El portavoz del grupo municipal del PP de Segovia, Pablo Pérez, mantuvo hoy que “las cosas han quedado bastante claras” en el juicio celebrado en el Contencioso Administrativo en cuanto a las irregularidades detectadas por su partido en el decreto del Alcaldía para la adjudicación del contrato del Festival de Cine de la ciudad a la asociación cultural Trípode. “Un contrato que no tiene validez jurídica”, afirmó Pérez, a la espera de conocer en los próximos días la decisión del juez, que será firme.
Para los concejales del Partido Popular, está demostrado que se intentó una llevar a cabo “una fragmentación del contrato”, tanto en la cuantía como en el tiempo. En la parte económica, porque se fijo en 14.999 euros, un euro por debajo del límite previsto para los contratos menores, cuando, según Pablo Pérez, “a otros dos miembros de esta asociación se les están pagando otros 6.000 euros a cada uno de ellos”, lo que evidencia que el equipo de Gobierno está fragmentando un contrato.
El portavoz del PP remarcó que el decreto del contrato, del 18 de agosto, deja claro que son los mismo conceptos, “algunos trabajos son coincidentes”, por los que iban a cobrar a mayores estos dos miembros de Trípode Cultural que por la adjudicación de 14.999 euros.
A nivel temporal, argumentó Pérez, porque es un festival plurianual y no se puede hacer por contrato menor sino que se tendría que haber hecho por licitación pública. Le resulta llamativo que el abogado del Ayuntamiento de Segovia argumentara en el juicio que en esta cita cultural no existe esa plurianulidad y que es posible que este festival no se celebre el próximo año.
“Todos los segovianos sabemos que es un festival que se ha desarrollado de forma permanente, año tras año. El abogado dice que parece que tiene una duración limitada en el tiempo. No sé si estaba dando alguna noticia”, sostuvo el portavoz popular, para remarcar que Muces es permanente, lo que es público y notorio. “No vamos consentir que el dinero de los segovianos se gestione de una forma tan irregular y vamos a a ser muy disciplinados a la hora de exigir la gestión de cada euros”, declaró
Tras el juicio, Pablo Pérez también remarcó que el Ayuntamiento ha aportado nuevos documentos en el juicio pero que no salvan las irregularidades. Documentación que no les proporcionaron a los concejales del PP cuando solicitaron en numerosas ocasiones el expediente administrativo. “Ante el juez sí los han presentado”, remarcó, lo que demuestra “la falta de transparencia” en la gestión municipal del grupo socialista de Clara Luquero.
Para Pérez, fue una contratación de la Concejalía de Cultura “un tanto sospechosa” a una asociación de nuevo cuño, como era Trípode Cultural, para el desarrollo de la Muestra de Cine Europeo ‘Ciudad de Segovia’, a través de la firma de un Decreto de Alcaldía, que fue rubricado por el alcalde accidental, Jesús García Zamora.
En la misma línea, el abogado del PP en este caso judicial, César Gómez, desveló que, en la nueva documentación aportada en el expediente administrativo, hay “un informe explicativo de la actuación que ha tenido la Concejalía hasta la fecha, hecho con posterioridad. Documentos que vienen sin fechar ni firmar, son de autoría desconocida”.
César Gómez dejó claro que los argumentos del Ayuntamiento de Segovia son tan respetables como los del PP, pero destacó que el documento de propuesta de aprobación del gasto y necesidad de celebración del contrato, no acredita la necesidad del contrato por parte del Ayuntamiento de Segovia si no que lo acredita es la necesidad de adjudicar el contrato a una persona determinada que es, Trípode Cultural
Además recordó que los tres primeros licitadores eran personas físicas y la asociación se constituyó poco antes de la contratación, así como que el juez le haya preguntado al técnico municipal de Cultura, si estas personas venía haciendo trabajos antes del contrato para la Concejalía desde marzo.
Por último, remarcó que estos procesos contencioso administrativo tiene carácter revisor del contrato. “El juez como persona independiente, será el que determine y depure la legalidad. Si el Ayuntamiento ha obrado con claridad, transparencia y siguiendo los procedimientos vigentes”, afirmó el letrado.