El Ministerio de Hacienda anunciaba el pasado lunes que impulsará un nuevo decreto ley para que los ayuntamientos cuenten con más recursos para hacer frente a la crisis del coronavirus y que, entre otras medidas, incluirá la suspensión de la regla de gasto para 2020; es decir, el corsé que impide invertir todo lo que se ingresa por un tope que se establece en función de los gastos corrientes del ejercicio anterior. Si una entidad tenía superávit, sólo podía dedicarlo a amortizar deuda, pero eso cambiará en este ejercicio tras haber planteado el Gobierno esta alternativa al decreto que le tumbó el Congreso el 10 de septiembre, donde contemplaba la opción de utilizar remanentes acumulados desde 2012 con una fórmula que sólo convenció al PSOE, Unidas Podemos y Teruel Existe: sortear la llamada Ley Montoro (de estabilidad presupuestaria) dedicando ese dinero acumulado a préstamos a favor del Estado que retornarían a las arcas locales de forma progresiva en diez años.
Ahora la nueva iniciativa se queda corta para algunos, pero se asume como un punto de partida que al menos no se está encontrando con el rechazo del decreto anterior. «Bienvenida sea», decía el mismo lunes la alcaldesa, Clara Luquero (PSOE), que al mismo tiempo lamentaba que al Ayuntamiento de la capital, según su criterio, «le sirve de poco». Primero, porque su presupuesto de ingresos y gastos da poco margen a pensar en superávits, y después porque cuenta con más de seis millones de remanentes que, con el decreto que tumbó el Congreso, habría podido aplicarlos en préstamos al Estado y recibir «unos 2,8 millones» a corto plazo, mientras el resto llegaría en diez años.
el contrapunto de riaza. Riaza, sin embargo, tiene cerca de dos millones de remanentes, que en proporción son más que los seis de Segovia porque para el primero equivalen a las inversiones de cinco años y para el segundo serían las de apenas un año y medio, y sin embargo a su alcalde, Benjamín Cerezo (PP), no le convencía «que el Gobierno se llevara el dinero para devolverlo poco a poco». «Lo que ahora se plantea nos viene bien, pero espero que se apruebe también (la suspensión de la regla de gasto) para 2021 porque si no, no habrá margen para trabajar». Y a la espera de que se articule un modo de acceder a los remanentes acumulados desde 2012 por una polémica ley, la de Montoro, que ya rechazaba Cerezo entonces a pesar de gobernar Riaza bajo las siglas del PP.
También el alcalde de La Lastrilla, Vicente Calle (PP), espera que se libere el superávit para 2021 para tener más margen y recursos en la gestión del gasto extra que esta medida le permita, mientras su homólogo de Cuéllar, Carlos Fraile (PSOE) confía en que «detrás de esta medida vengan más», aunque vea ya ciertas ventajas en la alternativa anunciada el lunes por el Ministerio. Después de todo, como apunta Javier Lucía (Valverde del Majano, PSOE), los ayuntamientos lo habrían tenido «muy difícil» para cumplir la regla de gasto este año, dada la cantidad de imprevistos que están teniendo que asumir por la crisis sanitaria. Pero de momento, sin rechazo entre los alcaldes de los principales municipios de la provincia al planteamiento de partida que se perfila con el nuevo decreto ley.