La Audiencia Provincial de Segovia ha decretado la puesta en libertad con cargos de un hombre que a finales de octubre del año pasado fue enviado a prisión provisional comunicada y sin fianza por un delito de agresión sexual continuada a su pareja y otro de lesiones. La Audiencia Provincial ha estimado el recurso de apelación presentado por el abogado del investigado y ha dictado como únicas medidas cautelares la obligación de que comparezca en el juzgado o en el cuartel de la Guardia Civil los días 1 y 15 de cada mes –o siempre que sea llamado– y la prohibición de comunicarse y de acercarse a menos de un kilómetro de la presunta víctima. Ésta ha declarado que el investigado le ha practicado sexo anal sin su consentimiento y que le ha causado graves lesiones mediante la utilización de aparatos de prácticas sexuales.

El auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sepúlveda que dictó la prisión provisional comunicada y sin fianza recibe ahora un duro varapalo de la Audiencia Provincial. En su resolución al recurso de apelación rechaza en primer lugar que exista riesgo de fuga ante la gravedad de las penas a las que se podría enfrentar. Sostiene que el investigado tiene un arraigo laboral, familiar y económico en Ayllón, donde reside, y destaca que ya pudo huir. «Fue detenido por estos hechos y puesto en libertad y no se dio a la fuga, lo que permitió que fuera de nuevo detenido días más tarde, lo que es un precedente contrario a la apreciación de riesgo de fuga», apunta.

La Audiencia Provincial tampoco observa peligro de que actúe contra bienes jurídicos de la presunta víctima: «El auto considera que concurre porque después de cometer los hechos remitió un mensaje diciéndole que era una mentirosa. No es este tipo de ataques a bienes jurídicos los que justifican la prisión. Para evitarlos basta con la prohibición de comunicación. No cabe apreciar este riesgo. El investigado reside en Ayllón mientras que la víctima no tenía relación alguna con Ayllón ni con la provincia de Segovia y no se encuentra en la actualidad en esta provincia. Basta acordar una orden de alejamiento para asegurar su indemnidad personal».

Para mantener la medida de prisión provisional, la Fiscalía Provincial ha alegado la alarma social existente en Ayllón (1.154 habitantes), un extremo que ha negado la alcaldesa del municipio, María Jesús Sanz, en conversación con El Día de Segovia. «No hay alarma social. En absoluto. Este es un pueblo pequeño, nos conocemos todos y para nada hay alarma social». «·Ese no es criterio a considerar según la delimitación legal de la medida cautelar», ha añadido la Audiencia, que igualmente no cree que vaya a destruir pruebas. «No hay tal riesgo y menos pasados meses en prisión», remarca. 

La acusación particular considera, mientras, que hay indicios suficientes de que el 26 de octubre el investigado acudió a retirar sus enseres personales para ocultar o destruir los aparatos de prácticas sexuales con que causó las graves lesiones a la víctima, pero la Audiencia afirma que no consta que retirara nada ese día.  «El día 27, describe la denuncia del 29 de octubre, acudió sobre las 16.00 horas acompañado por la Guardia Civil a recoger sus cosas. No parece que pudiera destruir nada en presencia de los agentes», subraya la resolución del recurso de apelación, que insiste en desmontar los argumentos del ministerio público y de la acusación particular. 

En su opinión tampoco es motivo para que siga en prisión que pueda eliminar de su teléfono vídeos o fotografías que prueben las agresiones denunciadas: «Menos cuando lleva meses en prisión». El tribunal duda incluso de que el investigado esté obligado a entregar el teléfono si contiene pruebas en su contra, pero hace hincapié en que se ha mostrado dispuesto a hacerlo. Además, critica las dilaciones registradas ya en el proceso a pesar de que se inició hace solo tres meses: «Se ha de dejar constancia de que es excesivo el tiempo que se ha tardado en la tramitación y remisión del recurso, así como el tiempo que se está tardando en la acomodación del procedimiento al sumario ordinario, que es el cauce propio en atención a las penas señaladas a los delitos investigados».