La inflación se ha disparado en 2022 en España hasta marcar su máximo en cuatro décadas, debido al aumento de precios de la energía, que se ha ido moderando, y de los alimentos, aún desbocados, y ha propiciado subidas de tipos de interés que están encareciendo las hipotecas de los españoles.

El año empezó con una inflación elevada y al alza hasta alcanzar, con un 10,8% en julio, su tasa máxima en 38 años, si bien ha ido perdiendo fuerza hasta cerrar noviembre -último dato publicado- en el 6,8%.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los alimentos elaborados han venido experimentando una senda alcista a lo largo del ejercicio, mientras que los productos energéticos, que comenzaron disparados, se han ido conteniendo.

Tras los máximos históricos que alcanzaron el pasado marzo tanto los carburantes de automoción como la electricidad, impulsados por el inicio días antes de la invasión rusa de Ucrania, el traspaso del coste de ambas fuentes a los bolsillos de los españoles ha experimentado un alivio.

A esa moderación contribuyó la subvención de 20 céntimos por litro aprobada por el Gobierno para gasolinas y gasóleos, lo que también ayudó a poner fin a una huelga de transportistas de mercancías por carretera que se prolongó durante 20 días y puso contra las cuerdas a la cadena de distribución.

También fue clave para contener la factura de la luz la aprobación de medidas para reducir los impuestos y costes fijos que gravan la electricidad y, sobre todo, la creación del llamado mecanismo ibérico, un sistema para controlar el precio del gas que se usa para la generación eléctrica.

No obstante, aún más de la mitad de los productos que conforman la cesta de la compra siguen creciendo con fuerza y alimentos como el aceite, el azúcar, la harina y otros cereales, la mantequilla, la leche o los huevos, han subido más del 20%.

Para el director de Coyuntura Económica de Funcas, Raymond Torres, los alimentos son «una fuente enorme de preocupación» con precios «desbocados». Aunque España es el país de la moneda común con la menor tasa de inflación, por debajo del 10,1% de media de la UE, aún está lejos de lograr el objetivo europeo del 2%.

Este encarecimiento generalizado llevó al Banco Central Europeo (BCE) a romper en 2022 la política de tipos negativos que había mantenido en los 11 últimos años y decidió subirlos hasta en cuatro ocasiones, hasta situarlos en el 2,5% y después de advertir que estos aumentos continuarán.

En consecuencia, este cambio de política monetaria ha ido elevando cada vez más el coste de las hipotecas, reduciendo la constitución de nuevas y empujando a miles de hipotecados a tratar de cambiar las condiciones de las suyas para que sean a tipo fijo.

Hogares endeudados

Este aumento del coste de los créditos para viviendas, que continuará durante 2023, ha elevado hasta el millón y medio el número de hogares altamente endeudados, según los últimos datos del Banco de España.

El Gobierno ha tratado de aliviar esta situación negociando con la banca una serie de medidas de alivio para hogares de rentas bajas y cuyos requisitos podrían flexibilizarse para aumentar el número de beneficiarios.

Junto a ello, también ha puesto en marcha otro tipo de iniciativas, como descuentos en el transporte, controles en las subidas del gas, cheques a familias vulnerables o mayores subidas de pensiones bajas.

El Ejecutivo estudia ahora medidas para hacer frente al encarecimiento de la cesta de la compra, en concreto, controlando el precio de los alimentos, algo que puede resultar muy complicado, según apunta Torres, que apuesta más a la contención indirecta del coste del transporte de alimentos.

Con el Índice de Precios de Consumo (IPC) creciendo a un ritmo tres veces superior que los sueldos, los sindicatos reclaman incrementos salariales, en contra de las advertencias de organismos como el Banco de España, que augura una espiral inflacionista y aboga mejor por un pacto de rentas.

Torres descarta esa espiral, ya que considera que, hasta ahora, los sueldos han actuado de «dique de contención» con «una gran moderación salarial» mientras que los márgenes empresariales han respondido de forma «más desigual».

A su juicio, «la perdida de poder adquisitivo ha sido muy importante, del 7% en los últimos dos años», y el reto ahora es «compartir -su impacto- entre todos, procurando que los colectivos vulnerables estén protegidos».

Uno de los elementos sobre el que no ha habido consenso de cara a un posible pacto de rentas es si este debe incluir o no a los funcionarios y a los pensionistas.

Tras aprobarse el primer bloque de reforma de las pensiones, estas han vuelto a revalorizarse automáticamente con el IPC, lo que supone un incremento del 8,5% para más de 10 millones de pensionistas en 2023.