La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades avanza en la tramitación de la futura ley de apoyos al proyecto de vida de las personas con discapacidad, norma cuya elaboración se inició en la pasada legislatura y que se quedó en el cajón con el adelanto electoral. En este nuevo mandato, forma parte de las iniciativas legislativas de 2023, una vez que el Consejo Económico y Social (CES) ha emitido su dictamen, en el que pide combatir "los abusos" y la "violencia", especialmente, sobre las mujeres jóvenes y niñas con discapacidad.
El texto, una de las tareas del departamento de Isabel Blanco para este año, junto al cheque bebé, ya pasó por el Consejo de Gobierno de la Junta en diciembre de 2020 como una ley "novedosa y pionera", según dijo la consejera entonces, puesto que daba un nuevo paso hacia la "autodeterminación" de las personas con discapacidad para lo que se propone un servicio de apoyo técnico, pero también garantizando, para que una vez que fallezcan sus progenitores o cuidadores, sigan recibiendo la atención que precisan.
Consensuada con el CERMI de Castilla y León, la nueva norma fue sometida también a consulta pública en el portal del Gobierno Abierto de la Junta hasta noviembre de 2021, si bien la convocatoria de elecciones autonómicas frustró su llegada a las Cortes, un camino parlamentario que ahora se va despejando, si bien sigue pendiente la aprobación del proyecto de ley por el Consejo de Gobierno de PP y Vox.
La ley, que nace del compromiso de la Junta por hacer posible el derecho de las personas con discapacidad a una vida independiente y su plena inclusión en la sociedad, reconoce como derecho subjetivo el servicio de apoyo para la activación del proyecto de vida, que se define como prestación esencial dirigida a ofrecer acompañamiento técnico a aquellas personas que por dificultades de carácter funcional o psicosocial precisen de apoyos para promover su autonomía personal, participación social y desarrollo de su proyecto de vida.
El CES ve necesario, sin embargo, que todos los poderes públicos se coordinen adecuadamente, garantizando la utilización "efectiva y eficiente" de todos los recursos disponibles para lograr que en las diferentes etapas del ciclo vital de las personas con discapacidad no se generen situaciones de "riesgo o incertidumbre". Para ello, pide que se aclare los supuestos en los que las prestaciones se considerarán "esenciales" en Castilla y León.
Por tanto, como recomendación, plantea la aprobación, "a la mayor brevedad posible", de un nuevo Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las personas con Discapacidad, en el que se incluyan las actuaciones y medidas reconocidas en esta nueva ley. Además, considera "imprescindible" que se concrete y defina el servicio de asistencia personal, así como las diferentes tipologías profesionales que han de prestar dicho servicio, para evitar "situaciones precarias" que acarrearían a juicio del Consejo "inestabilidad en el servicio".
Mayores y medio rural
Por otra parte, el CES propone a Familia que preste una "atención especial" a las personas con discapacidad que residan en el medio rural, sea cual sea su edad. En el caso de los mayores, destaca la necesidad de invertir en programas de envejecimiento activo, que fomenten la actividad de estas personas para favorecer el mantenimiento de las capacidades físicas, intelectuales y cognitivas y, evitar situaciones de dependencia.
Finalmente, plantea fomentar la inserción laboral de personas con discapacidad, ya que entiende que impulsar su autonomía. Para ello, cree que es prioritario disponer de apoyos "reales, suficientes e individualizados" en el ámbito educativo, laboral, social, sanitario, deportivo o en el acceso a la información y la comunicación o los bienes y servicios.