Toque a Segovia por falta de control de costes y subvenciones

David Aso
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El Ayuntamiento está menos endeudado que la media, pero falla en la contabilidad del coste y rendimiento de servicios y en el control de las subvenciones, sin plan ni ordenanza, y de la Empresa de Turismo

Sesión de pleno en el Ayuntamiento de Segovia.

El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha realizado un análisis de la actividad económico-financiera de algunas áreas del Ayuntamiento de Segovia y sus entes dependientes mediante una auditoría, tal y como ya hizo con el resto de capitales de la Comunidad. Fiscaliza el ejercicio 2020 y el resultado es un informe de casi 400 páginas donde valora cuestiones como que su grado de endeudamiento financiero esté por debajo de la media; que suela pagar en plazo; o que haga menos modificaciones presupuestarias que la mayoría, recurso que suele interpretarse por los grupos de oposición de cualquier institución como síntoma de mal gestor por falta de planificación, de modo que en ese aspecto, y en los antes citados, el Consistorio segoviano sale bien parado. 

Por otro lado, el Consejo señala que Segovia está por encima de la media del resto de capitales de la Comunidad «tanto en el grado de ejecución de ingresos como en el de gastos» o en «la realización de cobros y pagos», igual que también en «ingreso tributario por habitante», por cobrar más impuestos o tasas.

Sin embargo, «el índice de inversión o esfuerzo inversor» es inferior a la media, y además, el Consejo advierte defectos en el sistema de contabilidad del coste de los servicios que presta el Ayuntamiento; ineficacia en las actuaciones de apremio y embargo cuando se producen impagos de tasas e impuestos; falta de control sobre la Empresa Municipal de Turismo; o el incumplimiento de la obligación de contar con un plan estratégico de subvenciones, así como un uso excesivo de la concesión directa de las mismas, cuando el procedimiento ordinario debería ser la concurrencia competitiva, para asegurar igualdad de acceso. 

El informe, emitido con fecha del 2 de noviembre, tras estudiar 20 alegaciones del Ayuntamiento y admitir sólo seis, incluye 14 recomendaciones de mejora de gestión o legalización. Cs y PP han puesto el foco sobre algunos de estos aspectos en los últimos días, mientras el concejal de Hacienda, Jesús García Zamora, encajaba con deportividad este jueves los déficits que destaca el Consejo, del que incluso apreció su «gran trabajo». Matizó que están en fase de corregir buena parte de ellos y puso el acento en que el informe les deja en «buenísima posición» por los niveles de deuda y otros aspectos ya apuntados, cuando además se analiza la actividad «en un año como el de la pandemia».

Entrando ya en el análisis de 2020, el Consejo subraya que el Ayuntamiento, en la liquidación de ese ejercicio, cumplió con los principios de sostenibilidad y con las obligaciones y controles de endeudamiento. El porcentaje de deuda viva se situaba entonces en un 44,3% sobre los ingresos corrientes; y el endeudamiento financiero subía un 5,7% con respecto a 2019, hasta 26 millones.

En cuanto a la deuda comercial y la necesidad de cumplir con los plazos de pago a proveedores, estuvo dentro de la barrera de 30 días todo el año salvo en marzo y mayo, meses en que lo rebasó pero sólo «ligeramente», pese a las complicaciones de un ejercicio en el que no puede obviarse que, justo en ese intervalo, hubo que lidiar con la etapa de confinamiento estricto.

Los toques al Ayuntamiento vienen a continuación, empezando por que su contabilidad no permite determinar «de forma directa y automatizada» el coste y rendimiento de los servicios públicos, «lo que resta fiabilidad a la información existente». En ese sentido, no se redacta memoria justificativa del coste y rendimiento que debe acompañar la cuenta general, ni indicadores de gestión de la memoria de cuentas.

En materia tributaria y recaudatoria, reseña que el Ayuntamiento presta ese servicio con 38 funcionarios. El Instituto Municipal de Deportes tiene uno para funciones de contabilidad, tesorería y recaudación; y en la Empresa de Turismo, nadie «con funciones recaudatorias o de control de ingresos».

Aparte, dentro del área recaudatoria se llevan a cabo actuaciones de apremio y embargo, «si bien las mismas resultan insuficientes a la vista de las cifras de créditos declarados incobrables», señala el Consejo. «Con carácter general, en relación con los principales tributos, los porcentajes de recaudación en vía ejecutiva son muy bajos, al no alcanzar el 40% de las deudas en ningún impuesto y rebasándolo solo ligeramente en algunas de las principales tasas, lo que redunda en porcentajes elevados de deudas acumuladas de ejercicios anteriores en esta vía».

Respecto a las subvenciones, sobre el incumplimiento de «la obligación de disponer de un plan estratégico», el Consejo recuerda que en 2021 estaba en tramitación la aprobación de una ordenanza general de subvenciones, sin entrar en que también lo estuvo en 2018, 2019 y 2020. En el año actual se había previsto que estuviera lista en el segundo trimestre, pero tampoco, tal y como afeaba el pasado lunes la portavoz municipal de Cs, Noemí Otero.

El Consejo detalla además que el Ayuntamiento «no tiene implantado un sistema de control financiero de subvenciones en el ejercicio objeto de fiscalización». Y tramitó 12 líneas de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, «que debiera ser el procedimiento ordinario», frente a 34 por concesión directa, a la vez que advierte de «algunos incumplimientos en las distintas fases del procedimiento de concesión».

Recomendaciones. El Consejo de Cuentas emite por ello 14 recomendaciones, empezando por que el Ayuntamiento «debería implantar un sistema de contabilidad analítica para normalizar la información sobre el coste de servicios públicos». En recaudación, «mejorar la eficacia de las actuaciones de apremio y embargo para el cobro de deudas». Y revisar «algunas ordenanzas o disposiciones reguladoras de tasas y precios públicos para adecuarlas a la específica naturaleza del ingreso».

Además, sobre la Empresa Municipal de Turismo, recuerda que «debería existir un control establecido por el servicio de recaudación y la tesorería del Ayuntamiento sobre todos los ingresos de la sociedad y la forma en que deben producirse». «No consta la existencia de normativa municipal que regule los ingresos de la sociedad Turismo de Segovia»; y también «debería revisar» el Consistorio «la forma de sociedad mercantil por medio de la que se está gestionando y desarrollando la competencia de promoción turística». 

Tampoco olvida el Consejo que el Ayuntamiento debería aprobar un plan estratégico de subvenciones; y los servicios que las gestionan, «iniciar procedimientos para regularizar expedientes en los que se han detectado incumplimientos».

El plazo para rendir las cuentas de 2021 ante el Consejo, por cierto, expiraba el 31 de octubre, y el de Segovia está dentro del 30,5% de los ayuntamientos de la Comunidad que aún no las ha presentado.