El Nordeste de la provincia de Segovia lleva años hablando y padeciendo el descenso de población, en la actualidad con una media de 6 habitantes por kilómetro cuadrado. Boceguillas ha acogido un encuentro para hablar de la gran manifestación que tendrá lugar el próximo 31 de marzo en Madrid ‘La revuelta de la España Vaciada’ que pretende reivindicar la pérdida de población de los pueblos. En este encuentro se ha contado con el doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, José Antonio Herce, que es vicepresidente de la Fundación Villa de Pedraza y coordinador del estudio ‘Una fiscalidad diferenciada para el progreso de los territorios despoblados de España’.

—En el Nordeste están surgiendo grupos de trabajo y asociativos que hablan de repoblación y no de despoblación, ¿Cómo valora este cambio de pensamiento?

— A mí no me gusta hablar de ‘España vacía o vaciada’, en España hay miles de personas, pequeñas organizaciones y colectivos que están haciendo muchas cosas, pero se están haciendo tan abajo que no trascienden. El problema de la despoblación está adquiriendo relevancia en la agenda pública y política. El despoblamiento es un drama que se vive desde hace décadas y ahora todo el mundo está alarmado. En el fondo hay muchísima gente trabajando y haciendo cosas genuinas, incluso bordeando la ley pero deseosas de hacer cosas diferentes. La autoestima y el deseo de hacer cosas es importante para que los jóvenes no se vayan. 

—La base del informe que presentó en Boceguillas es la fiscalidad, pero, ¿qué se puede hacer para frenar la despoblación?

—Existe un diagnóstico más que claro de la situación. Hay una gran parte del territorio español que se despuebla progresivamente y la poca población que queda es dispersa. Lo que nos preocupa es detener esta dinámica y que la población joven se quede. Cuando uno consulta a los jóvenes rurales, desean quedarse en sus pueblos, el problema es que no tienen alternativas o no saben buscarlas. No hay infraestructuras de calidad como la banda ancha que permita fijar población. Atraer nuevos pobladores y mantener la existente puede ser más sencillo de lo que creemos. Existe gente que quieren vivir en los pueblos no para trabajar en agricultura, ganadería o turismo rural, sino para teletrabajar y competir con sus iguales en todo el mundo, pero para esto siempre digo que más vale banda ancha que vía estrecha, en referencia al AVE. Hay infraestructuras sanitarias y educativas, pero también hay problemas de acceso. Tenemos infraestructuras de todo tipo a unas decenas de kilómetros y podríamos llegar a ellas si tuviéramos la movilidad adecuada. Puedes llegar a ellas estando en un pueblo de 500 habitantes mucho antes que en Madrid, pero no hay sistemas de comunicación para ir. El transporte colaborativo con un incentivo de banco de horas en la España rural podría hacer que los niños del medio rural llegarán a las cabeceras donde están las escuelas en menos tiempo que sus homólogos madrileños y con una educación tan buena o mejor. Tenemos falsos conceptos mal instrumentados en nuestra mente sobre el mundo rural que nos lleva a pensar que no hay solución y por ello no nos movemos.

—¿Cómo se puede ejecutar esa fiscalidad?

—Rebajemos drásticamente la factura fiscal de los autónomos y empresas que radican en los territorios despoblados. El poder económico de estos ciudadanos aumenta porque encuentran en su bolsillo unos recursos que antes tendrían que haber dado a Hacienda a través de IRPF, Impuesto de Sociedades u otras figuras impositivas y que Hacienda se los perdona a condición de que los gasten en el territorio. Con que reinviertan lo que se ahorran ya estarán sirviendo al territorio y sería un reclamo para los autónomos o individuos que quieran venir a residir, porque van a tener un mejor trato fiscal.

—La idea parece sencilla pero… ¿la burocracia y la regulación?

—Cuando uno interpreta los tratados, se permiten excepciones fiscales cuando los territorios sufren condiciones especialmente adversas que lastran su desarrollo y entonces si se podría considerar legal. Un ejemplo es Canarias que se beneficia de esta excepcionalidad porque sufre la ultra distancia. Cuando vives en un territorio en el que la condición estructural desfavorable es que tienes menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, tienes un lastre a tu desarrollo enorme. Hay 1.300 municipios de menos de 100 habitantes.

—Parece que desde la Unión Europea también se están preocupando por la despoblación. ¿Cómo valora esta implicación?

—Están llegando recursos pero no son suficientes. Lo importante es que se amplíen los recursos y los propósitos. El Parlamento Europeo ha llegado a acuerdos para favorecer con más énfasis el desarrollo rural especialmente en zonas despobladas. Ahora se inician las negociaciones para el periodo de programación presupuestaria 2021-2027 con unos fondos estructurales de 230 mil millones de euros en toda la Unión Europea y hay propuestas para que un porcentaje, aunque sea pequeño, vaya a desarrollo rural. Es un momento clave para que los estados miembros incluyan alianzas y canalicen peticiones a la Comisión Europea y al Parlamento. 

—¿Qué otras cosas se pueden hacer para frenar la despoblación además de aplicar fiscalidad? 

—La fiscalidad es la palanca que más rápidamente se puede accionar, pero hay muchas otras. El gran problema de las infraestructuras y servicios es el acceso a los mismos. No tenemos organizada la movilidad a demanda que necesita el mundo rural. El medio rural no se puede mover por su dispersión con grandes medios de trasportes como autobuses con frecuencias limitadas que conecten de punto a punto y no de puerta a puerta. Es necesaria en el Siglo XXI la movilidad colaborativa, un incentivo para aquellos voluntarios que debidamente regulados y legalmente cubiertos, tengan un motivo a cambio del cual ayudar a sus vecinos. El mejor regalo que puede recibir el medio rural es la tecnología para la movilidad, para la ganadería expansiva, la agricultura, para todo y generaría muchos más empleos. Además necesitamos soluciones residenciales, si es preciso, alterando legalmente y de manera exprés la normativa urbanística para dar vivienda a la gente que queremos que venga. Hay programadores que pueden trabajar donde sea, venden sus servicios a todo el mundo y les da igual vivir en un barrio de Madrid que en Boceguillas.

—¿La fiscalidad puede ayudar a resolver por ejemplo el problema de la atención sanitaria que existe en algunas zonas rurales?

—La fiscalidad puede ayudar a una devolución de impuesto sobre gasolina cuando uno tiene un gasto de servicio de desplazamiento. Por ejemplo en La Rioja y en otras Comunidades con autopistas de peaje, los gobiernos autonómicos les regalan el peaje a las personas que se tienen que desplazar para trabajar. ¿Por qué aquí no se les puede, por ejemplo, devolver una parte de impuestos sobre kilometraje u otras cosas?. Los médicos también tienen que usar su creatividad y plantear otros incentivos. Muchas investigaciones se hacen en red y los pacientes de la España rural son tan interesantes y buenos sujetos experimentales como los de la España urbana. 

—¿Cuál es el papel de los jóvenes en este proceso de repoblación?

—Necesitamos que los jóvenes se queden. Ellos son los creadores y tienen vocación. Los jóvenes no quieren irse de sus pueblos y son tan buenos como los jóvenes que conozco de la ciudad. Tenemos un tesoro, no podemos permitir que se vayan. Pongámosle locales para que se junten y analicen las cosas que les interesan. En pueblos de 300 habitantes los jóvenes se cuentan con los dedos de la mano.

—¿Cómo ve el futuro?

—Este estudio lo hemos presentado en Teruel, Soria y Cuenca y se ha recibido con muchísimo interés a pesar de ser muy convencional. Estamos sorprendidos de la aceptación. La comisionada para el reto demográfica aunque no es la autoridad fiscal, se ha comprometido a hacerlo llegar a las autoridades fiscales. En la campaña electoral vamos a oír hablar mucho de despoblación y puede que también de medidas para frenarla entre las que podría estar la fiscalidad. La semilla está sembrada. Lo que me llena de esperanza es que hay miles de pequeñas asociaciones trabajando en toda España.