Desconfío bastante de las encuestas que nos muestran el grado de popularidad de los políticos, aunque coincido en que muy pocos de ellos merecen el aprobado y casi ninguno el notable. Que Margarita Robles, que tiene unas características personales y políticas muy apreciables, sea la mejor valorada me parece lógico, entre otras cosas porque ella tiene que tratar con militares, que son --dicen las encuestas-- el segmento social más disciplinado y querido por la población. Que Ione Belarra e Irene Montero sean, con el increíble Alberto Garzón, los ministros menos apreciados también me parece que es algo que no precisa encuestas para comprobarlo.
Si un Gobierno fuese una empresa privada, y algo de ella debería quizá copiar, cesaría de inmediato a los ministros más ineficientes sin atender a absurdas razones como que son la 'herencia recibida' del 'pablismo' (Iglesias Turrión, por supuesto). Los tres farolillos rojos en el 'hit parade' de la popularidad no le sirven al presidente ni como pararrayos, que era el último servicio que le prestaba Iglesias. Son más bien fuente de permanente conflicto con sus ocurrencias, que nada tienen que ver con una gestión brillante. Ni siquiera con una gestión.
A Sánchez y a los Presupuestos Generales del Estado les sobran ministros y les faltan algunas figuras competentes que no generen la polémica porque sí. Que sigo sin entender lo del precio de la luz, algunos conflictos de orden público --¿doscientas manifestaciones en el País Vasco 'a favor' de los presos etarras? Y eso ¿cómo hay que entenderlo?--, el estallido de ciertas indignaciones en sectores de la economía, las vacilaciones sobre cuándo y cómo comenzar el curso escolar. Un Gobierno, además de gestionar (de manera compartida, lo que no se hace) la llegada de los fondos europeos o las vacunaciones (ahí, sobresaliente), tiene que procurar el bienestar de los ciudadanos en todos los órdenes. Que no digo yo que en ciertos aspectos no se haga, conste. Ha de procurar la seguridad jurídica de los ciudadanos, el crecimiento de la estima exterior para el país y la conexión de su Ejecutivo con el sentir mayoritario de los españoles.
Por supuesto, no voy a referirme a los trabajos demoscópicos que, con mejor o peor voluntad y acierto, se publican. Pero parece claro que los encuestados prefieren ministros gestores --Robles, Nadia Calviño, Yolanda Díaz, Albares, Carolina Darias, Escrivá, Luis Planas-- a los vociferantes. A algunos, la gente aún no los conoce tras llevar meses, e incluso años, en el cargo. Y la agenda del Gobierno tampoco es que publique con asiduidad algunos nombres: ¿a qué se dedicarán, me pregunto, cuatro o cinco miembros del Gobierno de Sánchez?
Lo dicho: si el Gobierno fuese una empresa privada, tendría que proceder a algunos despidos, aunque sea con la indemnización, increíble en algún caso, de la gran cruz de Carlos III. Y sin que haya mini-reforma laboral que valga para impedir echarlos. Como miembro del Consejo de Administración de esa empresa pública que es el Gobierno de la nación, que pago lo que me corresponde de sus sueldos y prebendas, me atrevo a pedir --respetuosamente, eso sí-- al presidente que haga ya una nueva crisis de Gobierno para impulsar una política razonable y eficiente. Que es algo que varios de ellos no hacen ni por asomo.
Y lo peor de todo es que sé que, cuanto más y cuantos más pidamos algunos ceses, más los estaremos afianzando en la poltrona. País.