Entre 'Faisaneras' y 'CATs'

D. A.
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La Diputación ha devuelto a la actualidad su palacio de congresos, sin avances desde 2016, con una partida en 2023 para acabarlo. Pero sus precedentes, tormentosos como los del 'edificio tecnológico' del Ayuntamiento, no invitan a dar plazos

En la imagen superior, el edificio del futuro palacio de congresos de La Faisanera; en la inferior, el del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDE), más conocido como el CAT.

El reloj del 'palacio sin congresos' de La Faisanera se paró en el verano de 2016. Es el otro CAT de Segovia, el de la Diputación, aunque la disparidad entre los problemas de uno y otro sean tan grandes como sus desesperantes retrasos. Claro que, a diferencia del proyecto del Ayuntamiento, después de más de seis años sin obras (salvo en el aparcamiento entre 2018 y 2019), y al no haberle pesado incontinencia política en la institución provincial por anunciar planes con plazos a los que dar patadas adelante cada vez que se incumplían, se ha ahorrado protagonizar episodios de expectativas frustradas que relatar y retratar.

No obstante, la Diputación devolvía La Faisanera a la actualidad el 24 de noviembre, al abordar la aprobación inicial de su presupuesto para el próximo ejercicio con una partida de 3,6 millones para rematar el exterior y costear el mobiliario y equipamiento interior del controvertido edificio palaciego (antiguo pabellón de caza del siglo XIX). Una inversión condicionada, eso sí, a que antes se vendan todas las acciones de la sociedad promotora de la finca que lo acoge (Quinta Real, antes Segovia 21), valoradas en 12 millones y con el proceso de traspaso ya abierto. Si no hay venta no habrá obras; si la hay, está por verse qué margen le queda entonces a 2023 para avanzar. Pero, pase lo que pase, suena utópico que se acabe antes de 2024 cuando la obra que resta por hacer puede llevar entre ocho y diez meses, más los tiempos administrativos de concurso y adjudicación, acercándose así al triste récord del CAT, que empezó a construirse en mayo de 2011 con 15 meses de plazo y ahí sigue. Primero por la quiebra de su constructora inicial, Volconsa; y después por la pérdida de la ayuda estatal concedida en 2009 (un millón de subvención y 9,7 de préstamo) debido al retraso que provocó aquello, más los daños colaterales derivados, si bien la enésima fecha dada por el Ayuntamiento señala el primer trimestre de 2023. Es entonces cuando espera terminar lo que en realidad es el CIDE (Centro de Innovación yDesarrollo Empresarial), el único edificio que se ha levantado de los diez que preveía el macroproyecto CAT, aunque a oídos de la ciudadanía este inmueble se haya quedado con tal denominación.

El proyecto del palacio de La Faisanera, por su parte, se presentó en el Teatro Juan Bravo en junio de 2013, y en julio de 2014 arrancaba el grueso de la obra, concentrado en su segunda fase (la primera se resolvió en 2013), con un plazo de ejecución de 12 meses que ya se alargó en su momento (hasta el verano de 2016) por la batalla judicial que planteó el Ayuntamiento por defectos de edificabilidad y accesos, entre otros. La oposición del Gobierno local fue feroz desde el principio, con el entonces alcalde Pedro Arahuetes a la cabeza y recogida de firmas incluida (más de 13.000 en 2013) al defender que una iniciativa de este tipo debía erigirse en la capital (con la reconversión del Teatro Cervantes), no a seis kilómetros. Pero La Faisanera tenía el respaldo social de la patronal FES y sobre todo el económico de la Junta, con 6,9 millones de subvención para las obras. El proyecto en su conjunto se valoraba en 20, pero contando el suelo; y el del CAT apunta a rondar los 24, suelo aparte, con unos 12 en obras y el resto en estudios y proyectos, 2,4 en intereses de demora por la devolución de la ayuda estatal, subvenciones a empresas que ya se fueron de Segovia...

Volviendo al palacio de La Faisanera, precisamente el pasado lunes insistía el PSOE de Segovia en que debería ser la Junta la que lo costeara íntegramente, «como ha hecho en otras provincias de Castilla y León», decía el secretario provincial, José Luis Aceves; igual que ya defendía semanas atrás el portavoz socialista en la Diputación, Máximo San Macario.

Pero el mayor problema de estos años no ha sido el económico, sino la legalización de la concesión administrativa de agua para el plan urbanístico en el que se enmarca el palacio (el parcial Quitapesares). El conflicto colea desde hace décadas porque ya no es sólo cuestión de este proyecto, sino que limita el desarrollo de toda la zona de Palazuelos que discurre por la carretera de La Granja. Y aunque ahora parece estar ya encauzado, los precedentes no invitan a aventurarse con plazos concretos, sino a esperar hechos.