La última prórroga del estado de alarma tiene ya caducidad. Si no hay un rebrote importante en España de coronavirus, prácticamente todo el país estará el 21 de junio más cerca de la normalidad para así emprender la recuperación de la actividad de gran parte de los sectores afectados por el parón de la crisis sanitaria. En todo este trayecto, Sánchez ha ido perdiendo apoyos parlamentarios, unas veces por la unilateralidad de sus decisiones, otras por estrategias partidistas de la oposición, y últimamente ha ido recuperando socios a base de concesiones a partidos nacionalistas a modo de reforma laboral, transferencia de renta mínima o cesión de las competencias de la seguridad sanitaria a las comunidades autónomas antes de esa fecha señalada.
La tan ansiada fase 3 puede llegar incluso antes de tiempo si las condiciones víricas lo permiten, y las regiones, pero sobre todo País Vasco o Cataluña, verán satisfechas la restitución de sus estatutos para volver a tomar decisiones de primer orden, a excepción de la movilidad, que quedará supeditada al Estado hasta ese día. Serán en total tres meses de confinamiento estricto, en los primeros 45 días con el pico de la pandemia y el resto con una desescalada no sin sinsabores que ha condicionado la vida de millones de personas.
Con el objetivo de la recuperación, España se enfrenta a su mayor reto económico, social y sanitario. Con un parlamento totalmente fragmentado, con un Gobierno sin la complicidad de la oposición y buena parte de esta tirada al monte, se atisba un escenario preocupante para los próximos meses puesto que el clima irrespirable de división del Congreso se está trasladando a las conversaciones diarias de los españoles. Y con visos de que se traslade a las calles.
En tiempos de convulsión y desorden económico, más que nunca se hace necesario que los representantes públicos aboguen urgentemente por hacer una desescalada de la confrontación, del interés partidista, o al menos que posterguen esa casi autodestrucción del sistema político para mejores épocas. El Gobierno tiene la responsabilidad de tejer en estas próximas semanas los mecanismos necesarios para que, en caso de una segunda oleada de contagios, las estructuras del Estado se encuentren preparadas para responder, sin recurrir a las urgencias de compra masiva de material, al improvisado y tardío control de los movimientos internos o de no tener preparados los acuerdos necesarios para llevar a cabo sucesivos estados de alarma. O por el contrario, articular otras normas más ad hoc a este tipo de crisis que a las tomadas hasta ahora, en las que se ha rozado la inconstitucionalidad de ciertas medidas y se ha denunciado la vulnerabilidad de derechos fundamentales. Ya no habrá excusas para no estar preparados.