Resulta inevitable que cuando tiene lugar una comparecencia del presidente del Gobierno en un pleno del Congreso, sea cual sea su propósito, se convierta en una suerte de debate sobre el estado de la Nación en el que salen a relucir todos los asuntos que sobrevuelan la vida política nacional, los resultados de las elecciones catalanas, la profunda división entre los socios del gobierno, la violencia callejera, los cambios legislativos sobre la libertad de expresión, la calidad de la democracia española, o más recientemente el posible acuerdo sobre la renovación del CGPJ y el significado de la conmemoración del 23-F. Pero en esta ocasión, con motivo de la obligada comparecencia de Pedro Sánchez sobre la aplicación del estado de alarma, las medidas para luchar contra la pandemia si ha estado más presente, con la vacunación en el horizonte y las medidas a adoptar ahora que los índices sanitarios muestran una tendencia a la baja.
Tras la estela de las palabras del presidente del Gobierno, que reconoció el error de la rapidez de la desescalada después de la primera ola -el 10 de junio Sánchez declaró la victoria sobre el virus- varios portavoces parlamentarios pusieron el acento en la necesidad de que la prudencia sea la norma a la hora de rebajar las medidas de control, con la vista puesta en la Semana Santa y la advertencia de que la falsa seguridad que se deriva de la relajación de las restricciones puede provocar una cuarta ola, a lomos de la nuevas variantes del coronavirus.
Ya comienzan a escucharse voces que apuntan a la necesidad de “salvar la Semana Santa” que es la reedición del dilema entre salud y economía. Pero es preciso recordar que tras cada operación de salvamento –verano, Navidades- se ha recrudecido la pandemia, ha sido preciso adoptar confinamientos, decretar un nuevo estado de alarma que las amparase, y poner en marcha la cogobernanza tras el mando único, con discrepancias interesadas sobre su efecto, según los portavoces tengan responsabilidades en los gobiernos autonómicos o no. Sin embargo, no parece que le falte razón a la presidenta de ciudadanos, Inés Arrimadas, cuando pide un “plan nacional para los días festivos”, para que no se produzcan discrepancias entre las comunidades autónomas.
Los avances en los programas de vacunación, pese a las dificultades por la falta de suministros, que no de capacidad para vacunar, son sin duda la gran esperanza para acabar con la pandemia cuanto antes y como también señalaron distintos portavoces parlamentarios, deben ir acompañados del último esfuerzo de los ciudadanos para mantener la medidas profilácticas que permiten tener a raya al virus y las restricciones a la actividad económica que el Ejecutivo trata de animar con una nueva aportación de 11.000 millones de ayudas a las empresas y autónomos, –el PP sube la apuesta a 50.000 millones- con la duda de si son suficientes o si llegan a tiempo.
Y, en efecto, pese a los inevitables enfrentamientos el debate parlamentario ha tenido un tono más sosegado, menos agrio que en otras ocasiones, más constructivo. Comienza a notarse que no hay elecciones en el horizonte, y que PP y PSOE están a punto de alcanzar un acuerdo sobre los órganos institucionales pendientes de renovación. Habrá que ver cuánto tiempo dura el armisticio.