Los apoyos a los Presupuestos para 2022 parecen estar ya asegurados, tras las últimas cesiones del Gobierno a secesionistas y abertzales. Unas contraprestaciones a cambio del respaldo a las Cuentas Públicas que, sin embargo, han servido para prender la mecha del enfrentamiento más crudo en el Congreso. El PSOE y los partidos del centro y la derecha protagonizaron ayer un tenso debate a cuenta de las partidas para la futura Ley de Memoria Democrática, en el que PP, Vox y Ciudadanos acusaron al Ejecutivo de «cuestionar» e incluso querer «borrar» la Transición y también los crímenes de ETA,
La respuesta airada de los socialistas llegó de la boca del diputado Odón Elorza, que tachó a los de Casado, Abascal y Arrimadas de «golpistas de vocación», cosechando los aplausos de la bancada socialista, con los diputados puestos en pie, mientras los del PP y de Vox protestaban airadamente.
«Ya está bien. Dejen de utilizar a las víctimas del terrorismo, que son de todos, para atacar al Gobierno de izquierdas. Dejen de utilizar a las víctimas para denigrar un Presupuesto. No sean tan miserables, y dejen ya en paz el terrorismo de ETA. ETA desapareció, ETA no está aquí, aquí no hay terroristas. Ya está bien. Aquí lo que hay es franquistas, unas derechas de vocación golpista», sentenció.
La intervención del parlamentario vasco, que fue aclamada por el resto de diputados socialistas, tuvo lugar durante el debate en la Cámara Baja de la sección de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 relativa al Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que previamente defendió en el Pleno el ministro Félix Bolaños.
Tras la exposición de Bolaños, los representantes de Ciudadanos, PP, Vox y UPN aprovecharon sus turnos para criticar esa futura ley de memoria democrática que servirá para canalizar el presupuesto en esta materia; y todos ellos acusaron al Ejecutivo de querer revisar la Transición y, también, de «olvidarse» de las víctimas de ETA, por su interés de sumar los apoyos a sus Cuentas de EH Bildu.
Según el diputado de Ciudadanos, Guillermo Díaz, el Gobierno pretende «reescribir» una historia en la que «ETA no existió» -para poder «pactar con Otegi tranquilamente»-, y en la que «Franco murió ayer», en relación a la comisión de expertos que se creará para investigar posibles violaciones de derechos por «inercias del franquismo» después de la aprobación de la Constitución, hasta el año 1982.
«¿No alcanzó el PSOE el poder de forma democrática en el 82? ¿En qué régimen se produjo esa victoria del PSOE? ¿Son capaces de robar a Felipe González un triunfo que ni olerán con tal de poner todo el pasado a su servicio?», se preguntó el político naranja.
La popular Edurne Uriarte también se mostró muy crítica con el Gabinete que lidera Pedro Sánchez y con la «ley de memoria sectaria», y cargó contra el Ejecutivo por echarse «en brazos de la ultraizquierda» para firmar enmiendas con las que «no solo cuestionan la ley de amnistía sino la Transición».
Asimismo, se refirió a este límite temporal de año 82 para investigar posibles crímenes relacionados con el franquismo, y denunció que es «tremendo» porque decir que se piensa «en los golpistas del 81» demuestra que «no se piensa en los asesinatos de ETA». «Cómo van a pensar en los crímenes de ETA si acaba de pactar con quienes fueron el brazo político de la banda y siguen sin condenarla», apostilló.
Por su parte, el diputado de Vox Francisco Contreras también aseveró que el Gobierno está «destruyendo el espíritu de la Transición». «El PSOE actual se está podemizando y asumiendo la visión de la historia de Unidas Podemos según la cual la Transición fue la continuación del franquismo por otros medios», criticó.
«Propaganda de Sánchez»
El debate del presupuesto para el Ministerio de Presidencia comenzó con la intervención de Bolaños, quien hizo hincapié en la necesidad de que las Cuentas salgan adelante para afianzar una «recuperación justa». «Son unos Presupuestos históricos», apuntó, aseverando que la partida destinada a memoria democrática servirá para «localizar, identificar y dar sepultura digna a personas víctimas de la guerra civil o la dictadura». «Es una política humanitaria», ha defendido.
«Propaganda de Sánchez, manipulación de encuestas con dinero público y ley de memoria sectaria. Eso es lo que quieren que paguemos todos los españoles», sentenció en su turno de intervención la diputada del PP.