Castilla y León, con 118 días, es la Comunidad que menos tarda en resolver una prestación o servicio de dependencia desde su registro en el sistema. Una cifra más de tres veces inferior a la media nacional, fijada en 378 días, y ocho veces menor que la de Canarias, que registra el peor dato con 993 jornadas de demora. No obstante, tal y como refleja un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, la Comunidad ha duplicado durante el último año el tiempo medio desde que se presenta la solicitud hasta que se resuelve. Así, si al cierre del tercer trimestre del pasado año la espera estaba en 97 días, Castilla y León contabilizaba 173 jornadas al terminar el segundo trimestre de este ejercicio. Todo ello enmarcado en una tendencia claramente alcista –109 en el cuarto de 2021 y 129 en marzo de este ejercicio–, que dejan la media del último año en 118 días.

En cualquier caso, Castilla  y León se mantiene como la región de España con menor demora, seguida por el País Vasco (131 días), Cantabria (176) y Castilla-La Mancha (195). Desde la Asociación lamentan que el sistema de la dependencia se recupera lentamente y de manera desigual entre los distintos territorios.En este sentido afirman que el tres por ciento de la población española necesita apoyos para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria y que hay 33.019 personas atendidas más que a principio de año. 

Por otra parte, conforme al estudio, las comunidades con mayor «limbo de la dependencia» (personas pendientes de recibir prestación) fueron Cataluña (28,9 por ciento) y Canarias (23,8 por ciento). En este ranking, Castilla y León también se mantiene indiscutiblemente a la cabeza, ya que frente a la media nacional del 13,46 por ciento, la región anotó un 0,14 por ciento. Esto supone que apenas hay población con el derecho a prestación reconocido a la espera de cobrarlo. Concretamente son 155 personas, una cifra ínfima si se compara con las más de 72.000 que arrastra Cataluña.

A pesar de este buen resultado, la Comunidad también ha experimentando un empeoramiento de esta ratio, ya que hace un año estaba en el 0,10 por ciento, cuatro centésimas menos que ahora, según el informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. 

Agilizar procedimientos

La asociación reclama al Gobierno de España una ley que «agilice los procedimientos y recupere las intensidades e incompatibilidades que se produjeron hace una década». Además, también envía un mensaje a los Ejecutivos autonómicos, a los que insta a «acometer reformas necesarias que agilicen los trámites», como simplificar los procedimientos, acelerar las resoluciones y unificar para dar respuesta «inmediata» en esta crisis. Por último, hace un llamamiento para «avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones reconocidas».