La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha advertido este martes de que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 adolece de "carencias notables", lo que les hace nacer "viciados".

Herrero ha comparecido este martes en la Comisión de Presupuestos del Congreso para exponer su visión sobre las cuentas del próximo año, que en su opinión sufren "carencias", al no incluir medidas para paliar la inflación, pese a que el Gobierno ya ha anunciado su intención de adoptarlas y así lo ha comunicado a Bruselas.

Este paquete de medidas, ha advertido, es de un "importe suficiente para desvirtuar la calidad del presupuesto" -extender las actuales tendrían un coste de 18.528 millones (13.490 millones de gasto y 5.038 millones de menores ingresos)-, por lo que ha pedido al Gobierno que aclare en qué circunstancias las adoptará.

Junto a esto, Herrero ha considerado que los Presupuestos nacen "viciados", porque parten de unas previsiones de ingresos en 2022 "que no son realistas", ya que la AIReF calcula que serán unos 9.000 millones superiores.

De la misma manera -e igual que hizo este lunes el Banco de España-, la AIReF cree que los ingresos previstos para 2023 están infraestimados, ya que mientras las cuentas los sitúan el 18,9 % del PIB, la AIReF lo hace en el 19,5 %.

Buena parte del incremento de los ingresos para el próximo año, un 75 %, se deberá a la inflación, según Herrero. La AIReF calcula que la inflación alcanzará este año una media del 8,9 % y del 3,9 % en 2023, aunque podría superar el 5 % si no se adoptan medidas para paliarla.

La buena marcha de los ingresos permitirá corregir el déficit más de lo previsto por el Gobierno: la AIReF espera que cierre 2022 en el 4,4 % del PIB, frente al 5 % del Gobierno; y 2023 en el 3,3 % del PIB, frente al 3,9 % del Ejecutivo, aunque esta cifra podría dispararse por encima del 4 % con las medidas para la inflación.

Hacienda responde a la AIRef

El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, ha dicho -durante su comparecencia posterior ante la misma Comisión- que los presupuestos para 2023 no incluyen la posible extensión de las medidas para paliar la inflación, porque todavía no se sabe cuáles se van a adoptar.

Gascón ha defendido que "los datos están evolucionando todos los días" y que cuando se aprobó el techo de gasto, en julio, la información sobre recaudación era "muy limitada" y, por eso, se adoptó una postura "prudente".

Ahora, ante la perspectiva de que los ingresos sean superiores a lo estimado, el Gobierno ha dibujado un segundo escenario, incluido en el plan presupuestario remitido a Bruselas, donde detalla ese margen fiscal, que permitiría "prorrogar medidas de alivio" para la ciudadanía "sin apartarnos de la senda de consolidación fiscal".

"Presupuesto solo hay uno (...) no podemos hacer una proyección de los gastos adicionales a asumir en 2023 porque ni siquiera en este momento sabemos en qué condiciones vamos a llegar a enero, qué medidas hay que prorrogar, durante cuánto tiempo", ha argumentado Gascón.

La reserva de las pensiones no podrá usarse hasta 2032

El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, también ha pasado por la Comisión de Presupuestos, donde ha explicado que se van a modificar los criterios de desembolso del fondo de reserva (la denominada "hucha de las pensiones") para que las nuevas aportaciones se acumulen, al menos, hasta 2032.

Estas dotaciones, que procederán del mecanismo de equidad intergeneracional, deben convertirse en una "aportación finalista" para poder usarla en ese momento de tensión del sistema por la jubilación de la denominada generación del baby boom, según ha dicho.

Los presupuestos de 2023 aportan 2.957 millones a este fondo de reserva, la primera contribución en trece años, procedentes del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI).

Este mecanismo, que entrará en vigor en enero de 2023, contempla una subida de las cotizaciones sociales durante diez años de 0,6 puntos, de los que 0,5 puntos serán pagados por la empresa y 0,1 puntos por el trabajador, con el objetivo de volver a crear un colchón en el fondo de reserva de la Seguridad Social.