rafael, desviándolo por la autopista.  Conviene que quien se haga la foto ahora con la reivindicación conozca los detalles antes de entrar en una dinámica equivocada si no es soltando millones. Muy pocos colectivos se opusieron a la AP-61 entre Segovia y San Rafael cuando, antes de llegar Aznar a Moncloa, había un proyecto para desdoblar la N-603.