La Audiencia Provincial de Valladolid ha absuelto a los cuatro funcionarios y al hotelero acusados de simular un cursillo de guía ecuestre en 2010 para que el Centro Ecuestre, ubicado en Segovia y dependiente de la Junta, pagara una deuda que mantenía con la Federación Hípica de Castilla y León.

El fallo, al que ha tenido acceso Europa Press en fuentes jurídicas, atiende así la petición de las defensas de los acusados, que pedían la absolución de sus patrocinados frente a la petición de la Fiscalía, que pedía un conjunto de penas que sumaban 29 años de prisión al considerar que los acusados pergeñaron un cursillo de guía ecuestre que nunca se celebró pero al que dieron "apariencia real" con documentación y facturas falsas "ad hoc", según el ministerio público. En concreto, solicitó tres años de cárcel y seis de inhabilitación para el jefe de la Sección de Formación Agraria del Servicio Territorial de Agricultura en Segovia, Bernardino H.A, como coautor de un delito de malversación de caudales públicos.

Asimismo, por delitos de falsedad y prevaricación en distinto grado, pidió ocho años de cárcel, 19 de inhabilitación y multas de 3.600 euros, para Alicia P.G, jefa del Servicio de Formación Agraria de la Consejería de Agricultura, y Raquel M.G, técnico facultativo del Servicio de Formación Agraria, mientras que para José Antonio G.A, auxiliar administrativo del Centro de Formación Agraria de la Santa Espina, solicitó siete años de privación de libertad, 18 de inhabilitación y el pago de 2.700 euros; y para un hostelero de La Santa Espina, Luis Fernando M.M, un año y nueve meses de prisión, siete de inhabilitación y multa de 1.800 euros.

Sin embargo, la Audiencia considera que no ha quedado probado que no se celebrara el curso ni que existiera deuda alguna de la Consejería con la Federación para inventarse la citada actividad, pero además tampoco encuentra que hubiera motivos para que Alicia P.G. y Raquel M.G. beneficiaran a otros acusados.

Además, el fallo resta relevancia al hecho de que faltara documentación en el expediente del curso, cuando en todos ocurre lo mismo, pero además no se puede saber el motivo por el que no estaban dado que la Administración tiene obligación de conservar el expediente seis años y habían pasado más tiempo en el momento de la investigación.

Asimismo, la sentencia incide, entre otras cuestiones, en que tampoco se pudo probar la veracidad de unos polémicos correos entre Alicia y Raquel, con supuestos mensajes el 6 de agosto de 2009 y el 13 de enero de 2010 sobre la necesidad de dar apariencia real a un currillo formativo, algo que analizó el Grupo de Investigación de Delitos Tecnológicos de Valladolid.

PREPARADO "AD HOC". La fiscal del caso reconoció en la vista que era difícil "probar lo que no existe", pero insistió en que toda la documentación del expediente tramitado respecto del cursillo intensivo de guía ecuestre, entre el 2 al 4 de noviembre de 2010, para una veintena de alumnos y cuyo escenario de celebración sitúan los acusados en el Centro de Formación de La Santa Espina, en Valladolid, fue preparada "ad hoc".

La acusación pública consideró que el propósito era dar "apariencia real" y así justificar los 221.100 euros que cobró la Federación Hípica Castilla y León, los 2.800 que por el alojamiento y manutención que percibió el hostelero y los 790 obtenidos por el coordinador.

En el lado opuesto, todas las defensas solicitaron un fallo absolutorio basadas en la absoluta inocencia de sus patrocinados e incluso el representante legal de Alicia y Raquel denunció que todo el caso partía de una especie de 'vendetta' política vehículada a través de un medio de comunicación impreso que en marzo de 2010, a dos meses de las elecciones autonómicas, publicó una información en la que se hacía alusión a falsos cursillos situados en la época en la que Silivia Clemente figuraba al frente de la Consejería de Agricultura y, además, había sido la principal artífice de la construcción del Centro Ecuestre de Segovia.

El defensor recordó que cuando saltó la noticia, el 12 de marzo de 2010, Clemente había dimitido días antes del cargo de presidenta de las Cortes, había abandonado el PP y se había pronunciado "con palabras no muy bonitas" contra el entonces candidato del PP a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sin olvidar tampoco que incluso habían circulado unos dosieres en contra de la política segoviana en otra época anterior poco antes de un cambio de legislatura.