El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha elevado a un total de 4.867.479,43 euros la indemnización del Ayuntamiento de Segovia a la antigua concesionaria del parking de José Zorrilla, la unión temporal de empresas (UTE)Collosa-Pygsur. La mayor parte ya la pagó años atrás, 3.626.814,33 euros que aprobó en 2017 por ser esa la cantidad resultante de un cálculo que encargó la Administración local a una consultora privada, GRM Audit. Sin embargo, ya en 2019 la Justicia elevó la indemnización a 4.753.820,06 euros; y ahora, a través de una nueva sentencia dictada con fecha 4 de febrero de 2022, pero no conocida hasta este jueves, suma 113.658,37 euros más.  

Esta última resolución se debe a un nuevo recurso que presentó Collosa-Pygsur el año pasado por discrepar respecto a la fecha que se estaba tomando como referencia para calcular el lucro cesante que le correspondía por no haber seguido explotando el aparcamiento entre 2017 y 2052,  el periodo que le quedaba de contrato cuando se rescindió. Y el juez ha aceptado los argumentos de la concesionaria, de forma que «la cantidad a la que procede condenar al Ayuntamiento de Segovia es el abono de 1.240.665,10 euros, en lugar de la indicada en el auto apelado de 1.127.005,73», tal y como recoge en el fallo judicial, en referencia a la cantidad que quedaba pendiente de abonar.

El conflicto al que ahora apunta a ponerse fin definitivamente viene de muy lejos. De hecho, el parking de José Zorrilla sólo llevaba dos años abierto cuando, en agosto de 2007, la UTE presentó una primera petición de reequilibrio económico-financiero de la concesión por no cubrir las expectativas fijadas por contrato. La solicitud se repitió en 2009 y en 2013, no hubo acuerdo y la concesionaria pasó a pedir la rescisión de contrato, pero el Ayuntamiento no la aceptó. Así terminó denunciado y el TSJ ya falló a favor de Collosa-Pygsur en 2016 por considerar que la Administración había incurrido en incumplimiento de contrato al conducir a la concesionaria a «un déficit de explotación insostenible». Principalmente, por la «competencia desleal» que le supuso que el Ayuntamiento permitiera, e incluso promocionara, la posibilidad de aparcar gratis a menos de 100 metros, en la campa del Regimiento, terrenos a los que la normativa urbanística sólo concedía uso deportivo. Mermó la capacidad de rentabilizar el aparcamiento, provocando a su vez las reiteradas demandas de reequilibrio económico.

El juez condenó ya entonces al Ayuntamiento con la declaración de la resolución del contrato y le instó a abrir la fase de liquidación, que terminó judicializada después de que la concesionaria tomara la decisión unilateral de dejar el aparcamiento en febrero de 2018 por el perjuicio que le causaba seguir esperando que la Administración moviera ficha.

El Ayuntamiento decidió no sacar a licitación otra vez el parking, asumió su gestión y lo reabrió por completo en mayo de 2019, cuando para entonces ya llevaba más de tres años con las plazas de rotación cerradas por el conflicto.

Hoy el parking funciona mejor que en aquella etapa, pero la factura ronda los cinco millones, sin contar el dinero invertido en mejoras y arreglos de desperfectos.