El severo castigo que el electorado otorgó a Ciudadanos el pasado noviembre ha dejado a la formación naranja en tal estado de tensión interna que corre el riesgo de encaminarse poco a poco hacia la desaparición. La presencia que la organización mantiene hoy en muchos ayuntamientos y gobiernos autonómicos gracias a los resultados de las elecciones de mayo puede pasar a ser historia si no logra recuperar la esencia de su mensaje transversal y limpio de ataduras que un día le permitió acongojar a los todopoderosos PSOE y PP. Ese peso institucional es el único asidero que tiene Ciudadanos en un momento en el que las encuestas le aproximan a la irrelevancia política. De cómo gestionen ese tempo dependerá en gran medida un futuro que ya se está empezando a jugar con los preparativos de la asamblea nacional de marzo.
Relevantes cargos del partido en Castilla y León confesaban esta semana en una conversación privada que de ese cónclave saldrán o muy vivos o enterrados. Y la razón es sencilla: a diferencia de PSOE y PP, que tradicionalmente han sabido resistir etapas de crisis identitaria y de castigo electoral a la espera de una nueva oportunidad, Ciudadanos se la juega sin red. Estamos en otros tiempos, con otros códigos políticos y otras exigencias y, paradójicamente, quienes más pueden sufrir las consecuencias de ese cambio son aquellos que más hicieron por hacer que eso fuera posible. En esas está la formación que creció a imagen y semejanza de Albert Rivera y que en menos de dos meses debe decidir si se mantiene fiel al férreo presidencialismo que un día le llevó el éxito y otro al fracaso o si acepta las discrepancias en su máximo órgano de gobierno.
La crisis de Ciudadanos tiene Castilla y León entre sus principales escenarios toda vez que fue uno de los territorios más castigados en las últimas elecciones, pero fundamentalmente por la figura de Francisco Igea –crítica con la dirección nacional y cuestionada por la regional– que despunta entre los barones regionales del partido sin que se haya demostrado hasta el momento si para bien o para mal. El proceso de elección de compromisarios para la asamblea de marzo (uno por provincia y otro por cada cien afiliados, entre 25 y 30 en total) será un termómetro importante para saber con qué apoyos cuenta el también vicepresidente de la Junta en su constante guerrilla contra el aparato nacional del partido, que le ha permitido convertirse en un personaje mediático en Madrid. Su último órdago, el de dimitir esta semana de las responsabilidades orgánicas del partido en respuesta a nombramientos de la dirección nacional es toda una declaración de intenciones en consonancia con el interés expresado de presentar candidatura para disputar el liderazgo nacional a Inés Arrimadas si lo estimase necesario. Su posición política actual  es lo suficientemente relevante como para arriesgarla en una partida que no se le presenta fácil. Pocas semanas para salir de dudas y mientras tanto el PP de Alfonso Fernández Mañueco frotándose las manos desde julio. Cada día que pasa, más.