«Segovia es una isla». El delegado del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro de España (COIMCE), Fernando Garro, destaca la excepcionalidad que encarna nuestra provincia dentro de una realidad que ha puesto sobre la mesa el trágico accidente del pequeño Julen: la existencia de miles de pozos ilegales. En Castilla y León, Garro estima que el 70 por ciento se ejecutan ilegalmente en provincias como Burgos o Valladolid. Las estadísticas de Segovia, en cambio, son «anecdóticas» en este sentido, según el propio COIMCE, lo que no es óbice para que la intentraanquilidad se haya extendido en algunos municipios a raíz de lo vivido en Totalán y la conmoción generada.

Han podido ser más, pero esta redacción ha podido saber que los ayuntamientos de Nava de la Asunción, Mozoncillo y Coca han emitido bandos para recordar a los propietarios de perforaciones la obligación de que estén equipados con sistemas de protección, como pueden ser brocales, tapas, rejillas, vallados o casetas. El alcalde de Nava, Juan José Maroto, admitía a El Día de Segovia la existencia en fincas del municipio de «seis u ocho pozos» que entrañan peligro. «La gente está asustado a raíz de lo que ha pasado y nos vienen diciendo que han visto esto o lo otro», explica.

Él todavía no ha amenazado con sanciones, algo que sí ha hecho el Ayuntamiento de Coca, que en un bando firmado por el primer  edil, Andrés Catalina, recuerda que «concedió el año pasado un plazo para la adaptación de estas instalaciones a la normativa». Ahora fija una nueva fecha, el próximo 31 de mayo, para que los propietarios de pozos y perforaciones que no cumplan las condiciones exigidas en el artículo 121.A.8, de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal se adapten, bajo amenaza de sanción. Admite, en ese bando emitido el pasado martes, que «por desgraciada actualidad se ha producido una alarma social».

Al año, la Administración tramita en Segovia –según el delegado del COIMCE– «entre 120 y 150» autorizaciones para ejecutar sondeos; la mayoría en busca de agua pero también por razones de investigación (geofísico) o para aprovechamiento de calor (geotérmico). Para lograr la luz verde es necesario presentar un proyecto y, posteriormente, nombrar un director de obra. Los permisos para la captación de agua ya dependen de la confederación hidrográfica, aunque en otras provincias es habitual que los promotores cumplan con el primer requisito –solicitar la autorización minera– y que se salten el segundo.

Segovia constituye, sin embargo, un ejemplo de legalidad, según indica Garro, que pone el acento en la labor realizada por Fernando Pedrazuela, jefe de la Sección de Minas de la Junta de Castilla y León en Segovia. La clave para una adecuada vigilancia de las prospecciones ilegales pasa por la estrecha colaboración entre Seprona, agentes medioambientales y ayuntamientos. «Después es fundamental que se haya corrido la voz entre las empresas que se dedican a este tipo de trabajos que, si no cuentas con las autorizaciones necesarias, las sanciones que impone la Administración son muy fuertes. Y en Segovia, las empresas se lo dejan claro a los clientes desde el principio y les recuerdan que los responsables últimos, en caso de que haya problemas, son los propietarios de los terrenos», aclara Garro.

Esas buenas prácticas extendidas no impiden que la CHD abra expedientes cada año en la provincia por denuncias sobre pozos. En total han sido 22 en los últimos cinco años, muy lejos eso sí de las que se registran en Valladolid (200), Zamora (91) o Ávila (60). Las sanciones se califican en su mayoría como leves, que pueden alcanzar los 10.000 euros, pero la CHD estima la media en 3.000 euros. Realizar un pozo de 180 metros de profundidad cuesta 22.000 euros y en la provincia de Segovia están inscritos en el Registro de Aguas y Catálogo de Aguas Privadas de la CHD 7.239 aprovechamientos. Ahora los ayuntamientos quieren que todos estén dotados con los sistemas de protección necesarios para que una tragedia como la de Julen no se pueda volver a producir.