La mediocridad suele provocar conflicto y, siempre, bochorno. Lo sabemos los españoles, invadidos por una ola de mediocres en la política y lo que no es la política, que ha creado más problemas en lugar de solucionar los existentes.

La fiscalía suiza acaba de dar una importante bofetada a la española. Más que a la fiscalía en general, es obligado cargar las tintas en la Fiscal General, que nunca debió ser nombrada por motivos políticos, como lo fue, utilizando su despacho a conveniencia de Moncloa. Ha tomado decisiones muy cuestionadas en el propio Consejo de Fiscales, no le ha importado tomar determinadas decisiones que demostraban claramente su inclinación a favorecer los intereses del Ejecutivo y, aún más grave, a favorecer los intereses profesionales de su pareja, el juez Garzón.

El último desatino en la fiscalía está relacionado con la situación del Rey Juan Carlos, cuya causa ha sido archivada en Suiza por el fiscal Bertossa, que no ha encontrado pruebas de que la donación del rey saudí a D. Juan Carlos hace años fuera una comisión por el ave. Nadie con dos dedos de frente podía relacionar una cosa con la otra. Primero, porque las comisiones las dan quienes reciben la ejecución de una obra, no quien la encarga y financia. Segundo, porque la donación se produjo años antes de que estuviera en marcha el proceso de contratación del ave.

Que hay irregularidades en los dineros del Rey Juan Carlos no lo discute nadie, él mismo procedió a regularizar su situación con Hacienda. Tampoco hay duda de su poco ejemplar vida privada. En algún momento tendrán que aclararse qué hay de verdad en las informaciones sobre sus idas y venidas de dinero a paraísos fiscales con utilización de testaferros, porque algunos de los episodios que se han contado pueden ser ciertos pero otros no lo son y tendrán que asumir responsabilidades aquellos que las han difundido. Empezando por Corinna Larsen, que al despecho ha sumado que su ruptura con D. Juan Carlos le ha supuesto la ruptura también con personas del mundo de los negocios internacionales con los que había establecido importantes contactos.

Los fiscales españoles del caso determinaron archivar las investigaciones contra D. Juan Carlos, pero desde "arriba" se les indicó que aplazaran el archivo durante seis meses más para esperar la decisión de Bertossa. Que se sabía que era inminente, prácticamente redactada. Lo que pertenece al secreto del sumario es si Delgado recibió indicaciones de aún más arriba para prolongar la situación de D. Juan Carlos, o fue decisión suya a sabiendas de que en el seno del gobierno no hay exceso de simpatía hacia la monarquía y mucho menos hacia D. Juan Carlos, al que utilizan para arremeter contra la Corona y contra su hijo D. Felipe. La prueba, la reacción de los miembros del gobierno que se han pronunciado sobre el archivo de Bertossa. Pura hiel.

Los fiscales españoles no merecen esta chapuza.