La elección del exfiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, como nuevo presidente del Tribunal Constitucional pone fin a seis meses de interinidad en el Alto Tribunal tras una serie de maniobras jurídico-políticas que pretendían que este jurista de reconocido prestigio no alcanzara el puesto que ha logrado frente a la otra candidata, María Luisa Balaguer, ambos representantes del sector progresista del tribunal de garantías que es el que cuenta con la mayoría tras la última renovación en la que han entrado los magistrados propuestos por el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial.
La derecha judicial y mediática han tratado por todos los medios evitar que Cándido Conde-Pumpido alcanzara la presidencia del TC, por considerarlo muy próximo a las posiciones del Gobierno dado su cargo en la época de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero su nombramiento ha hecho fracasar la última maniobra del CGPJ para evitar su nombramiento. De forma inusual el sector conservador del órgano de gobierno de los jueces propuso a los dos candidatos que le correspondían, el conservador César Tolosa y la progresista María Luisa Segoviano, frente al candidato de estos, con lo que se abría la posibilidad de que esta magistrada acabara apoyando a Balaguer. No ha sido así, sus expectativas han quedado defraudadas y el bloque progresista no se ha fraccionado más allá del propio voto a su favor de María Luisa Balaguer. Que esta magistrada haya contado con el voto en bloque de los conservadores podría ser interpretado como una buena noticia por cuanto deja abierta la puerta a que sus buenos oficios y su talante conciliador contribuya a que se minimicen los enfrentamientos entre ambos sectores. Pero esa sería en una interpretación en la que los intereses del propio tribunal se pusieran por delante de los intereses políticos.
También sería deseable que tras las recientes declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que está decidido a impulsar un plan de reforzamiento y de recuperación del prestigio de las instituciones, se dejara fuera de la contienda política al tribunal de garantías y aceptara que sus intentos por condicionar su presidencia han fracasado, que ahora es el momento de dejar trabajar al Constitucional que tiene muchísimo trabajo por delante por cuanto ha pasado los últimos seis meses prácticamente paralizado.
Sin embargo, que también se haya roto la tradición de que la vicepresidencia del TC sea ocupada por el sector minoritario y en esta ocasión sea del sector mayoritario, la magistrada Inmaculada Montalbán, no contribuirá a la pacificación del tribunal que cuenta con cuatro magistrados conservadores frente a siete progresistas,
En la reunión entre los magistrados progresistas que tuvo lugar el martes, Cándido Conde-Pumpido, que presidirá el Alto Tribunal hasta 2025, expuso su programa haciendo hincapié en la necesidad de que se recupere el ritmo de trabajo y de que se dé salida a los recursos que más tiempo llevan esperando, entre otros el de la ley del aborto del gobierno Zapatero, la ley educativa de la ministra Isabel Celáa, o la ley de eutanasia. Pero la perspectiva política de su actuación más relevante será que si Feijóo gana las elecciones, tendrá que convivir con un TC con mayoría progresista a lo largo de los próximos diez años.