La relación de los partidos nacionalistas con los episodios de violencia separatista siempre ha tenido como principal característica la ambigüedad. Así se comportó el PNV en la época más dura de ETA, cuando condenaba con la boca pequeña los atentados a policías, militares o guardias civiles y organizaba actos de protesta cuando los fallecidos eran afines a sus ideas; al tiempo que su entonces presidente Xabier Arzallus, dejaba para la posteridad aquello de «unos mueven el árbol y otros cogemos las nueces». Ahora tenemos también la oportunidad de comprobar esa postura cuando el presidente de la Generalitat, Quim Torra, aboga por la protestas pacíficas, pero es incapaz de condenar los altercados que noche tras noche convierten el centro de Barcelona en una batalla campal y lanzando al exterior una imagen de la Ciudad Condal que va a costar mucho tiempo levantar. 

Si de algo ha servido padecer durante tanto tiempo el terrorismo en nuestro país es para convencernos de que la violencia nunca puede ser el camino para defender una idea. Quienes la utilizan quedan desautorizados desde el minuto uno, aunque sus argumentos pudieran ser válidos. Del mismo modo, quienes se alinean con ellos o no condenan sus actos de forma clara y contundente quedan automáticamente invalidados para representar a un colectivo, a menos que este esté dispuesto a situarse fuera de la Ley y del Estado de Derecho.

Torra tiene la obligación moral, como presidente autonómico de todos los catalanes, de emitir un comunicado oficial en el que exprese su total repulsa por los altercados y conmine a los violentos a cesar en su  asedio. Si no lo hace y sigue amagando, demostrará de qué lado está en realidad y el Gobierno tendrá entonces que actuar con rotundidad, firmeza y proporcionalidad a este comportamiento sin parangón en una democracia europea. Y debe contar para ello con el apoyo claro y sin ambages del resto de partidos de la oposición, por más que estemos a menos de un mes de las próximas elecciones generales. 

Sánchez ha optado por la indiferencia para demostrar la frontera entre alentar a la protesta y ser cómplice de la violencia. Se niega a mantener ningún tipo de contacto con Torra hasta que no haga público su rechazo a estos episodios de guerrilla urbana, al tiempo que el ministro del Interior, Grande-Marlaska, vuelve a reiterar la necesidad de que condene los altercados para que el presidente de la Generalitat vuelva a ser un interlocutor válido. Esta estrategia, sin embargo, no puede continuar en el tiempo porque eso rearma a los independentistas violentos. Ha llegado el momento de actuar de forma progresiva con todos los instrumentos que prevé la Constitución. Incluso con el 155 si fuera necesario.