El año que ha terminado ha sido trágico tanto en la ruta que siguen los migrantes para llegar a Canarias, como en la mediterránea, desde Marruecos a Turquía, en la que se han contabilizado el mayor número de muertos desde que existen registros. Mil personas perdieron la vida tratando de llegar a las Islas Canarias desde las costas africanas y otras 1.700 fallecieron ahogadas en el Mar Mediterráneo, tanto en las rutas que parten de Libia y Túnez con destino a Sicilia y Malta, como entre los migrantes asiáticos que huyen de guerras y persecuciones en la parte oriental y en la occidental, la que más afecta a España. Las cifras, por supuesto están por debajo de la realidad y el número de muertos aumenta con un goteo incesante. Ayer mismo los servicios de salvamento marítimo españoles inauguraron la estadística del presente año en Almeria.    

La política migratoria continúa siendo una de las asignaturas pendientes de la Unión Europea, en la que los países más afectados se quejan de su ausencia cuando se ven inmersos en alguna ola incontenible que satura sus centros de acogida. España, Grecia e Italia alzan la voz cada cierto tiempo sin que se llegue a una política común en la que se combinen todos los aspectos que intervienen en su manejo, desde las inversiones en los países de emisión hasta la integración de los migrantes en los países a los que llegan.   

El auge de los partidos de ultraderecha en toda Europa, la utilización de la migración como arma política -como ocurrió en Ceuta en el mes de mayo o más recientemente en la frontera entre Bielorrusia y Polonia-, la manipulación de las informaciones sobre delincuencia debida a los migrantes o su repercusión en el mercado de trabajo, sus consecuencia sobre la pérdida de la identidad nacional o la posición de la mitad de los europeos a favor de que se levanten muros para defender las fronteras, según una encuesta europea reciente, son parte de la complejidad de un problema que ha de afrontarse de una manera global, combatiendo en primer lugar la desinformación y luego mediante políticas solidarias y que fomenten la integración. El envejecimiento de la población europea y los problemas para cubrir muchos puestos de trabajo, desde los menos cualificados a lo que requieren una mayor especialización, es una realidad que hará inevitable recurrir a la inmigración.  

No parece que la UE vaya a establecer esa política común tan necesaria, que produce tanta desesperanza entre los migrantes que ya están en territorio europeo y entre quienes pretenden llegar a lo que consideran tierra de promisión. Pero algún rayo de esperanza se filtra. La entrada en vigor en España del nuevo reglamento de Extranjería, que permite conceder permiso de trabajo y residencia a los menores no acompañados que alcanzan la mayoría de edad -una norma a la que se opuso el Ministerio del Interior-, ya está dando sus primeros frutos con la incorporación de estos jóvenes a puestos de trabajo que estaban esperando que alguien quisiera ocuparlos, y que de esta forma pueden escapar de la marginalidad y enviar fondos a sus familias que es el motivo fundamental que les llevó a embarcarse en una patera. Ahora lo importante es que ese proceso de regularización no sufra los cuellos de botella que ocurren con la concesión de las peticiones de asilo, en las que España se encuentra en los últimos lugares de la UE.