El habitual bullicio en los pasillos del Palacio de Justicia era sustituido este jueves por una calma inquietante, sin apenas abogados, procuradores y ciudadanos esperando para celebrar juicios o comparecencias. Era la tercera jornada de huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia, que amenaza con multiplicar el número de asuntos pendientes de resolver en los juzgados, ya de por sí sobrecargados.

Los antiguos secretarios judiciales dicen sentirse abandonados y despreciados. En abril firmaron un acuerdo con el Ministerio de Justicia que no se ha materializado y siguen sin poder beneficiarse de las mejoras laborales que les había prometido el Gobierno. «Parece que el secretario de Estado no los recuerda, pero nosotros tenemos los documentos firmados, entre ellos el derecho a negociar nuestras propias condiciones laborales y la adecuación salarial. No queremos que nos suban el sueldo, es que desde 2009 hemos asumido un montón de competencias que no están siendo retribuidas. Hemos esperado trece años, creo que hemos sido bastante pacientes», señala la portavoz de los letrados de la Administración de Justicia de Segovia, Montserrat Isabel Cabrera.

Solo una del Juzgado de Santa María la Real de Nieva, que se encuentra sustituyendo a la titular, de vacaciones, no ha secundado una huelga que calculan que solo esta semana ha suspendido 150 actuaciones en nuestra provincia entre juicios y comparecencias. Los asuntos de violencia de género, los derivados de las guardias y las modificaciones de medidas con menores implicados han quedado incluidas en los servicios mínimos, «pero no se tramita ningún tipo de actuación en los procedimientos que ya existen ni en los que entran ni, por ejemplo, se pagan indemnizaciones», según remarca Cabrera, quien indica además que la huelga «parece que va para largo». «El secretario de Estado nos ha llamado golpistas y no se ha reunido con el comité de huelga. Parece que no le preocupa el perjuicio que se está ocasionando a los justiciables, que es la pena que tenemos nosotros».

El decano del Colegio de Abogados, Julián Sanz, respeta el derecho a la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, aunque recuerda los contratiempos que supone: «Todos los juicios que se están suspendiendo va a conllevar un retraso y un problema a la hora de volverlos a señalar. Hay que volver a citar a interesados, testigos...».