El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica hoy una orden por la que se establece un máximo de 1.188 millones de operaciones de endeudamiento a largo plazo para 2022 para la Junta, según la autorización la semana pasada por parte del Consejo de Ministros.

De hecho, la comunidad cuenta con la posibilidad de formalizar operaciones de deuda a corto y largo plazo, por un máximo de 2.288 millones de euros. De ellos, 1.188 serán a largo, para atender las necesidades financieras de 2022, de las que la mayor parte se destinarán a financiar las amortizaciones de deuda a largo plazo del ejercicio; y otros 1.100 a corto, destinados a atender necesidades transitorias de tesorería en este año.

Todas estas autorizaciones podrán amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2022.

Por lo que respecta a las primeras, deberán de ser en la modalidad de bonos u obligaciones, en euros y con procedimiento de subasta competitiva, emisión pública o colocación privada. El importe mínimo de cada referencia deberá ser de 10 millones de euros y un plazo de hasta 50 años desde la fecha de emisión. Como es habitual, el pago de los intereses y reembolso de la deuda emitida se realizarán de conformidad con los mecanismos establecidos en el convenio de colaboración firmado entre el Banco de España y la Comunidad de Castilla y León.

Estas autorizaciones se efectúan en cumplimiento del artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).