El informe sobre bienes inmatriculados por el artículo 206 de la Ley Hipotecaria, desde 1998 a 2015, hecho público por la  Secretaría General de la Conferencia Episcopal Española (CEE), recoge un total de 407 en la Diócesis de Segovia, de los cuales 81 registran alguna incidencia. 

No obstante, esta cifra se reduce a 79, ya que, por un lado, existe una duplicidad en un inmueble en Revenga, la iglesia de este barrio incorporado a la capital, y, por otro, el cambio de titularidad por una venta en La Higuera. Ambas anomalías han quedado ya subsanadas.  

Sin contar con aquellos bienes en los que hay ausencia de datos para identificar, la CEE reconoce ya un total de 326 en Segovia.  

Edificio del Seminario donde también se encuentran actualmente las dependencias del Obispado, entre otras. - Foto: Rosa BlancoDurante un encuentro, esta semana,  entre los presidentes de la CEE y cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y del Gobierno, Pedro Sánchez, la Iglesia española sostuvo  no tener constancia de ostentar la titularidad de unos 1.000 de los 34.961 bienes inmatriculados que aparecen en el listado hecho público por el Gobierno hace casi un año, en febrero de 2021, informa Europa Press.

Castilla y León, con 10.243, es la autonomía con más bienes inmatriculados.  Por provincias, la iglesia inmatriculó 2.012 bienes en León; 1.944 en Burgos; 1.613 en Zamora; 1.564 en Soria; 946 en Palencia y Salamanca, 696 en Ávila; 407 en Segovia y 115 en Ávila.

En un comunicado, el Obispado  dice textualmente que «en cuanto a los 79 inmuebles restantes de los que faltan datos para identificar, la Diócesis de Segovia ya comunicó esto mismo en su momento como respuesta a la solicitud que se hizo por parte de la CEE». En muchos casos, los bienes atribuidos por el informe son difícilmente localizables y en otros no consta certificación de inscripción por parte de la Diócesis. «No obstante, se estudiará nuevamente cada caso para aportar una solución adecuada», matiza la nota.

Según ha señalado a este periódico el vicario general, Ángel Galindo García,  «no quiere decir que el Obispado o las parroquias hayan inmatriculado bienes que no son propios, sino que  faltan datos para identificar; en algunos casos no tenemos documentación que demuestren que el Obispado haya registrado algunos bienes que aparecen en la lista (...) hay algún caso que ya está resuelto porque dichos bienes se han enajenado». Ángel Galindo añade que se estudiará caso por caso para resolver las incidencias: «Si hay casos en los que existe algún error o inmatriculación errónea el Obispado esta dispuesto a su corrección; en las inmatriculaciones incompletas el Obispado seguirá el proceso normal de registro de los bienes propios», argumenta el vicario. 

regularización. La previsión es que el Gobierno ponga en conocimiento de las entidades locales y de los registros esta información y se puedan, de este modo, iniciar los procesos de regularización que, en su caso, pudieran corresponder, según un comunicado conjunto de la CEE y la Moncloa. Además, la Iglesia ha manifestado su compromiso de colaboración a fin de facilitar tales procesos. El Ejecutivo se pondrá en contacto con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para trasladarle esta información.

El ecónomo diocesano, Rafael de Arcos Extremera, en línea con el vicario, ha manifestado a EL DÍA la intención de la Diócesis de «actuar con transparencia, mirando una por una [cada inmatriculación que presente incidencias], atender a las demandas, colaborar con las instituciones, ayuntamientos y particulares; debemos de partir con esa actitud y dejar a cada uno lo suyo». 

De Arcos cree que no se ajustan a la realidad, por ejemplo, inmatriculaciones en Carrascal del Río, donde aparecen seis edificaciones, cinco de una planta y una de dos, así como una finca rústica,  y en Perrorubio [perteneciente a Sepúlveda], con quince edificios de una planta y un solar sin edificar. A su juicio «parece que el pueblo es nuestro, eso imposible, está mal, por lo que es preciso revisar todo».

El ecónomo ha aprovechado para despertar el interés de la sociedad por el mantenimiento de las iglesias y el patrimonio histórico que, en estos momentos, supone un gasto importante para el Obispado. La protección y mantenimiento del patrimonio y de casas parroquiales continúa siendo uno de los pilares fundamentales, de ahí que suponga uno de los mayores desembolsos de las arcas diocesanas: 2.083.087,03 euros, en 2020.    

El asunto de las inmatriculaciones se remonta al año 1998, cuando el entonces presidente del Gobierno José María Aznar llevó a cabo una reforma de la Ley Hipotecaria, por la que se suprimió la prohibición de inscripción de los templos destinados al culto católico.

De esta forma, desde 1998 hasta 2015 la Iglesia católica española tuvo la posibilidad de inmatricular bienes, es decir, registrarlos por primera vez, de acuerdo a un procedimiento especial. Si bien, en 2015, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, se derogó este sistema y la Iglesia dejó de tener esta posibilidad.

Del listado de bienes que se deben someter a estudio en Segovia hecho público por la CEE destacan principalmente pisos y algunos solares pero pocos vinculados con la actividad eclesial,   excepto fincas urbanas con destino religioso en El Espinar y Escobar de Polendos, el cementerio de Carrascal del Río o el 'huerto curato' en Arahuetes.  También figura la casa parroquial rectora de Espirdo, un edificio de una planta con destino religioso en Martín Muñoz de las Posadas y otros dos en Santiuste de Pedraza, 

Arahuetes, Boceguillas, Carrascal del Río, Cerezo de Arriba El Espinar, Matabuena y  Perorrubio son algunos de los municipios donde se encuentran muchas de las inmatriculaciones puestas en duda.

El Obispado segoviano ha recordado que, en su momento, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, subrayaba que «las inmatriculaciones que ha hecho la Iglesia católica se han producido al amparo de una situación legal». 

En su comunicado sostiene que de estas palabras se desprende que «el Gobierno reconocía que la Iglesia ha inmatriculado sus bienes conforme a la legalidad». 

Asimismo, la Diócesis de Segovia ha expresado su intención de mantener su «colaboración con las instituciones públicas y remarca que no pretende poner a su nombre nada que no le pertenezca». Aunque los datos oficiales son los que publica ahora la CEE, en su página web, el Obispado de Segovia tiene colgada una lista de un total de 731 bienes inmuebles inmatriculados desde 1998 hasta 2015, donde aparecen un buen número de iglesias y ermitas, incluso la Catedral de Segovia, el Santuario de El Henar, en Cuéllar, la iglesia de San Eutropio o la ermita de El Caloco, en El Espinar, así como numerosas fincas. 

El ecónomo reconoce que esa relación «no está actualizada, muchas tierras, más de un centenar,  han sido vendidas y otras están duplicadas, también figuran iglesias como inmatriculadas que estaban registradas anteriormente, purgaremos las que están mal y lo pondremos bien para que los datos coincidan con los actuales». Por ejemplo, señala que figura la ermita de Bernardos, que  no es del Obispado, después de que  el Juzgado de Santa María la Real de Nieva declarara como titular al Ayuntamiento de la localidad, quien había interpuesto una demanda en 2014 contra la inmatriculación, y hay una propiedad  en Cuevas de Provanco que no es de la Iglesia. 

Hace un año, el Ayuntamiento de El Espinar anunció que investigaba la propiedad de las ermitas del Cristo del Caloco y de la Soledad. «Hemos estado en conversaciones con las cofradías que las utilizan y a ver qué documentación tienen», explicó entonces su alcalde, Javier Figueredo (PP), acerca de esos dos elementos patrimoniales que figuraban entre los bienes inmatriculados.