Una generación de jóvenes segovianos no ha tenido acceso a una vivienda de protección oficial (VPO). Las últimas de este tipo en Segovia se terminaron de construir en 2013 y todavía tendrán que pasar al menos unos meses hasta que sean realidad las cien que ha prometido la Junta de Castilla y León para alquiler social en unos terrenos junto a la Carretera de Valdevilla cedidos por el Ayuntamiento. Casi una década sin políticas de vivienda en este sentido en nuestra ciudad que es consecuencia del «abandono» de la Junta hacia Segovia y de la «inacción» del Ayuntamiento, en opinión del concejal de Podemos, Guillermo San Juan.

Alrededor de 2.000 personas se interesaron por las 132 VPO que se construyeron entre 2010 y 2013  cerca de la Plaza de Toros gracias a la puesta en el mercado de suelo municipal por parte del Ayuntamiento. La empresa municipal de vivienda, Evisego, adjudicó a Vposegovia.com (una unión de empresas formada por Lagunketa SA y Prehorquisa) las obras de esta promoción desarrollada en un edificio de dos sótanos, planta baja y tres plantas altas más un ático en una manzana rectangular abierta por sus vértices, con un gran espacio urbanizado en su interior y trasteros, 234 plazas de garaje y 2.400 metros cuadrados de locales comerciales. La mayoría de las viviendas eran de tres dormitorios, su superficie variaba entre 67 y 117 metros cuadrados y el precio se situaba en torno a unos 150.000 euros.

Fueron un éxito. En el sorteo para adjudicarlas que se celebró en 2010 hubo muchos más candidatos que afortunados que consiguieron finalmente hacerse con una de ellas. Sin embargo, ni el Ayuntamiento ni la Junta han vuelto hasta ahora a liderar una iniciativa similar. Al recibir el suelo de la promoción del sector de la Plaza de Toros, Vposegovia.com también adquirió el compromiso de construir otras 88 viviendas en cinco parcelas situadas en la zona de Baterías. Pero los anuncios sobre la inminente entrada de las máquinas para trabajar sobre el terreno se han ido sucediendo uno tras otro a lo largo de la última década sin que se haya removido un gramo de tierra.
Según ha informado 'El Norte de Castilla', el Ayuntamiento contempla ya nuevos usos para ese entorno y sancionará por incumplir el contrato a la empresa, que desistió del proyecto al verse abocada a un importante desembolso económico para rebajar la roca existente y nivelar la zona.

La construcción de VPO en Segovia lleva paralizada desde 2013

El Ayuntamiento tiene sobre la mesa otros dos proyectos para construir VPO en la ciudad. Uno es el del antiguo Regimiento. El pleno municipal aprobó este pasado verano de forma provisional la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que afecta a la zona sur de esos viejos terrenos militares, en la actualidad sin uso y abandonados. Es la ordenación de 13.000 metros cuadrados para uso residencial –con 127 viviendas, de las que 57 serán de promoción pública–, 1.500 metros para uso comunitario y 5.000 para un equipamiento público.

La otra iniciativa municipal en ciernes es la vinculada al antiguo parque de bomberos, en la avenida Padre Claret. El Plan Especial de las Áreas Históricas (Peahis) contempla el Área de Ordenación Específica denominada Padre Claret-Bomberos, cuyo objetivo es la reordenación de ese entorno a través de la construcción de un nuevo vival que comunicará la avenida Padre Claret y la calle Bomberos y la sustitución del edificio del antiguo parque de bomberos por otro con más de medio centenar de viviendas.

La Junta de Castilla y León prometió hace dos semanas la construcción de cien viviendas para alquiler social  en la Carretera de Valdevilla, junto al edificio del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Cofinanciada con fondos europeos Next-Generation, la inversión prevista ascenderá a 8,9 millones de euros y permitirá la construcción de unas casas que estarán destinadas principalmente a jóvenes y que tendrán unos 60 metros cuadrados útiles con dos dormitorios y espacios comunes destinados a lavandería, coworking, aparcamiento de bicicletas y una cubierta para ocio y esparcimiento. Además, la propia Administración autonómica está construyendo –en este caso para su venta– dos promociones de 31 viviendas en Sanchonuño (veinte) y en Carbonero el Mayor (once).

Sin embargo, Podemos ha reprochado al delegado territorial, José Mazarías, la ausencia de desarrollo residencial de Las Lastras. «¿Por qué en vez de anunciar cien nuevas viviendas en una parcela de otra administración no cumple con su responsabilidad de construir las 360 viviendas previstas en el sector de Las Lastras, que es propiedad de la Junta y ahora mismo no es más que un enorme descampado? No hace falta ser un experto inmobiliario para llegar a la conclusión de que si la Junta asumiera su responsabilidad desarrollando la promoción prevista en sus terrenos de Las Lastras de 360 nuevas viviendas y a eso se sumara otra actuación paralela del Ayuntamiento en la parcela cercana al INSS, el impacto sobre la situación del acceso a la vivienda en nuestra ciudad, sobre los precios de compra y alquiler y la disponibilidad de vivienda nueva, sería mucho mayor», ha señalado el concejal de la formación morada, Guillermo San Juan.

En el último pleno municipal, celebrado el pasado 2 de diciembre, PSOE e IU presentaron una moción conjunta –que fue aprobada con el apoyo también de Podemos y Ciudadanos y la abstención del PP– para instar a la Junta a que desarrolle el Plan Estatal de Vivienda. «La Junta de Castilla y León ha decidido dejar sin fondos varios de los programas de viviendas incluidos en el convenio, como son el de erradicación de zonas degradadas, el pago del seguro de protección de la renta arrendaticia, el destinado al modelo de viviendas intergeneracionales, el relativo a la puesta a disposición de viviendas de propiedad del Sareb y el que más afecta a ciudades como la nuestra: la puesta a disposición de los ayuntamientos de viviendas para alquiler asequible o social», subraya la moción. Del fracaso del plan para Baterías, ni una palabra. Igual que el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, José Mazarías, no ha atendido a esta redacción para responder a las críticas de Podemos respecto a la paralización del desarrollo de Las Lastras.

El presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Segovia, Miguel Tovar, atisba una explicación a la ausencia de desarrollo de Las Lastras. «Las Lastras no tiene pavimentación, no tiene aceras, no tiene luz y no tiene agua y eso tiene un coste que sería bastante alto para luego vender o alquilar esas viviendas como VPO porque luego para estas hay que fijar un precio que está limitado por ley. Para un constructor es muy complicado meterse ahí a no ser que le dejen el suelo muy barato y pueda asumir el coste», apunta Tovar.

Para el comprador, el mercado de la vivienda protegida también ha dejado de ser tan atractivo en comparación con la vivienda libre. El precio del metro cuadrado en la vivienda protegida se situaba en 982,60 euros en la provincia de Segovia en el primer trimestre de 2016 –el último periodo del que publica datos en este ámbito sobre nuestra provincia el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana–, mientras que el precio del metro cuadrado en la vivienda libre era en el tercer trimestre de este año 1.030,40 euros.

El concejal de Podemos, Guillermo San Juan, insiste en la necesidad de que haya promociones públicas. «El abandono de la Junta y la inacción del Ayuntamiento han hecho que la única política de vivienda en Segovia sea la de las inmobiliarias y la de los grandes propietarios y que seamos la capital con los alquileres más caros. Cuando las administraciones promueven alquileres más asequibles, esa mayor oferta hace que los precios sean más razonables», argumenta. Para Soledad Sacristán, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Segovia, «la emergencia habitacional ya es tremenda». Según los datos que facilita, más de 150 familias segovianas se encuentran a la espera de poder acceder a un alquiler social. «Y algunas llevan dos años esperando. La situación actual es paupérrima con la cantidad de demanda que hay. El Ayuntamiento tiene viviendas sociales, pero no las ha aumentado en este mandato, y no sabemos en cuánto tiempo se van a hacer las que ha prometido la Junta ni qué hay detrás del anuncio hasta que se haga realidad», remarca Sacristán.