La sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés, a expensas de los recursos que pueda generar en instancias superiores, cierra de alguna forma el capítulo judicial de una de las crisis institucionales más graves a las que ha hecho frente España desde la instauración de la democracia. La independencia de los jueces ha quedado meridianamente clara y como en toda sentencia solo queda acatarla y asumirla por un independentismo que, como sostiene el propio fallo del tribunal, ha engañado a todo un pueblo, el catalán, en una ensoñación y una quimera imposible como es esa supuesta república. Prolongar, como pretenden algunos sectores del independentismo, este ‘trampantojo’ político, sería grave e irresponsable, como lo está siendo instigar a nuevas algaradas callejeras con una llamada a una torticera desobediencia civil que está siendo violenta.
La sociedad catalana necesita pasar página a una década negra, huir de los extremismos y, sobre todo, restañar la fractura social que se ha provocado por unos políticos que han utilizado las instituciones y el dinero público para embarcarla en una deriva de la sinrazón y en un desafío frontal al Estado de derecho y a la legalidad constitucional.
Buscar una solución política al conflicto catalán, avivado por la irresponsabilidad y el radicalismo de sus dirigentes, pasa efectivamente por tender puentes y abrir un diálogo constructivo que permita salir de ese estéril punto muerto. Es esencial recuperar esas naves del entendimiento que se construyeron con el catalanismo amable y conciliador. Los soberanistas deben entender de una vez por todas que ese referéndum de autodeterminación y esa república es imposible contra la voluntad del resto de catalanes y españoles y que seguir por esta hoja de ruta e instigando la insurrección callejera solo conducirá al abismo a Cataluña.
Llega el tiempo de la política, ejercitada siempre desde el marco constitucional y de las leyes, y de que el secesionismo se apee de esa unilateralidad y transgresión sistemática en el que lleva instalado demasiados años y regrese el sentido común y la racionalidad.
Sería ilusorio pensar que se va a conseguir de la noche a la mañana, pero hay margen para el acuerdo. Es necesario, efectivamente, tender la mano desde el Gobierno y los partidos constitucionalistas y sobre todo conseguir inculcar en esa masa social que sigue a pie juntillas a los líderes separatistas que es posible conseguir más autogobierno, mejor financiación… sin romper España, el Estado de derecho y violentar la Constitución y el Estatuto de Autonomía.
La sociedad catalana, al igual que la española, necesita pasar página y abrir un nuevo capítulo que sea epílogo de esa división, desaliento y incertidumbre que están perjudicando la convivencia, la paz social, la estabilidad política, la imagen de Cataluña y España y además lastrando seriamente la economía y la prestación de servicios.