Los pasillos están vacíos. Parecería que el Palacio de Justicia de Segovia está cerrado si no fuera por los funcionarios que, de rato en rato, van de un despacho a otro o por los escasos abogados que aguardan a que les llamen para realizar algún trámite. Es la novena semana de huelga de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y la resignación con la que funcionarios, profesionales y ciudadanos afrontan la situación contrasta con las graves consecuencias generadas.

La mayoría no se ven porque ya nadie de la calle entra en el Palacio de Justicia si no ha sido citado en alguno de los juzgados o no tiene cita previa en el Registro Civil. Los perjuicios de esta huelga se viven en la intimidad en casi todos los casos o, como mucho, en el bastón para desahogarse en que se convierten muchas veces los abogados. «La justicia arrastra de siempre un estigma y es que funciona con retraso, y los ciudadanos lo tienen interiorizado. En este caso lo entienden, además, porque lo ven en los medios de comunicación. Pero también desean que sus pretensiones tengan el trámite que marca la ley y no comprenden cómo se está incumpliendo un derecho tan fundamental como es el de percibir las pensiones de alimentos de un hijo. Llevamos ya un retraso tremendo», reflexiona Fernando Calvo, con más de tres décadas a sus espaldas en el ejercicio de la abogacía.

«Siempre ha ido con retraso, siempre ha sido el patito feo de la administración pública de los fondos, los fondos siempre han sido muy cicateros, las inversiones han sido siempre muy precarias y todos sabemos cómo ha funcionado la administración de justicia en su conjunto, pero esto nunca lo habíamos vivido», apunta mientras espera para entrar en el juzgado. Desde hace dos meses ir cada día a los juzgados se ha convertido para él en un ejercicio de impotencia. «Es un grito en el desierto. La respuesta siempre es la misma por parte de los funcionarios. Que hay que esperar a que este conflicto se resuelva y armarse de paciencia. Y ponte a la cola…».

Marisela Arroyo, este martes a la puerta del Palacio de Justicia tras jurar la nacionalidad española. - Foto: Rosa Blanco

La digitalización ayuda a disimular el colapso. De cada procedimiento ya no se acumulan decenas de folios en cada juzgado como antes. Aun así una parte de los expedientes todavía tienen que conservarse en papel y el parón en la tramitación comienza a aflorar en las oficinas judiciales en forma de carpetas amontonadas por el suelo o en cualquier rincón que esté libre. Un ejemplo lo muestran tres gestores o tramitadores que prefieren no revelar su identidad. «Hay cosas hechas pero están a medias porque los LAJ son los encargados de dar fe pública así que los juicios se suspenden, no podemos notificar, no podemos acceder a la cuenta de consignaciones para llevar a cabo ejecuciones, no podemos hacer investigaciones patrimoniales…», relatan en conversación con El Día de Segovia.

Calculan que cada uno tienen más de un centenar de asuntos paralizados: «Nosotros vamos a ser los paganos de todo este follón porque el atasco lo tenemos nosotros. Somos los que sacamos el papel. Cuando nos podamos poner nos vamos a encontrar con que se ha acumulado mucho y para solventarlo tenemos que utilizar aplicaciones que muchas veces tardan bastante. Y pronto van a empezar las vacaciones así que…».

Una de las opciones que ya se barajan es habilitar el mes de agosto, tradicionalmente el único mes del año de descanso para los abogados aunque ahora se han declarado inhábiles también las Navidades. El letrado José Ignacio González Ochoa vaticina una ola de reclamaciones de responsabilidad patrimonial al Estado cuando finalice la huelga. «Hay muchos ciudadanos que han tenido que tirar a la basura billetes de avión porque no pueden obtener el certificado de nacimiento de sus hijos para, por ejemplo, sacar un pasaporte. O gente que tiene que cobrar una indemnización y no está pudiendo disponer de ese dinero», señala. El paso de las semanas sin una solución multiplica la inquietud. «A los clientes que ya se ponen un poco nerviosos les digo que se vengan conmigo al juzgado y vayan al despacho del letrado de la Administración de Justicia y le pregunten qué está pasando», cuenta González Ochoa.

Los padres de Nelly Herranz cobran sendas pensiones de jubilación de Francia por las que el país galo les solicita periódicamente una fe de vida. Un certificado que hasta la pandemia obtenían en el Registro Civil en un día. «Ahora tienes que solicitar cita previa», explica a través del teléfono esta mujer, que encima se ha topado con la huelga de los LAJ: «Para mi madre me dieron cita para finales de febrero habiéndola solicitado a principios de ese mes, y con mi padre ya ni siquiera me dan la opción de pedir la cita. Sobre todo mi madre se agobió bastante».

Marisela Arroyo llevaba esperando desde noviembre para jurar la nacionalidad española. Este martes por fin lo pudo hacer en el Registro Civil de Segovia. «La atención ha sido muy buena. Tampoco me ha afectado de ninguna manera porque yo ya tenía mi permiso de residencia», remarcaba antes de abandonar con sus papeles el Palacio de Justicia, estos días empapelado por los carteles reivindicatorios de los LAJ. 

«La dignidad es innegociable», reza uno de ellos. En Segovia, el seguimiento de la huelga siguen siendo masivo, según los LAJ. Apenas uno ha recuperado su actividad normal. «Seguimos con fuerza pero los ánimos están mal porque ya llevamos mucho tiempo y por la desidia del Ministerio para convocar al comité de huelga e intentar llegar a una solución», confiesa la LAJ del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Segovia, Montserrat Isabel Cabrera. Las cifras de la huelga marean cada vez más. Solo en nuestra provincia se han suspendido ya unos 700 juicios y más de 500 declaraciones, están sin tramitar alrededor de 1.000 demandas y 2.000 escritos y se encuentran retenidos 2,6 millones de euros destinados al pago de indemnizaciones, pensiones de alimentos…

El Juzgado de lo Social ya ha tenido que dejar juicios para 2024. «Los juzgados que están al día van a necesitar entre cuatro y seis meses para poner en orden sus agendas y los que no, ocho meses», asegura Cabrera, que acusa al Ministerio de obstaculizar el fin de un conflicto que también impide la celebración de bodas civiles. Los LAJ piden el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con el propio Ministerio en abril del año pasado –adecuación salarial a sus actuales competencias y derecho a negociar sus condiciones laborales–, pero remarcan que han adoptado una posición flexible. «Estamos defraudados con la otra parte porque no quieren sentarse a negociar, que es lo mínimo que se le puede pedir a un cuerpo político», concluye Cabrera.