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El escándalo del caballo alado

Pilar Cernuda
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El espionaje a 18 independentistas hace que el Gobierno se enfrente a las amenazas de las formaciones que le apoyan como Podemos, Bildu, JxCat y la CUP y a ceder a sus exigencias

El clima de tensión entre los partidos bajo la batuta de Pedro Sánchez, alcanza cada vez cotas más altas. - Foto: Reuters

Pegasus, caballo mitológico alado, es el protagonista hoy de un escándalo de espionaje que pone en riesgo al Gobierno de España. Pegasus es un sistema creado por una empresa israelí para introducirse en teléfonos móviles y manejarlos desde dentro obteniendo toda la información guardada. Un método perfecto de espionaje a través del móvil de la víctima.

Solo pueden adquirirlo gobiernos o instituciones oficiales, pero existe la sospecha, por no decir certeza, de que el sistema ha podido llegar a personas físicas y jurídicas que no pertenecen a las estructuras de ningún Estado. Se cree que varios gobiernos europeos o sus servicios de inteligencia han podido adquirirlo, que a través de Pegasus se han violado los teléfonos móviles de algunos de los más importantes dirigentes del mundo y también que importantes países árabes, asiáticos y Rusia tienen acceso a Pegasus y lo han utilizado para controlar o tratar de controlar a sus adversarios.

En España, se ha convertido en un nombre maldito para el Ejecutivo por la acusación de medio centenar de dirigentes independentistas catalanes que dicen haber sido espiados por el Gobierno español a través del CNI. Según su directora, en su comparecencia ante la comisión de secretos oficiales, solo fueron 18 los investigados, todos ellos con la obligada autorización judicial. Paz Esteban entregó a los miembros de la Comisión las carpetas con la documentación de cada uno de los aludidos, y las razones que habían justificado la investigación sobre sus actuaciones. Entre ellos está el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. 

El Gobierno se enfrenta por el espionaje a 18 independentistas a las amenazas de los partidos que le apoyan y a ceder ante las peticiones de Unidas Podemos, Bildu, Junts per Catalunya y la CUP, que exigieron formar parte de la Comisión Parlamentaria de secretos oficiales y lo consiguieron. Pedro Sánchez no solo cedió sino que dio instrucciones a la presidenta del Congreso para que variara el sistema de elección -¿prevaricación?- y redujera la mayoría del respaldo necesario para proceder a la incorporación de los nuevos miembros de la Comisión.

La defensa que ha hecho Margarita Robles del CNI y de su directora han contaminado el debate político y la percepción sobre los servicios de inteligencia española.

El primer dato sobre el posible espionaje de Pegasus lo tuvo Margarita Robles hace un año cuando, en un control rutinario de su teléfono por parte del Centro Criptológico Nacional, se comprobó que estaba infectado. La ministra informó al presidente, que entregó su móvil y también había sido intervenido. De inmediato, se envió a los miembros del Ejecutivo la recomendación de hacer controles periódicos, y también instrucciones sobre cómo podían ellos mismos encontrar indicios de que sus terminales podían haber sido infectadas a través de Pegasus. Los hechos han demostrado que la mayoría de ellos hicieron caso omiso.

Con los avances actuales y los nuevos sistemas de espionaje, entre ellos el más sofisticado, Pegasus, los teléfonos no se pueden investigar remotamente, sino que se debe hurgar en las entrañas del aparato. Tenerlo en la mano, trabajar sobre él y sacarle datos forenses, según la terminología de los especializados en ese trabajo. 

En tiempos pasados, miembros destacados del Gobierno entregaban periódicamente sus móviles para asegurarse así de que no estaban intervenidos para, en caso del menor indicio, alertar sobre el espionaje y tomar las medidas pertinentes. 

Es la razón de que estos días personas que se mueven en el mundo de la tecnología más sofisticada, y saben cómo reaccionan los gobernantes cuando son infectados, se hayan sorprendido al saber que hace un año se encontraron pruebas de que al menos en dos ocasiones el móvil del presidente había sido atacado y el de la ministra de Defensa y, sin embargo, a lo largo de estos meses no se hayan hecho revisiones periódicas, ni tampoco al resto de los miembros del Gabinete, para garantizar que sus datos no estaban en poder de personas indeseadas.

Cada ministerio cuenta con su propio equipo de seguridad, que a su vez mantiene relaciones con el CNI y los servicios de información de la Policía y Guardia Civil. Por otra parte, la seguridad del presidente del Gobierno la coordina la  Secretaría General de la Presidencia, cargo que ocupaba Félix Bolaños cuando se produjeron las intervenciones de los móviles de Sánchez y Robles. 

Recomendaciones

Los ministros mantienen su móvil particular y, además, se les ofrece otro oficial. Es una de las recomendaciones que suelen hacer los técnicos de seguridad, pero no todos manejan dos dispositivos. Por otra parte, servicios ministeriales y presidenciales realizan barridos para garantizar que no haya micrófonos ocultos en las dependencias oficiales.

Dentro de mes y medio se celebrará en Madrid la cumbre de la OTAN, con la asistencia de jefes de Estado y Gobierno occidentales, entre ellos Joe Biden. Con toda certeza, esos mandatarios y sus equipos siguen con asombro las noticias que llegan estos días desde España. Asombro por no decir escándalo, pues como han denunciado los partidos constitucionalistas españoles y la mayoría de los analistas y medios de comunicación, es inconcebible que un Gobierno incluya en su Comisión Parlamentaria de secretos oficiales a miembros de partidos independentistas o que han sido condenados por sedición y malversación, aunque luego fueron indultados por el Ejecutivo en contra del Supremo.

Todos esos datos, más la inclusión en la citada comisión de un miembro del partido que fue brazo político de ETA, más otro de una formación comunista populista que, además, forma parte del Gabinete de coalición y que mantiene vínculos con Maduro y no condena a Putin por la guerra de Ucrania, provoca el lógico recelo en países con los que España mantiene buenas relaciones, pero no ocultan su inquietud por esos datos agravados ahora por el escándalo Pegasus. 

El clima previo a la cumbre de la OTAN no es el mejor para una reunión que obliga a dar prioridad a la seguridad y que convertirá Madrid en una ciudad prácticamente bloqueada, condicionada por los dispositivos de seguridad.

Las Fuerzas de Seguridad españolas tienen fama de nivel profesional, han organizado reuniones de máximo nivel, probablemente la más arriesgada fue la cumbre sobre Oriente Medio del año 92, con presencia de los máximos dirigentes israelíes y palestinos, y una docena de jefes de Estado, entre ellos, el presidente Bush padre. No se produjo un solo incidente. Pero, en esta ocasión, inquieta que desde dentro del propio Ejecutivo haya personas que son abiertamente antiatlantistas y que alientan movimientos muy activos contra las cumbres de la OTAN.

 En Madrid, además de los españoles, coincidirán los servicios de seguridad de cada unos de los Jefes de Gobierno y Estado pero también rendirá un papel relevante el propio equipo de garantía de la OTAN, responsable último de los dispositivos que se organizan ante cualquier cumbre. Tanto, que, incluso, de la protección del país anfitrión, en caso de discrepancia, debe aceptar lo que indique el responsable de la Alianza Atlántica.

No se contempla la idea de que el caso Pegasus pueda aplazar o cancelar la cumbre madrileña, aunque es posible que algún dirigente internacional muestre especial interés en cuidarse de hablar abiertamente en reuniones informales, de pasillo, en las que no identifique perfectamente a sus interlocutores.