El miedo al fracaso lastra la iniciativa de emprender

David Aso
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Castilla y León es la última Comunidad en percepción de oportunidades por parte de sus habitantes para abrir un negocio y la sexta en miedo al fracaso, según detalla el informe GEM sobre emprendimiento

Espacio de trabajo compartido o cooperativo (coworking) de Valladolid. - Foto: Jonathan Tajes

La baja percepción de oportunidades es el mayor enemigo del emprendedor de Castilla y León. Más grande incluso que las propias condiciones que ofrece la Comunidad para lanzarse, según se deduce del último informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor), principal referencia nacional para analistas y servicios de estudios cuando se trata de analizar este aspecto de la actividad económica.

En su publicación más reciente, editada en 2021 con datos de 2020, Castilla y León ocupa la última posición dentro del ranking sobre percepción de oportunidades, encabezado por Cataluña y Galicia. Sin embargo, es quinta en el de autoreconocimiento de conocimientos y habilidades para emprender. Es decir, que uno se siente preparado, pero no ve opción en su entorno.

De hecho, Castilla y León también es última en el informe GEM respecto a la percepción de que emprender sea una buena opción profesional. Y en la clasificación de miedo al fracaso, sólo hay cinco comunidades que la superen: Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y País Vasco. Por otro lado, resulta ser Castilla yLeón la que lidera la tabla sobre el porcentaje de emprendedores (más del 40%) que conoce personas de entre 18 y 64 años que cerraron o crearon una empresa a lo largo de 2020, en plena pandemia.

No obstante, lo cierto es que su ecosistema emprendedor, sin ser valorado por los expertos entre los mejores, tampoco se sitúa lejos de la media de España. El informe GEM lo mide a través del denominado Índice de Contexto de Emprendimiento Nacional (NECI), que representa un promedio de los doce indicadores evaluados por grupos de expertos entrevistados en cada Comunidad o ciudad autónoma, y Castilla y León obtiene un 4,4 sobre 10, ligeramente por debajo del conjunto del país (4,7) o de Europa (4,6).

Ecosistemas autonómicos

Cataluña (5,2), La Rioja (5,1), País Vasco (5), Murcia (5), Comunidad Valenciana (5) y Navarra (4,9) son las seis que superan la media nacional. Justo por debajo van Galicia, Extremadura y Castilla-La Mancha. Y a continuación, un grupo de cinco con la misma puntuación (4,4) y en este orden: Andalucía, Madrid, Aragón, Castilla y León y Melilla (4,4). Quedan así por detrás Asturias, Canarias, Baleares, Cantabria (4) y Ceuta (3,9).

En cuanto a las notas de cada uno de los doce indicadores que componen el NECI, Castilla y León mejora la media española en tres de ellos:políticas gubernamentales relativas a burocracia e impuestos (obtiene un 4, frente al 3,9 nacional); educación y formación emprendedora escolar (3,1 frente a 2,2); y acceso a infraestructuras y servicios (6 frente a 5,9).

En los nueve indicadores restantes queda por debajo de la media, aunque en la línea de comunidades como Aragón, Madrid o Andalucía: financiación para emprendedores (4 para Castilla y León, frente a 4,4 para el conjunto del país); políticas gubernamentales de prioridad y apoyo (3,9 y 4,6); programas gubernamentales de emprendimiento (4,8 y 5,7); educación y formación emprendedora postescolar (4,7 y 5,1); transferencia de I+D (4 y 4,8); acceso a infraestructura comercial y profesional (5,4 y 6,5); dinámica del mercado interno (4,1 y 4,5); barreras de acceso al mercado interno (4,4 y 4,5) y normas sociales y culturales (4,2 y 4,3).

Por otro lado, fuera ya del informe GEM, el Consejo Económico y Social de la Comunidad recoge en su memoria publicada en 2021 los datos del Instituto Nacional de Estadística relativos al gasto público en I+D en proporción con el Producto Interior Bruto en 2019, último ejercicio prepandemia, y Castilla y León es quinta gracias a su sector empresarial, sólo por detrás del País Vasco, Madrid, Navarra y Cataluña. Pero queda penúltima, sólo por delante de Castilla-La Mancha, en la parte del gasto de las administraciones públicas.