Fernando Aller

DESDE EL ALA OESTE

Fernando Aller

Periodista


Mamá, quiero ser funcionario

03/03/2023

Uno de cada cuatro salarios en Castilla y León es pagado con dinero público. En ocho de las nueve provincias, la excepción es Burgos, más de la cuarta parte de los asalariados son funcionarios o contratados por diferentes administraciones. Si incluimos a pensionistas y perceptores de otras prestaciones, la cifra de personas con cargo a la Administración supera al número de asalariados en la actividad privada, situación a la que no es ajena el resto de España.
La crisis que no cesa puede explicar en parte esta realidad. El batacazo económico del 2008 no respetó ni a obreros ni a trabajadores de alta cualificación. Toda la pirámide laboral sufría el mismo destino cuando la empresa desaparecía. Once años más tarde la irrupción de la pandemia quebró las expectativas de superación de la crisis y cuando el maná de los fondos europeos presagiaban la remontada, ahora ya definitiva, la guerra de Putin puso la economía patas arriba de nuevo. La cosa no ha quedado ahí. Han sido quince años con un daño colateral más grave si cabe: La ruptura de la natural progresión de la actividad, con la consiguiente adaptación a los cambios, ha propiciado desabastecimiento de mano de obra en sectores clave. Jubilaciones a término o adelantadas y la falta de previsión a la hora de adaptar los procesos formativos a las exigencias laborales, está provocando la paradoja de que las empresas no encuentran personal y, sin embargo, las estadísticas del paro siguen creciendo. Un reciente estudio afirma que en Castilla y León faltan administrativos, teleoperadores, ayudantes de laboratorio, técnicos de mantenimiento, soldadores y otros operarios en el ámbito de la industria, de la hostelería y de la logística. Si a todo eso añadimos la precarización de los sueldos, no cabe extrañarse de que la estabilidad de un sueldo público sea el sueño de castellanos y leoneses. Afortunadamente la mano de obra extranjera está paliando en parte este déficit laboral. Pero no hay que olvidar que la experiencia histórica demuestra que un país de funcionarios está condenado al fracaso.