Los tiempos que se marca el Gobierno en esta legislatura caminan sobre la cuerda floja en materia presupuestaria. Sus socios de coalición se lo están poniendo difícil, imponiendo medidas y exigiendo ajustes en el proyecto de ley. Todo en un escenario de confrontación que, en las últimas semanas, tiene rostros de mujer y nombres propios -el de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la titular de Trabajo, Yolanda Díaz-, y una meta concreta: cerrar cuanto antes el acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022. 

Tras la Sesión de Control al Ejecutivo celebrada el pasado miércoles, Montero expresó su confianza en poder anunciar «en breve» el consenso con Unidas Podemos para llevar el texto al Congreso en la primera quincena de octubre. No desveló la fecha concreta -fuentes de Moncloa apuntan a que podrían estar listo el 5 de octubre-, aunque sí mantuvo que será «más pronto» que en 2020, cuando las Cuentas se aprobaron en el Consejo de Ministros el 27 de octubre.

Sin embargo, y en contra de estas afirmaciones, este objetivo no se antoja cercano ahora mismo, en un momento en el que las posiciones enfrentadas de los socios de Gobierno sobre la conveniencia de incluir algunas medidas tributarias de la futura reforma fiscal en los Presupuestos están enredando el tramo final de la negociación.

El calendario presupuestario, por el momento, se mantiene en la intención de aprobar el proyecto en el Consejo de Ministros del 5 de octubre, para lo que será necesario un acuerdo previo entre los socios de Gabinete que ambas partes se muestran convencidas de que se terminará alcanzando.

No obstante, el contenido de ese pacto aún tiene muchos flecos por atar, según desvelaron varios altos cargos de Podemos esta pasada semana, especialmente por desavenencias sobre si las Cuentas deberían adelantar medidas de política tributaria o de vivienda que ya figuran en la agenda del Ejecutivo.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, advertía de que el acuerdo «está lejos» y ponía sobre la mesa varios temas, entre ellos un sistema tributario más progresivo, «avances sustanciales» en vivienda o un «cheque bebé universal».

Más concreta fue Díaz. La vicepresidenta segunda y titular de Trabajo exigió que los futuros Presupuestos incluyan un tipo mínimo efectivo del 15 por ciento en el impuesto de sociedades, una medida que está en línea con la propuesta global de la OCDE y que figuraba en el acuerdo de Gobierno de PSOE y la formación morada.

De imponerse en las Cuentas esta demanda, España se adelantaría a la implementación de la directriz a nivel global y tendría que decidir si aplicarlo sobre la base imponible -lo que no tendría apenas efecto, ya que la media actual es del 19,4 por ciento- o sobre la base contable -donde la media es del 8,3-.

En caso de aplicarse sobre la base contable o beneficio sí afectaría al resultado de las empresas, ya que aunque no se modifica el tipo nominal -que seguiría en el 25 por ciento-, supondría en la práctica limitar las deducciones aplicables, lo que podría chocar con la postura de socios como PdeCAT.

La propia vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, abogó por retrasar las medidas tributarias hasta que la recuperación en España esté consolidada y el grupo de expertos para la reforma fiscal haya terminado sus trabajos, previsiblemente en febrero de 2022.

Además, Calviño también consideró que «no tiene sentido» vincular a la negociación presupuestaria cuestiones como la ley del alquiler, como reclaman sus socios.

Por si fuera poco, los futuros Presupuestos se topan también con un obstáculo adicional con la revisión del PIB del INE, que sitúa ahora la contracción económica del primer trimestre en el 0,6 por ciento -dos décimas más intensa de lo avanzado- y el crecimiento del segundo trimestre en el 1,1 por ciento, lejos del 2,8 avanzado.

Esta importante rebaja pone en cuestión, según algunos expertos, las previsiones para el conjunto del año, que el Gobierno mantuvo en el 6,5 por ciento en la actualización publicada el pasado martes -en lugar del día de aprobación de los Presupuestos como es habitual- y que por ahora no tiene la intención de modificar.

El techo de gasto de 2022 se basa en una proyección de crecimiento económico del 7 por ciento, que de no alcanzarse afectaría a la estimación de ingresos y, por consiguiente, de déficit público.

Díaz, un peso pesado

Díaz eligió los actos de conmemoración del centenario del PCE para oficializar su intención de levantar un nuevo proyecto político «que empieza ya». Una decisión tomada este verano e irreversible, que busca superar la fragmentación a la izquierda del PSOE para «ensanchar» este espacio y ocuparlo. 

Mientras Podemos aspira a anticiparse a esta hoja de ruta para seguir siendo la «nave nodriza» -en palabras del cofundador del partido Juan Carlos Monedero- de la hipotética candidatura electoral de la ministra de Trabajo, ella deja claro cuál es su «casa» y la «cultura» de la que proviene. La del PCE y el sindicalismo de clase. 

La formación morada, tratando de sintonizar con el impulso de la también vicepresidenta segunda y condicionar su proyecto para no perder protagonismo, celebrará  por su parte un cónclave del 8 al 10 de octubre. Díaz ha excusado ya su asistencia a esta cita, que desde Unidas Podemos se proyecta como «un punto de inflexión» para redefinir su hoja de ruta, estrategia, alianzas y concepción orgánica. 

En cualquier caso, la lógica que impera es que a la izquierda del PSOE no puede haber más que una candidatura, pues de lo contrario se frustraría la posibilidad de mantener un Gobierno de coalición progresista. Pero de momento, Díaz se centra en la escucha y los gestos. Porque nada es fruto de la improvisación, y menos su intervención en las fiestas del PCE.