Ni siquiera en apelación ha conseguido el Ayuntamiento de Segovia librarse de responsabilidad por las rentas de alquiler impagadas y los daños ocasionados en una casa por una usuaria de sus servicios sociales. La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 69 de Madrid y ha condenado al Consistorio a abonar 32.185,60 euros. Un fallo que ha acordado cumplir la Junta de Gobierno Local, que tramitará la aprobación del gasto mediante una resolución de la Alcaldía. Sin embargo, no comparte los argumentos del tribunal respecto a un procedimiento que tiene su origen en 2011.
Ese año una usuaria de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento alquiló una casa en Madrid con una ayuda económica del Consistorio segoviano. «Era una víctima de violencia de género y se tomó la decisión de llevarla a Madrid», explica ahora la concejala de Servicios Sociales, Ana Peñalosa. Sin embargo, dejó de pagar el alquiler. El 18 de mayo de 2018 se produjo su lanzamiento de la vivienda después de que los propietarios trataran previamente de resolver el contrato de arrendamiento y la inquilina se negara. Además, presentaron una demanda por las rentas y gastos de suministros que no había pagado –que se remontaban al 12 de abril de 2016– y por los desperfectos ocasionados.
Estos fueron valorados por la sentencia en 15.000 euros y comprendían albañilería, carpintería interior y exterior, fontanería y electricidad. «El Ayuntamiento siempre ha defendido que el contrato de arrendamiento lo firmaron en su momento los propietarios y la inquilina, pero los tribunales no lo han entendido así», destaca la concejala de Servicios Sociales, quien indica también que la arrendataria se benefició del programa de realojo, del Ayuntamiento de Segovia, y disfrutó de una ayuda económica.
Este es uno de los mecanismos que tiene el Consistorio para prestar asistencia a personas en situación de emergencia social. También cuenta con sus propias viviendas para atender estos casos. 121 hogares están acogidos a sus programas y Peñalosa asegura que son «puntuales» los que protagonizan hechos similares a los recogidos en la sentencia. Aun así la propia edil de Servicios Sociales indica que tienen previsto iniciar un nuevo seguimiento de las rentas impagadas en los alquileres sociales. Actualmente en vía judicial hay otro procedimiento.
REPARACIONES. «Hay alguna vivienda que necesita reparaciones pero que depende de la comunidad de propietarios. Estamos pendientes de que se resuelvan los problemas en la comunidad de propietarios para poder iniciar obras. Surgen cuestiones de fontanería que afectan a las viviendas pero que quienes las tienen que reparar son las comunidades de propietarios y hasta que no lo hagan nosotros no podemos abrir la vivienda», remarca Peñalosa. Dentro de su red de protección a familias en situación de vulnerabilidad, el Ayuntamiento también proporciona una distribución coordinada de alimentos y orientación y asesoramiento en diferentes ámbitos y especialmente en el laboral.
En el caso de la sentencia condenatoria recibida, el Consistorio no descarta emprender acciones contra la inquilina. «En principio no lo tenemos previsto pero, como la sentencia es un poco reciente, todavía no hemos valorado esa posibilidad», concluye la edil de Servicios Sociales. Las vías judiciales para recurrir el fallo recibido se encuentran agotadas.