El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, trasladó personalmente al Gobierno de España este viernes, en la Conferencia Sectorial de Reto Demográfico, las demandas que en esta materia suscribieron ayer los presidentes de Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha, Alfonso Fernández Mañueco, Javier Lambán y Emiliano García-Page, respectivamente, y que incluyen la petición de que el Gobierno aplique "de inmediato" las ventajas fiscales aprobadas por la Unión Europea para las provincias de Soria, Teruel y Cuenca.
Así, ante la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, el vicepresidente de la Junta recalcó que el plan de medidas que propone el Gobierno central "carece de participación previa, concreción presupuestaria, distribución, calendario e indicadores de evaluación". Además, Igea reiteró que Castilla y León se ve "perjudicada" por los criterios de asignación de fondos para prestar servicios que aplica el Gobierno de España al anteponer el peso poblacional sobre el territorial.
De esta manera, en el día posterior a la celebración de la reunión de presidentes autonómicos de Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha en la localidad turolense de Albarracín, la Junta trasladó al Gobierno de España la urgencia de aplicar las medidas que requieren los territorios más afectados por la despoblación y la revisión del sistema de financiación autonómica.
En ese sentido, el vicepresidente Igea recordó en su intervención en esta conferencia sectorial la exigencia conjunta suscrita ayer: que los parámetros que marcan las nuevas directrices sobre ayudas regionales para el periodo 2022-2027, publicadas por la Comisión Europea en abril, entren en vigor en cuanto el Ejecutivo comunitario apruebe el nuevo Mapa de Ayudas, sin esperar al año próximo.
Ante la exposición de las principales líneas de las 130 medidas frente al reto demográfico del Plan de recuperación, transformación y resiliencia diseñado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, desde la Junta de Castilla y León también se puso énfasis en la necesidad de que los criterios de reparto de fondos sean "justos", dado que "debe primar el esfuerzo que supone la prestación de servicios al territorio y no fijar coberturas u objetivos por porcentaje de población".
Otra cuestión relevante que Igea quiso exponer públicamente ante Teresa Ribera y el resto de representantes autonómicos es que el Gobierno de España "ha celebrado reuniones bilaterales sobre esta materia con algunas comunidades autónomas, y no lo ha hecho con Castilla y León", pese a solicitarlo formalmente por carta dirigida al secretario general para el Reto Demográfico, Francesc Boya, el 12 de febrero de este año.
Igea quiso así dejar constancia de que hay una sustancial diferencia entre “hacer una política de país frente al reto demográfico” y llevar a cabo “una política de Gobierno” que, pese a ser legítima, evidencia que "desde el Gobierno de España se mantiene interlocución directa con comunidades autónomas de su mismo signo político, dejando de un lado, precisamente, a comunidades que sufren la despoblación y requieren un mayor y urgente respaldo en la puesta en marcha de medidas".
Por este motivo, el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior reiteró la necesidad fijada ayer por Alfonso Fernández Mañueco, Emiliano García-Page y Javier Lambán de que el Gobierno de España se reúna con las ocho comunidades autónomas que conforman el foro de regiones con desafíos demográficos.