La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado este viernes que ella no tramitaba las subvenciones a entidades sociales por las que se le acusa de presunta prevaricación, fraude en la contratación, malversación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionario público.

Así lo ha declarado ante la magistrada del Juzgado de Instrucción 21 de Barcelona en la Ciutat de la Justicia, y ha defendido el interés público de esas ayudas, que se dan desde antes de que ella llegara al consistorio, según han explicado fuentes jurídicas a la prensa.

Las mismas fuentes también han dicho que la primera edil ha respondido a las preguntas de sus abogados y a las del fiscal, mientras que la magistrada no le ha hecho ninguna pregunta.

Durante la declaración, Colau ha manifestado que el interventor recomendó al Gobierno municipal que, en lugar de dar subvenciones extraordinarias y directas, se hiciera a través de los presupuestos por convocatorias ordinarias, y que el secretario general no vio ilegal que ella no se abstuviera en la votación para aprobar las subvenciones.

Asimismo, han explicado que su defensa espera que se archive el caso, mientras que fuentes fiscales han asegurado que "de momento no se tiene previsto pedir el archivo", aunque han admitido que los hechos que se investigan son iguales en un 99,9% a la denuncia por los mismos hechos que se archivó en julio.

En los hechos archivados, han explicado que la fiscalía observó que no era prevaricación, sino que estos hechos eran una "infracción levísima administrativa".

Este juzgado abrió un procedimiento contra Colau tras aceptar la querella que la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD) presentó en diciembre y Fiscalía Anticorrupción asumió la investigación.