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Aprobadas las bases para Ayudas en Inversiones Municipales

S.S.
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El Pleno de la Diputación aprueba las bases del Plan de Ayudas para Inversiones Municipales que contempla un presupuesto superior a los ocho millones y medio de euros en los pueblos de la provincia

Aprobadas las bases para Ayudas en Inversiones Municipales

El Pleno ordinario del mes de enero en la Diputación de Segovia ha vuelto a comenzar con un minuto de silencio por las mujeres víctimas de la violencia de género registradas en el último mes y ha tenido entre sus asuntos de mayor relevancia la aprobación de las bases Plan de Ayudas para Inversiones Municipales que contempla, en colaboración con los ayuntamientos, un presupuesto superior a los ocho millones y medio de euros en los pueblos de la provincia. De esta manera, la institución provincial duplica en 2022 la partida destinada al PAIM con respecto al pasado año. Además, una de las principales novedades que recogen las bases es la asignación mínima por municipio según el número de habitantes que han aumentado sustancialmente pasando de 8.000 a 13.000 euros en las localidades de hasta 100 habitantes, de 12.000 a 24.000 euros en las de 101 a 500 habitantes, y de 15.000 a 30.000 euros en las de más de 501 habitantes.

Las obras financiables a través de este Plan son el abastecimiento de agua y cambio de redes, el saneamiento, las pavimentaciones, el alumbrado público, la rehabilitación de casas consistoriales y edificios municipales, cementerios, actuaciones de mejora del medio ambiente y otras obras de competencia municipal como las instalaciones deportivas, los parques públicos o la seguridad viaria.

Estas ayudas son compatibles con otras concedidas por otras Administraciones Públicas para la misma finalidad, siempre y cuando el conjunto de todas ellas no sobrepase el 100% del gasto; mientras que son incompatibles para financiar la aportación municipal obligatoria en otros programas de inversión de la Diputación. El plazo de presentación de las solicitudes por parte de los ayuntamientos queda abierto hasta el próximo viernes 4 de marzo. Además, el plazo de presentación de documentos para justificar la subvención finalizará el 31 de octubre de 2022. En la votación, grupo popular y grupo mixto Cs han votado a favor, mientras que el grupo socialista se ha abstenido por considerar "mejorables" estas bases.

 

Plan de Medidas Antifraude

La sesión plenaria ha servido también para aprobar el Plan de Medidas Antifraude de la Diputación de Segovia, por unanimidad de todos los grupos, un documento obligatorio para la gestión de los fondos europeos, que convierte a la institución provincial segoviana en una de las primeras administraciones locales de España en disponer de este Plan. En el Pleno, se ha dado lectura a la Declaración Institucional donde se compromete a luchar contra el fraude, así como adoptar un código ético y de conducta de obligado cumplimiento para los empleados y cargos públicos de la Diputación.

La aprobación de estos documentos supone "un compromiso firme con los estándares más altos en el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, y su adhesión a los más estrictos principios de integridad, objetividad y honestidad, de manera que su actividad sea percibida por todos los agentes que se relacionan con ella como apuesta al fraude y la corrupción en cualquiera de sus formas", tal y como se recoge en el texto. Con este compromiso, "la Diputación persigue consolidar dentro de la institución una cultura que desaliente toda actividad fraudulenta y que facilite su prevención y detección, promoviendo el desarrollo de procedimientos efectivos para la gestión de estos supuestos".

 

Mociones

En esta sesión del mes de enero, el grupo socialista ha presentado tres mociones, mientras que el grupo popular ha presentado dos. Las tres propuestas de los socialistas han sido rechazadas por PP y Cs, mientras que las dos de los populares han salido adelante con los votos en contra del PSOE. La primera de las mociones socialistas relativa a la convocatoria de elecciones, la pérdida de médicos en el Centro de Salud de Arévalo y la construcción de nuevos centros de salud ha salido rechazada por el grupo popular y grupo mixto Cs porque lo que pretende es "destruir, enfrentar, dividir y atacar" tal y como ha señalado la diputada naranja, Noemí Otero. Por su parte, el portavoz popular, José María Bravo ha recriminado que en esta moción "se mezclan churras con merinas para casi obligarnos a no apoyarla porque la convocatoria de elecciones es potestad del presidente de la administración en cuestión, y el tema sanitario está absolutamente solucionado gracias a la gestión del gobierno regional". El diputado socialista, Alberto Peñas ha hablado de "alternativas y propuestas, no de ataques porque es una moción que defiende los intereses de la provincia para que se mantengan las inversiones por parte de la Junta".

La segunda de las mociones versaba sobre la financiación de gastos excepcionales de los ayuntamientos en la lucha contra la propagación del COVID19. Tal y como ha defendido el diputado Samuel Alonso "la Junta de Castilla y León debe hacerse cargo de estos gastos con carácter retroactivo y solicitamos que la Diputación habilite una línea de ayudas de 200.000 euros para ayudas económicas extraordinarios para poder sufragar los sobrecostes que han tenido en estos casi dos años de pandemia". Para Ángel Jiménez "no hay discusión en que tienen que ser otras administraciones como la Junta o el Gobierno quienes sufraguen estos gastos extraordinarios, pero no es menos cierto que la administración regional ya ha colaborado con los ayuntamientos en este tema, mientras que no se puede decir lo mismo del Gobierno de España". Bravo, por su parte, ha recordado también este extremo añadiendo que "la Diputación y la Junta han estado desde el principio al lado de los ayuntamientos, mientras que el Gobierno no está ni se le espera porque prometió un Plan Extraordinario que aún no ha llegado".

Y la tercera, sobre la elaboración de un proyecto con el fin de transformar el sistema asistencial de la Diputación a las personas mayores, financiado con fondos europeos "para innovar en las residencias, pero también en los hogares" tal y como ha expresado el portavoz socialista, Máximo San Macario. Para Noemí Otero "esta propuesta parte del desconocimiento, porque deberían saber que aún no está publicada la convocatoria y no tenemos capacidad de actuar, por eso nosotros actuamos con prudencia". Otero, además, ha basado su rechazo en "cuestiones técnicas". Para Miguel Ángel de Vicente, el señor San Macario "se saca de la manga que esta convocatoria se dirija al ámbito social, asegurando que esta propuesta responde a otros intereses". De Vicente ha afeado "que la terminología que se utiliza en el texto de la moción ofende a los profesionales de los servicios sociales de la institución provincial, porque nosotros estamos a la vanguardia y hace tiempo que superamos ese sistema asistencial del que hablan por un sistema de atención centrado en la persona".

En cuanto a la primera moción presentada por el grupo popular sobre las declaraciones realizadas por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, en relación al sector ganadero cárnico, en la que exige la rectificación inmediata del Gobierno y el cese del ministro; el partido socialista ha presentado una enmienda a la moción, que han respaldado tanto PP como Cs, aunque finalmente no ha prosperado porque el viceportavoz socialista, José Antonio Mateo no ha aceptado sumar su propuesta a los puntos presentados por el PP porque "su único objetivo es pedir la dimisión del señor Garzón". José María Bravo ha defendido que "gracias a los ganaderos somos la España no vaciada, unos ganaderos que por cierto cumplen escrupulosamente con las medidas estrictas sanitarias y de control que marca la Unión Europea", mientras que el portavoz de Cs, Ángel Jiménez ha considerado "inadmisibles las declaraciones del ministro y necesaria su reprobación".

Por último, la propuesta popular sobre los controles poblacionales del lobo y el pago, por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, de los daños causados por sus ataques a explotaciones ganaderas, ha sido también enmendada por el grupo socialista, incluyendo que también la Junta de Castilla y León afronte esos gastos "según las competencias de cada uno", tal y como ha defendido el diputado socialista, Borja Lavandera. Este punto que ha sido rechazado por los otros dos grupos, haciendo bueno el texto primigenio presentado por los populares.