Castilla y León cerró el pasado año con un repunte del número de accidentes con baja, coincidiendo con la recuperación tras el fuerte impacto de la pandemia durante 2020 y, sin embargo, este aumento es superior al crecimiento económico. El número de accidentes de trabajo aumentó un 14,7 por ciento, recuperando su tendencia ascendente hasta situarse en 27.860 siniestros con baja, 3.581 más que en 2020, de los que 52 resultaron mortales. De acuerdo con estos datos, el índice general de Castilla y León para 2021 adoptó un valor de 2.689,3 accidentes/100.000 personas trabajadoras, siendo en España de 2.670,6. Con respecto a 2020 el índice de incidencia autonómico ha crecido un 5,7%, superando la media por cuarto año consecutivo.

El incremento de estos accidentes se produce tanto durante la jornada (13,66%) como in itinere (27,2%) e incluso los que no requieren baja (8,5%). Según la gravedad, aumentan los leves (14%) y se reducen tanto los graves (3,6%) como los mortales (35,4%). Cabe señalar que el número de accidentes mortales en jornada de trabajo durante 2020 fue extraordinariamente alto (65). De hecho, no se registraba una cifra tan alta en los últimos 10 años. A juzgar por el dato de 2021, parece que volvemos a cifras similares a las de 2019, aunque la tendencia sigue al alza. Si analizamos la incidencia de los accidentes mortales enCastilla y León (4,4), observamos que es superior a la media española (3,1) y siempre ha sido así. De hecho, la tendencia autonómica es ascendente al contrario que la nacional.

Por sectores, son construcción y servicios los que peores resultados presentan, con fuertes crecimientos en ambos casos. Además, de acuerdo al tamaño, el 82,4% de los accidentes en jornada durante 2021 se produjo en las pequeñas y medianas empresas. No obstante, si atendemos al tipo de contrato, cuando se relaciona el número de accidentes con la proporción de temporales-indefinidos, la incidencia de los temporales es notablemente superior a la de los indefinidos lo que concluye que la precariedad laboral fomenta la siniestralidad. 

Causas prevenibles

Todos estos datos señalan que los accidentes de trabajo en Castilla y León siguen siendo uno de los peores indicadores de nuestro mercado laboral, que apenas ha mejorado en los últimos años y cuya incidencia nos sitúa por encima de la media española. De hecho, UGT cree que «cuesta mucho digerir que, año tras año, en Castilla y León sigan produciéndose muertes por causas fácilmente prevenibles como caídas en altura, golpes o atrapamientos. Y no podemos resignarnos a contabilizar 63.000 accidentes con baja y 52 muertes al año». El sindicado considera que es «momento de tomar medidas de choque e implantar las reformas necesarias para acabar con esta lacra que, además, se ve favorecida, por un lado, por la falta de inversiones reales en prevención de riesgos laborales y, por otro, por un modelo preventivo maleado que no garantiza la protección de la seguridad y salud de los trabajadores».

Las enfermedades profesionales y los  accidentes de trabajo son la punta de un iceberg bajo la que se oculta un modelo ineficaz", asegura la secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Castilla y León, Mª Fe Muñiz Queipo.

Desde la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Castilla y León ven necesario «recuperar las inversiones, redefinir el modelo preventivo, reforzar los instrumentos de asesoramiento, control e inspección y mejorar los mecanismos de coordinación actuales». Además, destacan otras dos cuestiones a tener en cuenta como son la incorporación de la perspectiva de género en la prevención, discriminando las situaciones que afectan más intensamente a las mujeres, y el abordaje de los riesgos que conllevan las nuevas formas de organización del trabajo (digitalización, inteligencia artificial, teletrabajo, trabajo en plataformas), especialmente en lo que respecta a la salud mental.

Por otra parte, señalan que «la gestión de los riesgos psicosociales sigue siendo asignatura pendiente como consecuencia de factores como el desconocimiento existente de esta disciplina en la pequeña empresa y un nivel de sensibilización realmente pobre sobre la necesidad de intervenir en este ámbito; por el interés de algunos en considerar que es un aspecto muy subjetivo y, por lo tanto, debe quedar fuera del ámbito de la prevención; por falta de pericia técnica en el proceso de detección, evaluación y control y, por último, por la falta de voluntad de los poderes públicos en políticas de prevención de estos riesgos». 

Infartos e ictus

Y de la suma de todos estos factores resulta que las patologías no traumáticas, como el infarto o el ictus, sean la primera causa de muerte en el trabajo en la Comunidad. Por eso, UGT incide, dada su importancia, en la necesidad de una intervención activa tanto en la vertiente preventiva como en la de protección social, puesto que estas patologías están directamente relacionadas con la organización, diseño y gestión del trabajo, así como con el contexto social y económico.

Por lo que respecta a las enfermedades profesionales, desde UGT Castilla y León ponen el foco en el «subregistro existente en estas patologías, que se ha intensificado durante la pandemia». Los partes de baja por enfermedad profesional comunicados en 2021 han sido 406, lo que nos retrotrae a niveles de 2015; a lo que hay que añadir que «el proceso de notificación y registro es inoperante, priva a las personas trabajadoras del reconocimiento del origen laboral de su enfermedad y del acceso a las prestaciones a las que tienen derecho», con el consiguiente perjuicio en prevención porque lo que no se registra no existe y si no existe no se previene».

Esta inoperancia resulta «especialmente escandalosa en los cánceres de origen laboral», patología que solo ha registrado una comunicación el pasado año en Castilla y León, precisamente «en el momento en que, según las estimaciones más prudentes se elevan a más de 650 los casos anuales de cáncer por exposiciones laborales a agentes cancerígenos», resaltan desde UGT. Por otro lado, tampoco se puede olvidar que este subregistro hace que el coste económico de los cánceres atribuibles al trabajo en Castilla y León, y que el Ministerio de Salud cifra en 9,4 millones, «lo está asumiendo de forma inmerecida el Sistema Público de Salud cuando deberían de hacerlo las mutuas». En este sentido, el sindicato hace especial hincapié en que «el amianto merece una mención al ser una sustancia cancerígena que, a pesar de estar prohibida desde hace 20 años, sigue causando enfermedad y muerte mientras en Castilla y León no se elabore un censo de instalaciones y emplazamientos que incluya un calendario de retirada».

Origen multicasual

Al mismo tiempo, muchas de las actuales enfermedades relacionadas con el trabajo tienen un origen multicausal y no exclusivo del marco laboral, cánceres y enfermedades cardiovasculares, por lo que muchas que tienen un origen laboral no son consideradas como tales, por ejemplo las patologías relacionadas con los riesgos psicosociales. Sin embargo, la OIT ya las incluyó en su listado en 2010, por lo que UGT reclama «la actualización del listado español de enfermedades profesionales para que incluya las enfermedades mentales derivadas de riesgos psicosociales». También consideran imprescindible que se incluya la covid-19 en el Grupo 3, que son las causadas por agentes biológicos, en línea con lo establecido por la Unión Europea en materia de salud. Y además van un paso más allá al «solicitarlo para otros colectivos de profesionales que estando expuestos al contagio están desamparados».

Esta inoperancia resulta "especialmente escandalosa en los cánceres de origen laboral", patología que solo ha registrado una comunicación el pasado año en Castilla y León

En definitiva, la secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Castilla y León, Mª Fe Muñiz Queipo, considera fundamental llevar a cabo «una revisión del listado de enfermedades profesionales para dotarlo de una perspectiva de género, establecer la periodicidad en la que el cuadro debe revisarse y reforzar el control de vigilancia de la salud colectiva por parte de los servicios de prevención ajenos, ya sean mancomunados o propios». Al mismo tiempo, destaca la necesidad de establecer criterios de calidad en los reconocimientos médicos de carácter individual para detectar posibles patologías derivadas del trabajo, reforzar los medios de la inspección y mejorar las dotaciones de los técnicos de seguridad y salud laboral de la Junta de Castilla y León.

Así, UGT asegura que «los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales son la punta de un iceberg bajo la que se oculta un modelo preventivo ineficaz que habría que cambiar». Hasta ahora la salud laboral de las personas trabajadoras no ha tenido, según indican, la presencia pública que merece y lamentablemente apenas ha formado parte de la agenda política del Gobierno autonómico. En este sentido, desde UGT esperan «ante la nueva era política que se abre en nuestra Comunidad, que el gobierno sea capaz de cambiar de rumbo y priorice la mejora de las condiciones de seguridad y salud de las personas trabajadoras».